Análisis político de la investigación al fiscal general

La denuncia por revelación de secretos (información de la negociacíón del abogado de González Amador con la fiscalía) llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Supremo. Este último no ve indicios de delito en la nota de prensa que la fiscalía publicó. Y esto porque era simplemente esclarecedora del bulo que desde la jefatura de prensa de la Comunidad de Madrid (Miguel Ángel Rodríguez –M.A.R.–) se emitió al comunicar a los medios que la oferta de negociación procedía de la fiscalía y que sus superiores le habían indicado que no acordara.

La fiscalía (según su estatuto) debe aclarar cualquier bulo que atente contra la institución. Los asuntos fiscales de la Agencia Tributaria los inicia el presunto delincuente (así lo inició el abogado del acusado) y los superiores jerárquicos del fiscal no intervinieron tal como manifestó el fiscal de delitos económicos Julián Salto y lo ratificó Miguel Ángel Rodríguez en su declaración como testigo ante el juez Ángel Hurtado, juez del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo no ve indicios de delito de revelación de secretos en la nota de prensa de la fiscalía pero inicia una investigación de la filtración a la prensa, cosa inusual, porque en este país se filtra todo y no se investiga por falta de medios del poder judicial y porque las nuevas tecnologías hacen difícil y muchas veces imposible el lograr resultados positivos.

Efectivamente las filtraciones pueden ser delito y sancionarse si son materia reservada o tienen carácter secreto declarado por auto judicial. Aquí se plantea un conflicto entre el interés de la eficacia en la investigación y el derecho a la información de todo lo que se sepa que tenga trascendencia para la opinión pública. Esto se resuelve en la realidad con las filtraciones y el derecho de los medios a no revelar sus fuentes. No obstante se puede decir que el problema del derecho a la información a la opinión pública radica en el cuándo y no en el qué.

Para corroborar lo inusual de investigar las filtraciones por lo que acabamos de comentar, vamos a citar este caso de posible filtración por el fiscal general del Estado. Se vuelca su teléfono móvil de varios meses y se le pide al juez que suspenda las comunicaciones porque puede haber información sensible de particulares. Contesta el juez que no hay problema ya que está declarado secreto y que además está en manos de confianza, la UCO. Inmediatamente se filtra todo y el juez queda descolocado.

Miguel Ángel Rodríguez declara como testigo (por ello está obligado a decir la verdad) el día 8/1/2025 ante el juez Ángel Hurtado. Admite que filtró un correo con parte de la propuesta de la fiscalía a la propuesta del abogado (aunque él dice que la propuesta era de la fiscalía). Dice que no conocía el correo del abogado de la defensa a la fiscalía, aunque a continuación manifestó a los periodistas que fue el propio González Amador quien le informó de lo por él filtrado.

Los comentaristas políticos no le creen lo que ha dicho ante el juez y el abogado del Estado pidió el volcado de su móvil en dos ocasiones, cosa que el juez denegó.

Dos periodistas, Miguel Ángel Campo de la Cadena Ser y José Precedo de Eldiario.es declararon como testigos que conocieron el correo del abogado de González Amador a la fiscalía antes que la información llegara al fiscal general del Estado (5 horas antes a uno y siete días antes a otro).

El juez no se cree la versión de los dos periodistas según Alfonso Pérez Medina, periodista de tribunales de la Sexta, y uno de los seis periodistas que recibieron la filtración y por tanto que conoce el filtrador.

El autor es economista