Reforma fiscal en Navarra, ¿para quién?

Incluso la Ley Foral de Medidas Fiscales para 2025, elaborada por el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y aprobada con el apoyo de EH Bildu, afirma en su exposición de motivos que “las modificaciones están dirigidas a mejorar la fiscalidad de la actividad empresarial”. Estas afirmaciones parecen buscar el reconocimiento de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) a sus políticas fiscales.

Cuando se habla de competitividad empresarial y fiscalidad, en realidad se está hablando de rebajar impuestos a las empresas y las élites económicas. Sólo hay que analizar la evolución de la recaudación de los últimos años para ver la carrera a la baja de la recaudación de los impuestos provenientes del capital. La bajada de la recaudación se ha producido en los impuestos como Sociedades, Patrimonio o en las retenciones de capital del IRPF. Por tanto, no hay dudas: la rebaja de los impuestos beneficia al gran capital y a quienes más tienen.

Es innegable que las empresas en Navarra gozan de una fiscalidad privilegiada. Las empresas pagan por sus beneficios casi 100 millones de euros menos que en 2007, mientras que las personas asalariadas aportan 810 millones de euros más. Esto, entre otras cuestiones, provoca una fiscalidad claramente insuficiente e injusta: Navarra recauda unos 2.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea, y 7 de cada 10 euros recaudados mediante los impuestos directos provienen de las rentas del trabajo. Además, en cuanto a la presión fiscal del Impuesto de Sociedades, solo Hungría, Estonia y Letonia tienen una carga fiscal menor que Navarra en toda la UE-27.

El debate fundamental que debería estar encima de la mesa en Navarra es el del reparto de la riqueza. Los datos sobre el aumento de la pobreza son alarmantes, tal y como se ve en el informe de la Cámara de Comptos sobre la renta garantizada. De 2015 a 2023, la población en riesgo de pobreza ha aumentado del 10,8% al 13,8%, y la pobreza severa ha aumentado del 2% al 7,7%. Estos datos son mucho peores que los que se dan en el conjunto del Estado, donde la población en riesgo de pobreza ha disminuido en ese mismo periodo y la pobreza severa ha aumentado 6 veces menos. Y este aumento de la pobreza se está dando en un periodo en el que la economía ha crecido un 34,3% y las empresas están teniendo enormes beneficios.

Quizá haya que recordar que los impuestos sirven para la financiación de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, pero deberían tener también como objetivo la redistribución justa de la riqueza. Esta redistribución tiene una doble vertiente: por un lado la de hacer pagar más a quienes más tienen. Y, por otro, garantizar unos servicios públicos de calidad, que utilizan en mayor medida las rentas más bajas.

ELA reclama un cambio radical de la política fiscal. El foco no debe ponerse en definir qué es clase baja y qué es clase media. Hay que aumentar la recaudación para poder garantizar unos servicios públicos de calidad. Y para que las prestaciones sociales, como la renta garantizada, posibiliten unas condiciones de vida suficientes.

ELA plantea que se modifique el IRPF para aumentar los tipos impositivos a las rentas altas, modificar el Impuesto de Patrimonio, garantizar que las empresas paguen al menos el 25% de su beneficio contable, e inspeccionar todas las rentas no salariales porque la falta de inspección incentiva el fraude.

En la política fiscal, como en el resto, la cuestión es a quién se quiere favorecer y qué intereses se defienden. Si se quiere contentar a la patronal y a la élite económica a costa de empeorar los servicios públicos y las prestaciones sociales, o si se quieren garantizar unas condiciones de vida y un reparto de la riqueza que favorezca a la mayoría. Es cuestión de prioridades.

Gabinete de Estudios de ELA