Eficiencia en los ingresos, eficiencia en el gasto

Es incuestionable que los servicios públicos y el estado de bienestar se sostienen con la aportación fiscal de los ciudadanos y de las empresas. Nadie en su sano juicio afirmaría lo contrario. La fiscalidad navarra es progresiva, es decir, paga más el que más tiene. Pero no podemos olvidar que no somos una isla; competimos por la atracción y mantenimiento de empresas y profesionales con otras regiones españolas y con otros países. Negarlo no hará que deje de ocurrir. Lo que sí está en nuestra mano es tener un sistema tributario equilibrado, eficiente y competitivo que conjugue los ingresos necesarios con la atracción antes mencionada. Porque sin empresas y sin contribuyentes, pocos servicios públicos se podrán financiar.

Lo que se está cuestionando no es la necesidad de impuestos, sino su gestión y eficiencia. No se trata de una “falta de conciencia cívica”, sino de una preocupación lógica y legítima sobre cómo se administra el dinero público. Decir que Navarra es un “infierno fiscal” no es una campaña contra los impuestos en sí mismos, sino contra un modelo de fiscalidad que algunos consideramos excesivamente gravoso y que podría estar afectando a la competitividad económica de la región. Si el actual impuesto de sociedades desincentiva que las nuevas empresas quieran instalarse aquí, tenemos un gran problema. Si el tipo máximo de IRPF navarro es el segundo más elevado de toda España, no nos extrañemos si los contribuyentes que pueden cambiar de domicilio lo hagan, o si los directivos de las nuevas empresas propongan su radicación donde vayan a pagar menos impuestos.

Otra cuestión que debemos plantearnos es si la relación entre lo que se paga y lo que se recibe, las dos caras de la misma moneda, es la más adecuada. Ese binomio que todos aplicamos en nuestras finanzas personales, contando con mayor o menor educación financiera, y que debiera también regir el gasto de la Administración. Y se debiera gastar con la máxima eficiencia y escrupulosidad, partiendo de que los gestores de lo público han de saber, y mucho, de gestión económica para poder hacer bien su trabajo. Porque el dinero público no cae del cielo, procede del bolsillo de todos los contribuyentes, particulares y empresas.

No se trata de negar que los impuestos deben financiar los servicios esenciales como la educación o la sanidad, y tantos otros, de forma universal. ¡Estamos muy orgullosos de nuestro sistema del bienestar! En este sentido, todo lo que implique concienciar a la población de lo que cuestan los servicios públicos a la Administración es positivo para ayudar a que se haga un uso racional de los mismos. Sin excesos, empleando lo que se necesita.

Tan orgullosos estamos de nuestro sistema de bienestar que queremos que continúe e incluso mejore, pero sobre todo que no retroceda en la calidad de los servicios que ofrece. Lo irresponsable sería lo contrario: seguir recaudando, por cierto más que nunca en la historia reciente de Navarra, y no evaluar si se están obteniendo los resultados adecuados. O girar la cabeza cuando se habla de determinadas prestaciones.

Es un hecho que, en muchas ocasiones, la burocracia y la ineficiencia administrativa generan un desperdicio de recursos que podrían ser mejor utilizados. También ocurre en la empresa, donde para que las cosas vayan adecuadamente se utilizan procesos de mejora continua. ¿Existe margen de mejora en lo público? Sin duda. Permítanme un ejemplo con datos que he conocido recientemente, publicados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Esta entidad ha calculado, sobre las 20 patologías traumatológicas más extendidas, el tiempo de recuperación dependiendo si el tratamiento se realiza a través de la Seguridad Social o a través de una mutua. En 2023 en Navarra, 52 días en la Seguridad Social y 33 días por la mutua. Algo podremos aprender y mejorar. Ser más eficientes nos permitirá disponer de más dinero sin necesidad de plantearnos el subir los impuestos.

Exigir transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública no es un ataque al estado de bienestar, sino una forma de protegerlo. También resulta lícito pedir que en momentos en los que tenemos vientos favorables en la recaudación (en 2024 Navarra alcanzó un máximo histórico) se guarde para cuando vengan peor dadas y lo aprovechemos para reducir el endeudamiento en lugar de gastar más.

Si queremos que la ciudadanía valore el estado de bienestar, debemos ofrecerle un modelo de gestión eficiente tanto en los ingresos como en el gasto, que no penalice a quienes generan riqueza y que garantice que cada euro recaudado se traduzca en mejoras tangibles para todos. Solo así conseguiremos fortalecer nuestra democracia y garantizar que los servicios públicos sigan siendo un pilar de nuestra sociedad sin que su sostenibilidad se vea comprometida por una fiscalidad mal calibrada.

El autor es vicepresidente del think tank Institución Futuro