Tal vez recuerden que tras las las dos primeras huelgas llevadas a cabo este curso en la educación pública, a las que siguió una tercera en el sector y una cuarta esta misma semana en toda la administración, el consejero Gimeno ofreció negociar un nuevo pacto para la mejora de la equidad de la educación navarra, con vigencia hasta 2028. Como estrategia de marketing, pintaba bien, pero como hemos podido constatar, tras 9 reuniones de 3 horas cada una, se ha quedado, una vez más, en una mera estrategia comunicativa de dilación.

Para empezar, de nuevo tiene poco, ya que se ha cogido como base el anterior pacto de 2018, punto por punto. Las únicas aportaciones han sido incrustar lo acordado por la minoría sindical en noviembre, representada por ANPE, Afapna y UGT y denegar la inclusión de cualquier medida planteada por los sindicatos que suponga mayor gasto, a excepción de una pequeña propuesta de reducción de ratio en Secundaria, muy lejos de la planteada por los sindicatos y de la que por ejemplo, recientemente, acaba de firmar el Gobierno de Canarias (25 alumnos y alumnas por aula).

Llama especialmente la atención que el Gobierno de Navarra no se digne al menos a cumplir lo acordado en su propio acuerdo programático. En él se recoge el compromiso de invertir el 5% del PIB en educación, cuando a día de hoy se encuentra en el 3,8%. Con el 1,2 restante, unos 310 millones más, podrían afrontarse perfectamente gastos como la reducción lineal de ratios en todas las etapas a las cifras propuestas por los sindicatos (131 millones según el Departamento) y la recuperación del poder adquisitivo perdido (cifrado en 114 millones por la administración, según su propio cálculo de pérdida de un 15%). Un total de 245 millones de inversión, que arrojarían un excedente de 65 millones más, para seguir mejorando la calidad del sistema educativo en muchos otros ámbitos, como por ejemplo una mayor y mejor atención a la diversidad, presencia de otros profesionales en los centros educativos (personal de enfermería, psiquiatría, trabajo social…), reducción de la sobrecarga, estabilidad del profesorado o mejora de infraestructuras, entre otras.

Por el contrario, además de no reducir ratios ni en FP ni en aulas de Bachillerato ni de centros rurales, que cuentan con alumnado de distintos cursos, se sigue insistiendo en que el alumnado repetidor no contará a la hora de calcular la ratio, puesto que, como sin ningún tapujo afirmó el consejero Gimeno en una entrevista, la repetición es una medida tremendamente cara.

Por tanto, la cruda realidad es que a este Gobierno la educación pública no le parece una prioridad, ya que ni siquiera es capaz de cumplir sus propios compromisos y regatea hasta el último céntimo cuando debería esforzarse por garantizar el futuro de nuestras nuevas generaciones. Una muestra más de esta obsesión por ahorrar en gasto es la decisión de insertar con calzador el ciclo 0-3 en centros de Primaria, en condiciones deficitarias para las características de este alumnado.

En ELA seguiremos apostando por movilizaciones contundentes para confrontar este tipo de políticas austericidas, que anteponen la optimización de recursos a garantizar servicios públicos de calidad y por supuesto, no contribuiremos con nuestra firma al pretendido lavado de cara del Departamento de Educación. Nunca nos van a encontrar a la hora de escenificar simulacros cosméticos de una negociación.

Por el contrario, siempre nos encontrarán en todas aquellas movilizaciones que se han demostrado efectivas, como las mencionadas huelgas impulsadas por ELA, junto con el resto de convocantes. Han demostrado ser la herramienta más efectiva para conseguir los avances plasmados en este último texto. Aunque todavía insuficientes, se han llevado a cabo gracias a la presión ejercida por el colectivo docente durante el curso y continuar movilizándonos será el camino a seguir para la consecución de nuestras reivindicaciones.

El autor es militante de ELA en educación pública