El Juzgado de Primera Instancia de Elda, Alicante, acaba de citar a declarar como investigado por un crimen a Rodolfo Martín Villa. El caso tiene que ver con la querella presentada por un hermano de Teófilo del Valle, joven de 20 años muerto por varios disparos policiales que le alcanzaron por la espalda, en febrero de 1976, durante la huelga que se vivió en el importante sector del calzado en Elda. Tras su muerte, una huelga general paralizó toda la comarca y a su entierro acudieron alrededor de 20.000 personas. El policía que lo mató fue juzgado por un tribunal militar, siendo absuelto por haber “obrado en cumplimiento de su deber”. Y se quedaron tan anchos.
La querella se dirigía contra varios policías y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Martín Villa, considerado este último como responsable político principal de aquel crimen. En casos similares, entre otros los del 3 de marzo de Gasteiz, en 1976; Sanfermines, en 1978…, Martín Villa había sido señalado también como la máxima instancia política responsable de aquellas masacres policiales, pero en todos estos casos las exigencias de justicia se estrellaron contra los muros de una judicatura cómplice que todo lo desestimó y archivó sin mayores contemplaciones.
No hablamos de un caso, ni de dos, ni de diez, sino de más de cien querellas presentadas (asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamiento, trabajo esclavo, robo de bebés…), que han obtenido portazos similares. Por esta razón, y sin que eso suponga echar campana alguna al vuelo, pues sabemos ante qué clase de judicatura nos encontramos (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), la resolución del Juzgado de Elda es de gran importancia, pues es un primer paso en una buena dirección. Caminante, no hay camino.
Sin duda alguna, con mucha diferencia, de todos los altos cargos franquistas hoy vivos, Martín Villa es quien cuenta con un historial más destacado. Durante más de 30 años sirvió a aquel régimen criminal pasando por todo tipo de cargos: jefe nacional del SEU (Sindicato Español Universitario), secretario general del Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona, procurador en las Cortes franquistas, senador por designación real y, finalmente, durante la Transición, entre 1976 y 1982, ministro de Relaciones Sindicales, del Interior, de Administración Territorial y vicepresidente del gobierno.
Como ministro del Interior (julio-1976 a abril-1979), lo suyo no tuvo parangón. En este corto tiempo, 125 personas fueron muertas por disparos policiales, beneméritos, parapoliciales…, lo que da un promedio de 3,8 al mes, o sea, casi una a la semana. Desde su Ministerio dirigió también el lavado de cara del antiguo marco represivo y de impunidad franquista para adaptarlo a los nuevos y democráticos tiempos: creación de la Audiencia Nacional, heredera del TOP franquista, enero de 1977; Ley de Amnistía e impunidad para los cargos represivos del franquismo, octubre de 1977; orden ministerial de diciembre de ese mismo año para la destrucción de los archivos policiales y de la guardia civil; Ley de Policía, junio de 1978; Ley Antiterrorista, diciembre de 1978… En resumen, Martín Villa fue el responsable principal de trasvasar todo el andamiajeo policial franquista a las instituciones de la naciente “democracia constitucional”. Él se encargó de que todo cambiase (nombres, uniformes, leyes..), sin que nada cambiase en lo esencial.
Más adelante, tras pasar por la dirección del PP, abandonó la política visible y se pasó al noble mundo de los negocios, que desde todos los lugares se puede servir a España. En esta nueva etapa el exministro sentó posaderas en 45 empresas y ostentó casi 100 cargos corporativos: Endesa, Sogecable, Técnicas Reunidas, Ibercobre, Enersis (Chile), Caja Madrid, Cepsa, El Fénix… Tantas fueron las habilidades que demostró en estos menesteres, que en 2012 fue nombrado por Mariano Rajoy consejero del SAREB, banco malo creado por el gobierno para gestionar los residuos tóxicos de la Banca durante la crisis de 2008. Gracias a ello, quienes hundieron entonces la economía salieron con los bolsillos llenos de decenas de miles de millones de euros dejados en sus manos por el PP para sanear el sector.
La represión de la Transición no fue fruto solamente de la inercia de los viejos aparatos franquistas nunca depurados. Por encima de ello, hubo una política conscientemente acordada y vehiculizada desde el propio gobierno de UCD para obligar a la oposición democrática a dejarse de veleidades rupturistas y aceptar la zanahoria de la reforma franquista ofertada. Quizás esto pueda parecer un tanto conspiranoico, pero si varios años después, con un gobierno del PSOE, una sentencia del Tribunal Supremo relativa al GAL y sus víctimas (varias decenas de personas) declaró culpables en aquella trama criminal a varios inspectores, comisarios de policía y gobernadores civiles, un general de la guardia civil, un secretario de Estado, un ministro del Interior y un señor X superior a todos ellos, ¿qué no pudo haber organizado en plena transición un gobierno de UCD, estando como estaba plagado de franquistas e, incluso, generales del Ejército?
Nadie como la jueza argentina Servini ha expresado mejor esto último. En su auto de procesamiento contra Martín Villa, quien sigue estando imputado en Buenos Aires por doce presuntos crímenes, ha afirmado: “Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición (…). Se mantuvieron las normas, estructura, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les aseguró a las fuerzas de orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance (…). Martín Villa impartió las directivas generales y particulares en esta materia”. Martín Villa, el capo di tutti capi.
Sería bueno que la judicatura navarra tomara nota de la actuación de su colega valenciana y dejara ya de imitar a Pilatos.