Porque no lo pone en ningún sitio y porque sería una locura, me resisto a creer que la intención del legislador al regular las colonias felinas sea la de exterminar a todos los gatos de nuestros pueblos y ciudades.
El gato al que tanto debemos y que nos acompaña desde hace miles de años, borrado para siempre. No, en contra de lo que piensan muchos iluminados, control de gatos no puede ser exterminio de gatos.
La ley responsabiliza directamente a los ayuntamientos de los llamados gatos comunitarios, de su identificación, de su esterilización, de su alimentación, de su salud y bienestar, les impone unas obligaciones y les da unas potestades para lograr el fin propuesto que no es otro que controlar su población manteniendo su protección con el estatus de animales de compañía.
Sí, esos gatos que usted ve por las calles o por los tejados y tapias de su pueblo son animales de compañía cuyo responsable es el Ayuntamiento.
La información a los vecinos, la colaboración de voluntarios y la concienciación ciudadana se configuran en la nueva ley como herramientas esenciales en la gestión de las colonias felinas. Los ayuntamientos no deben quedarse en la primera fase del proceso (captura, esterilización y retorno a la colonia), sino que, además, deben alimentar a la colonia y velar por que todos sus individuos se encuentren en un estado saludable, así como promover la cooperación ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios e implementar campañas de formación e información a la población.
Actitudes o conductas, conocidas por todos, de desaprensivos que atropellan gatos de forma voluntaria circulando con sus vehículos por las vías públicas a velocidades inadecuadas; de malnacidos que envenenan a los animales porque les molestan; de sinvergüenzas que los matan con carabinas de aire comprimido y de irresponsables que permiten que los perros sueltos o descontrolados acaben con su vida, deben ser erradicadas para siempre de nuestros pueblos y ciudades.
Aparte de la herramienta preventiva de la conciencia social, los ayuntamientos cuentan con una amplia potestad sancionadora en estos casos. Acabar con la vida de un gato puede costar, en determinados casos, según las circunstancias, hasta doscientos mil euros. El destino de la cuantía de la multa debe ser, en todo caso, el de financiar actuaciones que tengan por objeto la protección de los animales.
Para finalizar, conviene recordar también que lesionar o matar a un gato constituye delito de maltrato animal, castigado con penas de prisión o multa.
