Rentistas, los verdaderos enemigos del régimen

El rentismo inmobiliario impide crear en el Estado 410.000 puestos de trabajo, el equivalente al 20% del empleo creado en los últimos 5 años. Este resultado es una de las conclusiones del último trabajo del gabinete de Estudios de CCOO, “Rentismo inmobiliario y mercado de trabajo”, que refleja la magnitud del problema de la vivienda en el Estado.

El tensionamiento del mercado se está comiendo las subidas salariales que los sindicatos peleamos en cada mesa de negociación. Por eso, la vivienda se ha convertido en un terreno de trabajo prioritario para nosotros. Si conseguimos revalorizar los salarios pero no somos capaces de poner coto al chiringuito de los rentistas, es imposible que las personas trabajadoras podamos llegar de manera holgada a fin de mes. No hacemos nada si conseguimos revalorizar salarios, manteniendo el nivel adquisitivo, si un derecho tan básico como el de la vivienda nos aprieta cada vez más el bolsillo.

En el último lustro, las personas trabajadoras de Navarra que están protegidas por un convenio colectivo han visto aumentado su salario un 15,43%. En cambio, el precio medio del metro cuadrado de alquiler ha aumentado en un 24,8%, casi diez puntos más.

No intervenir el mercado supone, además de una gran injusticia para las personas trabajadoras, incentivar el parasitismo en lugar de promover la inversión productiva. Quien invierte su dinero en una empresa productiva en España (aquellas que generan bienes y servicios y aportan valor añadido a la sociedad) obtienen al año un beneficio del 7,3%, según cálculos del Gabinete de Estudios de CCOO. En cambio, quien se dedica a okupar desde la propiedad el mercado de la vivienda, obtiene cada año una rentabilidad de más del 12%.

Dicho de otra manera, quien pone su dinero en el mercado inmobiliario gana, en un solo año, casi el doble de dinero que quien destina su capital en la transformación de bienes y servicios. Los datos demuestran que el modelo de vivienda actual pone en jaque el progreso de la sociedad y la redistribución de la riqueza.

La situación es hoy tan grave que ya no sólo afecta a las personas trabajadoras. Los empresarios deben defender la causa de la vivienda asequible porque, si no se endereza el rumbo, van a tener cada vez más dificultades para encontrar a personas trabajadoras que tengan la capacidad de establecerse en los lugares donde ocurren los procesos productivos.

La desregulación de la vivienda, además, supone una segregación social todavía más marcada por barrios. En Pamplona, tal y como refleja la última publicación de la Estadística de la Renta de la Población Navarra, entre barrios ricos y barrios pobres las diferencias de riqueza son cada vez mayores.

Por eso, es evidente que hay mucho por hacer. Las personas trabajadoras aspiramos a que las instituciones sean capaces de mirar a la mayoría social y, en consecuencia, tomen decisiones audaces. No es desmesurado decir que la continuidad de un ciclo progresista en Navarra y en el Estado sólo podrá ser una realidad si las personas trabajadoras notan un verdadero cambio en sus vidas en un tema central como el de la vivienda.

Proponemos impulsar medidas que no queden sólo en la regulación del alquiler. Hay que construir más desde la titularidad pública y hay que controlar y penar a quienes utilizan las viviendas como alquiler de uso vacacional sin permiso. Se debe poner en marcha un programa de rehabilitación viviendas en desuso, especialmente en las zonas rurales. Por otra parte, hay que fomentar y promocionar mejor la bolsa pública de alquiler de Nasuvinsa. A día de hoy, muchas personas propietarias no conocen esta alternativa. La vivienda pública que se construya debe tener el precio regulado de manera permanente y en ningún caso puede desclasificarse al mercado libre. Hay que movilizar vivienda vacía y, además, hay que fomentar, desde el Estado, un fondo de préstamo público con intereses mucho más accesibles que permitan la adquisición de vivienda a más personas trabajadoras. Por último, hay que controlar a los grandes tenedores de vivienda y a los rentistas que viven a costa de los salarios de sus inquilinos sin dar un palo al agua.

El derecho al hogar debe situarse a la altura del derecho a la educación, el derecho a la sanidad o el derecho a los servicios y a las prestaciones sociales. Por ese objetivo vamos a pelear. Sólo aspirando a alcanzar ese hito, cueste lo que cueste, y se lleve por delante los intereses económicos de quien se lleve, lograremos una Navarra mejor.

El último estudio de CCOO estima que si se redujese un 30% el precio del acceso a la vivienda en los próximos 5 años se liberarían 25 mil millones de euros de renta de personas humildes. Esto, además de ser un incentivo de justicia social de primer orden (logrando que los que menos tienen puedan vivir un poquito más holgados), generaría cerca de medio millón de empleos gracias al consumo interno, lo que situaría al Estado en el camino de lograr el pleno empleo. Como para no tomárselo en serio.

El autor es secretario general de CCOO de Navarra