En los últimos años el gasto público en Navarra ha seguido una senda creciente que, si bien ha permitido consolidar ciertos servicios y ampliar el alcance del Estado del bienestar, ha comenzado a mostrar síntomas de insostenibilidad. Para que los lectores se hagan una idea, hemos pasado de 3.500 millones de euros de gasto no financiero en 2016 a más de 5.900 en 2025, es decir, un aumento del 70%.
En este contexto se ha producido una seria advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entidad que ha señalado que la comunidad foral ha incumplido la regla de gasto en 2024, 2019, 2017 y 2015. Ojo, que de 2020 a 2023 las reglas fiscales estuvieron en suspenso; de no haberlo hecho, mucho me temo que en esos años también hubiéramos fallado. Pero es que, además, basándose en el Plan económico-financiero que ha presentado el Gobierno foral, la AIReF ha calculado que el gasto computable a efectos de la regla de gasto crecerá en nuestra región en 2025 (un 7,8%, superando la tasa de referencia del 3,2%) y también en 2026 (un 4,7% por encima del límite del 3,3%).
Ésta es una llamada de atención seria que no debería tomarse a la ligera. La regla de gasto es un mecanismo destinado a preservar el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. No se trata de un corsé técnico, sino de una salvaguarda que garantiza que el crecimiento del gasto no exceda la evolución estructural de la economía. Su vulneración, por tanto, no es anecdótica ni menor. Este contexto coloca a Navarra ante una disyuntiva: continuar incrementando el gasto sin respaldo suficiente y, además, vanagloriándose de ello, o emprender, como Institución Futuro lleva años defendiendo, un giro prudente que garantice la sostenibilidad financiera de la comunidad. No parece que por ahora vaya a ocurrir: la propia AIReF reconoce que Navarra no prevé adoptar ninguna medida correctora de gasto.
Es importante destacar que el incremento presupuestario de la última década no se ha debido a una coyuntura extraordinaria. Más bien ha respondido a una tendencia prolongada en la que el gasto se ha expandido con inercia, particularmente en capítulos rígidos como por ejemplo el de personal. Se trata, en muchos casos, de compromisos que crecen de forma automática y que son difíciles de modular en caso de necesidad, es decir, cuando vengan mal dadas. Esta dinámica genera una doble vulnerabilidad: eleva el riesgo de déficit estructural y reduce el margen de maniobra ante futuras crisis o recesiones.
Frente a esta situación, la contención del gasto no debe interpretarse como un ejercicio de austeridad indiscriminada, sino como un acto de responsabilidad política y de gestión. Gastar menos o, más correctamente, gastar mejor, es hoy un imperativo para preservar lo que ya se ha conseguido y evitar recortes más severos en el futuro. La eficiencia en el uso de los recursos públicos no es una consigna ideológica, sino una obligación de cualquier gobierno que pretenda ser riguroso con las finanzas públicas y justo con las generaciones futuras.
No se trata de recortar servicios esenciales ni de sacrificar la calidad del Estado del bienestar. Todo lo contrario, se trata de salvarlo. Consiste en revisar prioridades, evaluar el impacto real de cada programa, eliminar duplicidades, contener el gasto corriente que no aporta valor y mejorar la gestión de los recursos públicos. La propia AIReF ha señalado en informes anteriores que existen márgenes de mejora en ámbitos como la contratación pública, la eficiencia sanitaria o la evaluación de inversiones. Renunciar a revisar el gasto por temor a la impopularidad es, en realidad, una forma de renunciar a gobernar con visión de futuro.
Además, una política de gasto desbordado genera tensiones no solo internas, sino también con el marco fiscal nacional y europeo. Y la equidad intergeneracional también exige que el gasto público actual sea sostenible. Un gobierno que incrementa el gasto sin asegurar su financiación estable está transfiriendo una carga a las generaciones venideras, que heredarán un sistema comprometido y sin margen de maniobra. Gobernar con responsabilidad es también garantizar que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de unos servicios públicos sólidos, sostenibles y adaptados a los retos de su tiempo.
Navarra necesita una nueva estrategia presupuestaria. Una estrategia que, sin renunciar al progreso social ni a la equidad, ponga orden en las cuentas y devuelva a la comunidad a una senda de sostenibilidad. El actual aviso de la AIReF debe ser interpretado como una oportunidad para corregir rumbo, fortalecer la gestión pública y renovar el contrato fiscal entre ciudadanía e instituciones. Porque el crecimiento del gasto no puede ser un fin en sí mismo. Lo verdaderamente transformador es gastar con inteligencia, con eficacia y con responsabilidad.
El autor es presidente del think tank Institución Futuro
