‘Consenso lingüístico’ del supremacismo español

Hoy vamos a intentar ofrecer una visión integradora de los derechos lingüísticos.

El supremacismo lingüístico español goza de muy buena salud, y sobre todo de una red compacta pero variopinta de hooligans apoyada en un sólido arco de medios. La penúltima muestra ha sido la de Santi Martínez, secretario general de un sindicato minoritario en Euskal Herria, pero amigo de la patronal y mimado por la generalidad de los medios españoles. Escribe en los diarios de Vocento que EH Bildu y PNV pretenden “volar el consenso lingüístico” en la contratación pública. Critica la propuesta del PNV de que sea cada administración la que determine el grado de conocimiento de euskera preciso para entrar a trabajar en las mismas, y descalifica la propuesta de EH Bildu de que el euskera sea requisito para trabajar en las administraciones públicas de la CAPV, salvo en los puestos para los que se determine la exención. Sin embargo, no ve inconveniente en que el español sea obligatorio para acceder a todos y cada uno de los puestos de trabajo de nuestras administraciones. Vamos, que las dos lenguas serían oficiales, pero el español más que el euskera (siempre ha habido clases…).

Afirma Martínez que los perfiles (de euskera) ya están blindados mediante el “índice de obligado cumplimiento”, en función del conocimiento de euskera de la población de influencia de la administración correspondiente, y que además “son siempre índices que ya se sitúan muy por encima de la demanda real”. Olvida Martínez que “la demanda real” de uso del euskera está condicionada por diversos factores, como son los siglos de prohibición y persecución del euskera y la comunidad euskaldun por parte de los gobiernos español y francés, activa por parte de los cuerpos policiales, y pasiva (todavía hoy) por parte de instituciones españolísimas como Renfe, Correos, etcétera, en las que sindicatos como el suyo encuentran sus últimas plazas fuertes en Euskal Herria. Evidentemente, la demanda de euskera es menor donde el gobierno español (o el francés) consiguieron erradicar totalmente su uso de las calles, mediante la escolarización obligatoria y punitiva en español (o francés), medios que ignoran a los euskaldunes, el desprestigio sistémico, la violencia uniformada, y otras herramientas.

Para estos agentes de obediencia estatal utilizar el euskera es un derecho menor, que puede ser efectivo (y no siempre) en Lekeitio, donde la población euskaldun es todavía muy mayoritaria, pero que no tiene por qué garantizarse en Bilbao, por ejemplo, donde es hoy minoritaria. Así el euskaldun de Mungia tendría más derechos (pero no plenos, que no hay que malacostumbrarlos…) que el euskaldun de Barakaldo. Eso sí, la atención en español es obligatoria y total en Bilbao… y en Lekeitio, Amezketa o Etxarri-Aranatz.

Por descontado, no les preocupan las sangrantes carencias de profesionales bilingües en Osakidetza, Ertzaintza, Juzgados y otros servicios públicos… ¡pelillos a la mar!

En lugar de impulsar la memoria, justicia y reparación para la comunidad euskaldun, el nacionalismo español de izquierdas o de derechas quiere perpetuar la posición de supremacía que siglos de opresión les han otorgado, exigiendo los máximos derechos para los castellanohablantes pero limitándolos y condicionándolos (o negándolos) para los euskaldunes, en nombre de la “integración” en su España uniforme.

No hay consenso posible con quienes niegan los derechos más elementales. Solamente haciendo frente a estos planteamientos reaccionarios podremos construir una sociedad vasca más justa, en la que también la comunidad euskaldun pueda disfrutar de los derechos lingüísticos que legítimamente le corresponden.