Una segunda canícula este verano (la n°26 desde 2010) con sus pavorosos incendios y destrucción nos recuerdan dolorosamente el implacable cambio climático, o más bien el descontrol climático y la extrema vulnerabilidad del ser humano ante un clima adverso. Seguimos sin querer asumir que dependemos totalmente de un clima estable para tener presente y futuro. Los cinco últimos años han sido los más calurosos de la historia en España. Y el futuro no es nada halagüeño. Empeorará hasta 2050 con una subida de las temperaturas de alrededor de 3°C multiplicando la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos como olas de calor, posiblemente hasta 50°C (agravadas por el efecto isla de calor urbano, lo que dejaría ciudades invivibles), sequías y DANAs. Desde mayo de 2025, aproximadamente 2.650 personas han muerto por exceso de calor, un 40% más que en 2024 según datos oficiales. A pesar de tener un 41% de viviendas con aire acondicionado, la tasa la más elevada de la UE.
De hecho, ante amenazas de tal magnitud, la comunidad científica recomienda una robusta acción local en dos pilares: la salida de energías fósiles (descarbonizar) combinada con el ahorro energético para evitar agravar más el descontrol climático, y la adaptación para mitigar sus consecuencias.
Siguiendo buenas prácticas europeas, el País Vasco y Navarra han creado normas y programas enfocados al ámbito municipal. Dentro de la Estrategia Klima 2050, los municipios vascos deben preparar cada dos años planes de actuación energética desde 2019, y para los de más de 5.000 habitantes planes de adaptación climática desde 2024. De manera complementaria, los proyectos europeos Life Urban Klima 2050 en el País Vasco y Life-Nadapta en Navarra, diseñan actuaciones de mitigación y adaptación en múltiples municipios. Al nivel estatal, la Fundación Biodiversidad va a apoyar proyectos de renaturalización en 12 ciudades como Barcelona, Salamanca y Vigo con fondos europeos por 40 millones de euros.
Tales actuaciones cubren contingencia (p.ej. refugios climáticos públicos) y acciones estructurales incluido soluciones pasivas como pintar de blanco tejados y aislar (con materiales de alta inercia térmica como la celulosa) edificios, en particular centros educativos, residencias y viviendas ineficientes. También abordan acciones urbanísticas basadas en la naturaleza con infraestructura verde y azul creando islotes de frescura en renaturalizando (calles, paredes y bosques urbanos), creando sombra (con toldos) y circulando agua (con fuentes, nebulizadores, acequias...). Todo a la par con un cambio de estrategia en el ordenamiento del territorio y una movilidad con menos impacto ambiental. Estas necesidades pueden extraerse a raíz de un análisis de los espacios públicos existentes que permite identificar las carencias.
Intervenir en estos dos pilares resulta más barato que no actuar o hacerlo de manera superficial, ya que cada euro destinado evita daños por ocho. Actuar ahora, por una inversión de sobre 1% del PIB costaría entre 5 y 20 veces menos que sufrir más catástrofes. Además, tal seguro protege a la población más vulnerable como la infancia y las personas mayores y trae extensos beneficios para la salud, la calidad de vida y la asequibilidad energética.
Ante este riesgo existencial es el momento de que la ciudadanía y la sociedad civil exijan la generalización estatal de normas de acción climática dirigidas a entidades municipales implementadas por agencias locales dentro de un plan de financiación integrando de subvenciones y préstamos directos a tasa cero, que sustituya el obsoleto sistema burocrático actual.
Tales medidas encajarían dentro del Pacto de Estado frente a la emergencia climática que es un reto asumible de supervivencia (como p.ej. el plan de recuperación del Covid-19) para un país avanzado como España y debería trascender las diferencias geográficas, sociales o entre partidos políticos democráticos. En su defecto, seguiremos chocando con el implacable muro climático a costa de múltiples vidas y un coste colectivo y económico enorme, exponencialmente inasumible para la sociedad y la economía.
Los autores son: arquitecta, asesor de Sostenibilidad, y economista de la Energía, respectivamente
