En abril de 2024, las Mujeres mayores por el clima (KlimaSeniorinnen), que son un grupo de mujeres suizas mayores de 64 años, lograron una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras la presentación de una demanda contra su país, que condenó a Suiza por no hacer lo suficiente contra el cambio climático, violando así los derechos humanos de las personas mayores. La demanda alegó que la inacción climática del Estado suizo afectaba a su salud y bienestar, especialmente durante las olas de calor.
Las demandantes argumentaron que las mujeres mayores son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, sufriendo problemas de salud y limitaciones en su vida diaria debido a fenómenos como las olas de calor.
La acción judicial de las KlimaSeniorinnen, iniciada en 2016, se convirtió en un caso emblemático de litigio climático, donde un tribunal europeo condenó a un estado por su inacción climática, estableciendo un importante precedente legal.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de las mujeres suizas, declarando que Suiza estaba violando sus derechos humanos. El fallo condenó la inacción climática del estado, requiriendo a Suiza adoptar medidas más efectivas para proteger los derechos de sus ciudadanos mayores frente a la crisis climática.
Más recientemente, el pasado 23 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió declarar que la inacción frente al cambio climático puede ser sancionada por el derecho internacional. Se trata de una opinión consultiva, que establece la obligación legal de los estados de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a la ciudadanía. Si bien no es jurídicamente vinculante por el momento, abre caminos y supone un importante impulso para cuestionar la actitud pasiva e irresponsable de muchas administraciones en materia del medio ambiente. En un futuro próximo, la inacción podría derivar en sanciones, reparaciones económicas muy cuantiosas y, en resumidas cuentas, en responsabilidades penales ante las demandas que ya se están empezando a realizar.
La declaración responde a la iniciativa de un grupo de jóvenes de Vanuatu –un estado del Pacífico amenazado de desaparecer por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático–, iniciativa apoyada por más de 100 países y presentada formalmente ante la ONU. La Asamblea General de esta organización consultó al tribunal internacional, que ya se ha pronunciado sobre dos cuestiones clave: las obligaciones que tienen los estados, de conformidad con el derecho internacional, para afrontar la crisis climática, y las consecuencias jurídicas que podrían afrontar en caso de pasividad que pudiera conllevar daños evitables.
Algunos puntos de esta declaración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que son importantes mencionar: asumen que “las consecuencias del cambio climático son graves y de gran alcance, afectando tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. Estas consecuencias subrayan la amenaza urgente y existencial que representa el cambio climático”. Reconocen que el cambio climático es un “riesgo existencial universal”, inequívocamente causado por la actividad humana, y que los estados miembros tienen el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente actuando con la debida diligencia y de utilizar todos los medios a su alcance para evitar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control causen daños significativos al sistema climático y al medio ambiente.
Esta declaración llega en un momento particularmente importante. Estamos experimentando los efectos de fenómenos extremos de gran intensidad, como tormentas e inundaciones cada vez más destructivas, sequías prolongadas, olas de calor insoportables, grandes incendios denominados de sexta generación, difíciles de extinguir... Es importantísimo hablar de la responsabilidad de los gobiernos y sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. La ciudadanía está en condiciones de exigir las medidas que todos los científicos señalan para reducir el impacto climático.
A su vez, el pasado 3 de septiembre, un estudio de ETH –universidad suiza pública de investigación– publicado en Nature abre la puerta a litigios climáticos contra los grandes emisores de CO2. La industria fósil podría ser llevada a juicio en la siguiente dana, grandes incendios, sequía y destrucción de cosechas, etcétera, si se comprueba que hay un vínculo claro entre estos desastres y la industria fósil.
Según este estudio, entre 2000 y 2023, 213 olas de calor extremas fueron significativamente más intensas y probables debido al cambio climático. La mitad de ese aumento se debe a las emisiones de 180 grandes productores de combustibles fósiles y cemento, incluyendo Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell…..
Lo más relevante: una cuarta parte de esas olas de calor no habrían ocurrido sin el calentamiento global causado por estas empresas. Este avance en la ciencia de la atribución climática proporciona pruebas sólidas para llevar a juicio a los responsables. La atribución climática es el proceso científico de determinar si el cambio climático ha influido en la frecuencia o intensidad de eventos meteorológicos extremos y, de ser así, en qué medida. Como señala el autor principal, el investigador Yann Quilcaille, el estudio puede ser usado como evidencia científica en litigios climáticos.
Los eventos meteorológicos adversos ya están impactando a millones de personas provocando hambrunas y muertes. Hay que exigir responsabilidades a quienes no hacen lo suficiente, desde los gobiernos a las empresas, que han priorizado sus intereses económicos, aunque ya sabían desde la década de 1980 que la quema de combustibles fósiles llevaría al calentamiento global.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente*
