Orgullo público, acceso privado
La biblioteca del campus de Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra es un verdadero orgullo del servicio público. Con más de 1.300 puestos de estudio, amplios horarios y recursos excepcionales, se ha convertido en el espacio de referencia para miles de estudiantes que necesitan un lugar adecuado para concentrarse y preparar su futuro académico. Su existencia demuestra el compromiso de la UPNA con la educación y la comunidad, y debería ser motivo de reconocimiento para todos los navarros. Pero, en momentos de dificultades, prefieren dejar atrás sus valores y retroceder a años en los que la educación y el estudio eran solo para unos pocos.
Resulta profundamente injusto que, en los momentos más críticos del año, esta misma biblioteca se convierta de facto en un espacio exclusivo para alumnos universitarios, mediante controles de acceso, realizados desde el 17 de noviembre, que impiden a opositores (maestros, administrativos, bomberos…), estudiantes de MIR, estudiantes de FP y de otras universidades acceder al recurso más amplio y adecuado disponible. Quienes más necesitan un lugar silencioso y bien equipado para estudiar quedan relegados a casa o a instalaciones alternativas con aforos insuficientes y horarios limitados. Mientras la biblioteca, financiada con dinero público, se niega a abrirles sus puertas. Estas medidas amplían la brecha social, dejando a quienes no pueden acceder a la universidad con menos oportunidades para formarse.
La indignación crece al observar que las alternativas existentes no cubren la demanda; las bibliotecas de la red pública tienen plazas reducidas y se saturan rápidamente, y la Biblioteca de Navarra, aunque valiosa, se encuentra lejos para muchos residentes de la comarca. Esta situación genera una desigualdad clara, que deja fuera a quienes, siendo parte de la comunidad y contribuyendo a la financiación de estas instalaciones, más necesitan un espacio adecuado para estudiar.
No podemos pasar por alto que estas prácticas se asemejan demasiado a las de universidades privadas, como la Universidad de Navarra, donde el acceso a los espacios depende del pago de la matrícula. Una universidad pública debería garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a sus recursos, especialmente en los momentos de mayor necesidad.
Es urgente que la UPNA revise sus políticas de acceso, buscando fórmulas que mantengan su excelencia académica sin excluir a quienes dependen de sus recursos para su formación y futuro profesional. Negar el acceso en plena temporada de exámenes no solo es injusto, sino que envía un mensaje equivocado sobre lo que significa ser una institución pública. Un espacio de inclusión, no de exclusión.
El autor es estudiante de oposiciones de maestro en Navarra