Nos roban: pero a mí no

Ese mismo día, el Parlamento de Navarra aprobaba los presupuestos para este año. 6.741.514.953€ de gasto total, la cifra más alta de la historia de Navarra. De esta cantidad, 1.250 millones, prácticamente el 20%, corresponde al pago de la deuda pública en sus diferentes versiones. 450 millones de deuda pública navarra. 150 millones del pago correspondiente a los peajes en la sombra y 650 millones del pago que le corresponde a Navarra abonar a través del convenio económico, por la deuda pública del Estado. Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, el presupuesto para vivienda este año es de 117 millones, diez veces menos. Conviene recordar de dónde nos viene esto de la deuda pública.

En el año 2008 la Comunidad Foral gozaba de una situación económica envidiable que llevaba a los entonces máximos dirigentes de UPN en el Gobierno de Navarra a realizar manifestaciones como: “Navarra es un oasis en el desierto de la crisis”. “En Navarra cada año que pasa el fraude fiscal es residual”. “La amnistía fiscal no es una tomadura de pelo a los contribuyentes, ni un engaño, ni un robo”, realizadas por el entonces consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda. O las realizadas por Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra aquel año, de que a él con cuatrocientos euros no le llegaba para una cena.

La Hacienda Foral sufrió una caída bestial de los ingresos producto de la crisis financiera. Pero, sobre todo, por dejar de percibir los 400 millones de euros que ingresaba cada año el Gobierno de UPN, consecuencia del apaño que idearon con la Volkswagen a la hora de comercializar la venta de los coches fabricados en Pamplona. Lo que venía a suponer que los 400 millones de IVA que generaba esa comercialización se quedaban en la Hacienda Foral de Navarra. Mientras que era la Agencia Tributaria estatal quien se los devolvía a Volkswagen.

Para paliar este descenso de ingresos, el Gobierno de UPN creó el denominado Plan Moderna. Un Plan estratégico basado en el mantra de la colaboración público privada, bajo la premisa de que cuando la inversión va bien se beneficia lo privado, pero que cuando esta va mal las pérdidas son para lo público.

Para la financiación de dicho plan, no contemplaron ningún tipo de medida fiscal, social y progresiva, que gravara a las rentas muy altas y grandes fortunas, así como disminuyera los beneficios fiscales a multinacionales y grandes empresas. Al contrario, bajaron los impuestos a esa gente y basaron toda la financiación en el endeudamiento. Pasando la deuda pública navarra de los 660 millones que tenía en el año 2008 a los 3.500 millones que dejo el gobierno de UPN cuando fue desalojado del palacio de Navarra en el año 2015.

Las causas de ese aumento exponencial de la deuda pública fueron las políticas megalómanas de UPN construyendo infraestructuras y desarrollando proyectos innecesarios.

La empresa pública SPRIN (Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra) encargada de la construcción del Circuito de Los Arcos, la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, Senda Viva, el PSIS de Arosteguia, Refena o el Pabellón Navarra Arena, arrastraba pérdidas superiores a los 100 millones de euros. Se consolidaron los peajes en la sombra para las autovías del Pirineo y del Camino, así como del Canal de Navarra, que suponían un desembolso de 150 millones de euros anuales. Y fueron los años en que la Caja de Ahorros de Navarra se convirtió en el engendro denominado Banca Cívica, trayendo consigo la pérdida de mil millones de euros para el erario público

Una de las reivindicaciones principales, que los movimientos sociales demandamos al autodenominado Gobierno del Cambio en el año 2015, ante la dimensión del problema que había dejado UPN, fue impulsar y facilitar la elaboración de una auditoría ciudadana de la deuda pública y adoptar medidas encaminadas a la moratoria, reestructuración y en su caso impago, de la parte que se declarase ilegítima.

El Parlamento Social presentó un informe ante el Parlamento de Navarra en el que se reflejaban las cantidades consideradas deuda ilegítima, respecto a las emisiones de deuda realizada por los diferentes Gobiernos de UPN, con vencimientos en los años 2017 y 2018, cuyo importe total ascendía a la cantidad de 708 millones de euros. De estos 708 millones de euros, la cantidad de deuda ilegítima detectada fue de 191 millones de euros, un 27%, que trasladado al total de la deuda pública navarra (3.500 millones) nos podría llevar a un total de 945 millones de deuda ilegítima en Navarra. Es decir, deuda contraída por la Administración en contra de los intereses de la ciudadanía, y favoreciendo el beneficio de las instituciones financieras, principalmente la banca privada.

Sobre este informe los grupos parlamentarios expresaron su opinión: EH-Bildu. Podemos e IE manifestaron su agradecimiento al Parlamento Social por su trabajo y expresaron su voluntad por ahondar en la reclamación de la deuda ilegítima. Una vez finalizada la legislatura y con el PSN en el Gobierno, se olvidaron totalmente del informe y de sus promesas.

Por otra parte, UPN manifestó que la deuda contraída por una institución democrática, como fueron los Gobiernos de UPN, siguiendo los trámites oportunos, es una deuda legítima, y respecto al Parlamento Social indicó que el verdadero Parlamento era este donde los 50 parlamentarios representaban a toda la sociedad y que eso del Parlamento Social era un invento de la izquierda radical para desprestigiar y enmendar al Parlamento democrático. Geroa Bai indicó que hablar de deuda ilegítima era predicar en el desierto. “Es un concepto políticamente defendible, pero no desde el punto jurídico: qué más quisiéramos” manifestó el consejero de Hacienda. El PSN indicó que la deuda ilegítima no existe, porque si en Navarra se han elegido unos representantes en el Parlamento –sean quienes sean– y han tomado una decisión de endeudarse, que está dentro del marco de la legalidad, la deuda siempre será legítima.

En cuanto a la partida correspondiente al pago del convenio económico, este año 932 millones, en teoría por la diferencia entre lo que el Estado aporta a Navarra y lo que Navarra aporta al Estado. De acuerdo a un informe realizado por la Hacienda Foral de Navarra para la actualización del quinquenio 2015-2019, entre el 65 y el 70% de la aportación anual que Navarra realiza al Estado corresponde a los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. De la que Navarra es responsable por obra y gracia del artículo 54.2.c del convenio económico. Algún esfuerzo se le debería pedir a nuestro Gobierno de Navarra, para modificar ese artículo. Sobre todo en lo referente al “todas”.

La deuda pública es el instrumento que la plutocracia actual, principal causante del incremento de la desigualdad y el deterioro de la clase media en Navarra y el resto de Europa, utilizará para dar el tiro de gracia a las políticas económicas liberales y socialdemócratas en nuestra tierra.

Desde luego no pretendo que la sociedad navarra tenga la capacidad organizativa, la ilusión por la superación y la solidaridad de grupo, que el alumnado de Isterria demostró para recuperar la Navidad que les habían robado. Pero sí pensamos que siempre habrá una persona que sea más pobre que yo, y que a mí no me va a afectar la degradación del estado de bienestar, confiando en la buena voluntad de los milmillonarios para que no se pasen mucho en lo que a mí me afecta, acabaremos emulando al poeta Martin Niemöller, ya saben.

Primero vinieron a buscar a los inmigrantes sin papeles, y yo no hice nada, porque pertenecía a la clase media. Después vinieron a por los trabajadores precarios, y yo no hice nada, porque pertenecía a la clase media. Después vinieron a por la clase media y ya no quedaba nadie que hiciera nada por mí.

El autor es activista del Parlamento Social