A veces damos por bueno algo simplemente porque nos lo sirven en la mesa y es fácil de comer. Es lo que parece que está pasando en algunos aspectos del desarrollo de la bicicleta dentro de un nuevo modelo de movilidad sostenible y de ciudades inteligentes en las ciudades grandes y medianas, pero sobre todo en las medianas.
Asumimos agendas y servicios sin pararnos a pensar tanto en las consecuencias o en las alternativas como en la oportunidad de que alguien nos los instale en mano y cumplamos con el capricho de tenerlos también en nuestra ciudad. Lo vendemos como una obligación inexcusable y como una necesidad de los tiempos que corren, pero a nadie le tratamos de explicar sus consecuencias. Es el caso de las bicicletas públicas.
Cuando las vimos nacer en ciudades tan emblemáticas como París, Barcelona o Londres a todos se nos encendieron los deseos de tener ese gadget también para nuestra ciudad. Y no reparamos en las condiciones y los condicionantes que este tipo de sistemas conllevan y tampoco en que las empresas prestatarias, curiosamente, se dedicaban a la explotación de la publicidad en soportes públicos más que a la promoción razonable de la movilidad sostenible.
De hecho, los que tuvimos la oportunidad de estudiar un poco más a fondo el tema descubrimos que la cosa tenía un par de gatos encerrados más allá de la viabilidad de las cuentas (que es el león que duerme detrás de estos contratos). Una era la imposibilidad de compensar los viajes y la otra era la imposibilidad de mantener la flota en buenas condiciones, porque ambas requerían de servicios intensivos en personal y medios de transporte motorizados.
La ilusión de que yo voy en una bici de mi casa a donde yo quiero ir y otra persona vendrá de cualquier parte y repondrá esa bici en mi casa es eso: una ilusión. La pretensión de que tiene que haber bicis y plazas de aparcamiento en todas las estaciones es: más que una pretensión, una insensatez. Como la de que las bicicletas tienen que estar en perfecto estado. Que lo piense una persona usuaria puede tacharse de ilusorio, que lo piense un ayuntamiento es una negligencia imperdonable.
Lo peor de este tipo de iniciativas (por llamarlas de alguna manera) es que funcionan bien cuando son nuevas y tienen pocos usuarios y aún con pocas bases bien localizadas. Cuando se empieza a descubrir que mantener un servicio de estas características no es sostenible ni económica ni técnicamente porque su uso intensivo deriva en su disfuncionalidad, normalmente suele ser demasiado tarde y suele contar con la argumentación demagógica de que hay una masa crítica que lo necesita, lo demanda y va a generar una respuesta social, además de un descrédito institucional.
El problema, más allá de tratar de buscar un proveedor que milagrosamente haga funcionar el sistema, es que no se piensa más que en intentar mantener lo que se tiene y no se exploran alternativas. Ya hay obligaciones contraídas políticamente, especialmente con la UE, que mandan asumir y mantener este tipo de sistemas sostenibles e inteligentes a cambio de financiación. Pero, ¿qué podría hacer un ayuntamiento como el de Pamplona con un presupuesto de 2 millones anuales durante 10 años para promocionar la disponibilidad de bicicletas para su ciudadanía? Y aquí no vamos a hablar de carriles bici ni educación para la bicicleta, hablamos solo de poner a disposición de la ciudadanía bicicletas en buen estado.
Una consultora francesa hace más de 15 años proponía prestar bicicletas con la obligación de pasar controles de uso y de mantenimiento, aunque reconocía que regalarlas salía más barato (eso que entonces las bicicletas de los sistemas públicos no eran eléctricas), pero está claro que esto responde más a una inercia asumida que a una decisión de gobierno local así que tocará seguir tragando y mirando a otra parte.
¿Propongo un referéndum: ¿más bicicletas públicas o más aparcamientos seguros y cubiertos para las bicicletas?