Ley de Secretos Oficiales

El mantenimiento de la llamada Ley de Secretos Oficiales nos demuestra la debilidad de nuestra mal llamada democracia así como el fraude que se impone a un pueblo muy desmotivado y que desconfía de su clase política. Resulta muy difícil escribir sobre esta ley, ya que el secretismo que yace en la misma hace prácticamente imposible cualquier comentario. Y sin embargo es muy sencillo criticarla por una razón: no admite más crítica que la de pedir su abolición mediante otra ley que la sustituya. Una sociedad madura y democrática no se puede ni se debe escudar en el silencio impuesto por un Gobierno que debe defender la verdad y la transparencia sin frenos. Pero todavía está en vigor: una ley de 1968, propia de un Estado totalitario que permite un secretismo total sobre todas sus actuaciones. Además, el mantenimiento durante tantos años de una ley que oculta unos hechos esenciales para nuestra historia muestra una desconfianza total hacia ese pueblo que dice defender.

Muchas han sido las propuestas para una nueva ley; desde la desclasificación a los 50 años hasta los que piden 15 años más o la propuesta del PNV para que el plazo no pase de los 25. En nuestra opinión, los plazos se deben reducir; sin ninguna duda. No hay que tener miedo a la verdad; la oscuridad y el silencio no fortalecen la democracia. Pero todavía no se ha tramitado una nueva ley que permita en uno u otro plazo que se desvele un secreto guardado por la Administración del Estado, y da mucho que pensar que los partidos mayoritarios sigan poniendo trabas para reducir los plazos en los que los secretos deben ser públicos.

Todo indica que la citada ley de la época de la dictadura va a servir de gran alfombra bajo la que unos y otros escondan sus vergüenzas. Mientras no se modifique y esos vergonzosos secretos y actos delictivos sigan amparados e impunes, la calidad democrática de nuestra clase política estará bajo mínimos, algo que se puede extender a los distintos gobiernos, de uno y otro signo, que se han alternado desde la muerte de Franco. No hay ninguna duda de que los partidos mayoritarios están implicados en los graves hechos ocurridos en este periodo histórico y de que no están interesados en que se conozca la verdad de lo sucedido.

Se trata de temas relacionados con las cloacas del Estado, hechos de gran trascendencia histórica, como los acuerdos sobre el Sáhara, la masacre de Vitoria, los sucesos de Montejurra76 y de los Sanfermines78, los GAL, el 23 de febrero, el espionaje por el sistema Pegasus, el uso personal del Falcon y algunos temas más, como la venta de armamento y materias primas a Israel, que siguen amparados por la antigua ley y que impiden a la ciudadanía enterarse de cómo se gestaron y se llevaron a cabo; se trata, en definitiva, de un pacto de silencio entre los actores para que continuemos en la ignorancia y que los hechos queden impunes.

Es necesario que la nueva ley sea consecuente con la verdad y la transparencia de los hechos de la Administración y que los partidos de la alternancia sean conscientes de que se encuentran en un régimen democrático, en el que no puede existir una norma que ampare abusos y delitos.

La clase política actual, izquierda y derecha, es parte del problema no de la solución. Les interesa mantener la Ley de Secretos Oficiales por lo mucho que tienen que ocultar sobre su democracia y su bendita transición. En el fondo no son demócratas; tienen miedo a la libertad. Y no caminar en esta dirección supone blanquear el fascismo y dejar el camino libre a la involución. Una sociedad libre y abierta al futuro debe estar comprometida con la verdad y la justicia; donde hubo oscuridad, debe defender la luz que aclare todos los atropellos de los gobiernos anteriores.

No se puede construir un futuro democrático imponiendo las mentiras que la dictadura estampó en los libros de texto. La destrucción del Partido Carlista, así como la no legalización de las organizaciones de izquierda –ORT, MC, PT, LCR...– debe ser explicada; se debe conocer por qué y quién decidió tal atropello a la democracia. Incluso se debe estudiar la reparación de tal injusticia. De lo contrario, esta llamada democracia estará herida en sus cimientos, por la sencilla razón de que la mentira, la destrucción del oponente y la corrupción han sido y son sus señas de identidad desde una transición y unas primeras elecciones que nunca fueron democráticas. Por nuestros mayores, el pueblo quiere, exige la verdad, justicia, reparación y desclasificación (Montejurra 76).

El autor es exsecretario del Partido Carlista