En la localidad de Sarriguren se están multiplicando los lanzamientos judiciales por impago o finalización de contratos de alquiler desde que cayó el llamado “escudo social”. La moratoria antidesahucios terminó cuando el Congreso rechazó la prórroga del real decreto que mantenía suspendidos numerosos desalojos de familias vulnerables. Desde entonces, los juzgados han reactivado procedimientos paralizados y la realidad ha irrumpido con toda su crudeza en nuestras calles: puertas blindadas con chapas y candados, viviendas vacías y vecinos expulsados de sus hogares.
Todo ello sucede, además, en una zona declarada tensionada, donde los precios del alquiler, al menos sobre el papel, no deberían incrementarse por encima de los límites legales establecidos. Pero la realidad ha encontrado formas de burlar el espíritu de la ley. Ya no hace falta subir oficialmente las rentas: basta con no renovar contratos, presionar a los inquilinos o empujarlos hacia situaciones de impago mediante condiciones y precios imposibles de sostener para muchas familias en situación de vulnerabilidad.
La consecuencia es devastadora. Familias enteras pierden su vivienda no por irresponsabilidad ni por falta de esfuerzo, sino porque acceder y permanecer en un hogar se ha convertido en un privilegio inalcanzable incluso para quienes llevan años trabajando y pagando puntualmente. No se trata de episodios aislados ni de accidentes inevitables. Estamos ante un problema social de enorme gravedad que golpea el núcleo mismo de la dignidad humana y de la convivencia colectiva.
En Sarriguren se multiplican los pisos vacíos y tapiados propiedad de grandes tenedores. Viviendas cerradas a cal y canto mientras familias vulnerables son expulsadas de sus casas. Resulta una vergüenza y un auténtico despropósito democrático contemplar cómo se blindan viviendas con chapas y candados al mismo tiempo que se vulnera de forma sistemática el derecho a la vivienda.
Porque aquí no existe una falta real de viviendas. Lo que existe es un modelo que convierte los hogares en activos financieros, mercancías retenidas mientras la población vive bajo la angustia habitacional. Hablamos de especulación. Hablamos de un sistema que protege con más firmeza la rentabilidad inmobiliaria que la vida de las personas.
A esta realidad se suma otra práctica cada vez más habitual: propietarios rentistas que se niegan a renovar contratos a inquilinos cumplidores y utilizan la amenaza del desahucio judicial para desprenderse de cualquier responsabilidad. Después ceden las viviendas a Nasuvinsa para liberarse de la gestión del alquiler y garantizarse tranquilidad económica. El desenlace suele repetirse con una crueldad insoportable: el propietario gana; el inquilino pierde su hogar. Y lo más indignante es que muchas de esas familias cuentan con informes de vulnerabilidad y carecen de cualquier alternativa habitacional. Aun así, Nasuvinsa no mantiene los contratos y las deja fuera con el argumento de que “existen casos más graves”. Como si perder la vivienda no constituyera ya una situación límite. Como si el derecho a un hogar pudiera someterse a una competición de desgracias administrada desde un despacho.
Mientras tanto, el Ayuntamiento del Valle de Egüés permanece prácticamente ausente. Sin liderazgo político, sin recursos eficaces y sin capacidad real de respuesta. Los servicios sociales municipales se han convertido demasiadas veces en un mero apéndice de una administración desbordada, incapaz de ofrecer soluciones reales y reducida a gestionar la impotencia.
Y conviene decirlo con claridad: garantizar el derecho a la vivienda no consiste en anunciar futuros desarrollos urbanísticos ni en proyectar promociones residenciales a veinte años vista. No basta con recalificar suelo para que constructoras y promotoras levanten nuevas viviendas dentro de décadas, a precios inaccesibles para la mayoría de la población. Eso no es una política pública de vivienda. Es, simplemente, planificación inmobiliaria subordinada al mercado.
La Administración tiene la obligación de actuar ahora y de hacerlo de manera activa para defender el derecho a la vivienda de su ciudadanía. Defender ese derecho significa impedir que familias vulnerables sean expulsadas de sus hogares. Significa movilizar vivienda vacía. Significa intervenir frente a los grandes tenedores que mantienen pisos cerrados mientras la emergencia habitacional se extiende. Significa ampliar un parque público de alquiler verdaderamente social y accesible. Significa garantizar alternativas habitacionales inmediatas antes de cualquier lanzamiento judicial.
Pero también significa comprender que este problema no se resolverá desde la resignación ni desde la pasividad social. Porque los desahucios no son únicamente tragedias individuales. Son heridas colectivas. Son una amenaza directa contra la cohesión de toda una comunidad. Cuando una sociedad normaliza que existan viviendas vacías y tapiadas mientras familias enteras viven con miedo a quedarse en la calle, estamos ante un fracaso político y moral de enormes dimensiones.
Por eso resulta imprescindible que la ciudadanía tome conciencia, se organice y se movilice. Que exija medidas urgentes, reales y valientes. Que se construya una respuesta colectiva frente al silencio y la resignación. Ningún derecho se ha conquistado jamás esperando pacientemente a que quienes gobiernan reaccionen por voluntad propia. El derecho a la vivienda está por encima de los intereses especulativos de los grandes propietarios. Y defenderlo exige presión social, organización vecinal y voluntad política inmediata. Porque mientras las administraciones continúan ofreciendo promesas difusas para dentro de veinte años, hay familias que están perdiendo su casa hoy.
Asociación Vecinal URBI Auzo Elkartea
