En Geroa Bai lo tenemos claro: nuestra soberanía energética vendrá, exclusivamente, de la mano de las fuentes renovables.

Hace cuatro años, Ucrania. Hoy, Ormuz.

Como paradigmas de nuestra absoluta dependencia energética del exterior. Dependencia del petróleo, del gas y del carbón. Dependencia de elementos que están destruyendo el planeta. Que nos han abocado a la emergencia climática que padecemos en estos momentos.

No, señora Von der Leyen, Europa no se equivocó con su política de abandono de la energía nuclear, como usted dijo hace unos días. El error fue, y sigue siéndolo, no acelerar las políticas hacia una energía cien por cien verde. Hacia una energía basada en el sol, el viento y el agua.

El primer llamamiento por un Tratado sobre Combustibles Fósiles vino de los Pequeños Estados Insulares del Pacífico en 2015, países que no han generado la crisis climática pero que, sin embargo, serán los más afectados, ya que sus territorios corren el riesgo de desaparecer en los próximos años. Estos países propusieron la necesidad de establecer mecanismos internacionales vinculantes para la eliminación gradual de los combustibles fósiles a través de la Declaración de Suva sobre el Cambio Climático.

En 2017, en la COP23, hicieron hincapié en la necesidad de gestionar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y promover las energías renovables. Diferentes líderes de la sociedad civil se sumaron a esta petición mediante la Declaración de Lofoten.

En 2019, se publicó el primer artículo académico sobre la necesidad y los mecanismos para un Tratado sobre Combustibles Fósiles, y, como derivada de ello, una alianza de organizaciones de la sociedad civil fundó un comité directivo, con representantes de todo el mundo, para impulsar el llamamiento a favor de un Tratado sobre Combustibles Fósiles, lanzando la iniciativa en septiembre de 2020.

A día de hoy, 18 países forman ya parte del Tratado. A ellos se suman más de 140 ciudades y gobiernos subnacionales –entre los que se incluyen grandes metrópolis europeas, como Barcelona, Londres o París–, la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento Europeo, más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, más de 3.000 científicos, 37 naciones indígenas y más de un millón de personas, incluyendo 101 Premios Nobel y 850 políticos electos. El pasado mes de diciembre se adhería al mismo el Parlament de Catalunya.

La acción climática está actualmente regulada por multitud de iniciativas, tanto a nivel global como regional. El Tratado Sobre Combustibles Fósiles forma parte de ese grupo diverso de instrumentos para afrontar colectivamente el desafío de la emergencia climática y la transición energética, abordando un aspecto crítico que hasta ahora no ha sido suficientemente regulado.

El Acuerdo de París es un marco integral para la acción climática que establece el objetivo de evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 1,5ºC, con respecto a los niveles preindustriales. Su objetivo central radica en reducir las emisiones, pero no impone restricciones a la producción ni al uso de petróleo, gas y carbón, ni incluye un mecanismo para negociar una transición justa hacia las energías renovables.

Si bien las COP y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático son mecanismos fundamentales en esta transición, la necesidad de que todos los países lleguen a un consenso para poder tomar decisiones limita su ambición y velocidad, en un momento en el que necesitamos medidas urgentes. Por este motivo, un Tratado sobre Combustibles Fósiles puede llenar el vacío existente en la cooperación internacional, y ser impulsado por un grupo de países pioneros, en lugar de requerir la participación de todos los países en las primeras fases, tal y como ha sucedido previamente con otros tratados internacionales, como el Protocolo de Montreal de protección de la capa de ozono, o el Proceso de Ottawa, que dio lugar al Tratado sobre la prohibición de minas antipersonales.

Por otra parte, la Alianza Más allá del Petróleo y el Gas (BOGA) es una alianza de países nacida para facilitar la eliminación de la producción de gas y petróleo, pero no incluye al carbón, y se trata de una alianza voluntaria de países y no un instrumento legal internacional; e incluye, únicamente, a países, mientras que el Tratado reúne un movimiento más amplio que aúna a gobiernos regionales y sociedad civil.

Un Tratado sobre los Combustibles Fósiles sería perfectamente complementario a las iniciativas ya existentes y contribuiría de manera muy positiva a cumplir los objetivos tanto del Acuerdo de París como de BOGA.

La vía planteada para la creación del Tratado es la de un acuerdo internacional a través de un proceso de negociación específico que, al menos en sus primeras etapas, se desarrollaría fuera del sistema de las Naciones Unidas para impedir que los países con intereses en la extracción de combustibles fósiles pudieran boicotear o diluir los objetivos del proceso.

De ahí la petición que desde Geroa Bai planteamos el pasado jueves en el Parlamento de Navarra para que la propia Cámara, el Gobierno navarro y el estatal apoyen esta propuesta, que se basa en tres pilares fundamentales:

• No proliferación: detener la expansión de nuevos proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo.

• Eliminación equitativa: eliminar los proyectos e infraestructuras existentes de manera progresiva y equitativa, conforme al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

• Transición justa: impulsar una transición energética justa para los trabajadores, las comunidades y las economías que dependen de los combustibles fósiles, sin dejar a nadie atrás

Petición que fue aprobada y que lleva a Navarra a reafirmar su compromiso en la lucha contra el cambio climático y en favor de una transición energética justa y equitativa.

Porque, parafraseando a la doctora Marina Romanello en el número de la revista The Lancet del pasado mes de diciembre, “la destrucción de vidas y medios de subsistencia seguirá aumentando hasta que pongamos fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles”.

El autor es parlamentario de Geroa Bai