La reciente regularización extraordinaria de personas migrantes en España ha encendido un debate necesario y oportuno, pero plagado de bulos y prejuicios racistas en algunos casos. Desde una perspectiva progresista, esta medida no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia inteligente para fortalecer nuestra economía, sostener las pensiones y los servicios públicos, y enriquecer nuestra vida social y cultural. Es el reconocimiento de una realidad palpable: cientos de miles de personas ya forman parte activa de nuestra vida diaria, contribuyendo a nuestra sociedad, pero atrapadas en un limbo legal que las hace mucho más vulnerables.
La regularización no crea nuevas vidas ni las incorpora por primera vez a nuestra sociedad; simplemente reconoce jurídicamente una presencia que ya es social, económica y relacional. Y son personas que no “las trae el gobierno” como afirman los ultras, como tampoco las traían los gobiernos del PP, sino que estás personas salen de sus países buscando oportunidades, y cuando llegan, trabajan, cuidan, alquilan viviendas o habitaciones, estudian y consumen. Al formalizar su situación, no solo dignificamos sus vidas, sino que también cosechamos beneficios tangibles para todos y todas.
Desde el punto de vista económico, la evidencia es contundente. Todos los organismos económicos oficiales atribuyen a la inmigración un rol crucial en la mejora económica. La regularización de estas personas se traduce en un aumento de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, más generación de empleo, más recaudación fiscal para sostener los servicios públicos esenciales, más empleo, especialmente en sectores donde hay escasez de mano de obra, y una reducción de la explotación laboral. Y qué no decir en términos demográficos y de natalidad. Hoy uno de cada tres niños/as que nacen en Navarra son de madres de origen extranjero. No es difícil imaginar el desastre social que supondría cerrar un tercio de nuestros colegios, por poner solo un ejemplo, o la debacle económica y de sostenimiento de las pensiones y el estado de bienestar, en una sociedad cada vez con mayor esperanza de vida y más necesitada de cuidados.
Más allá de los números, la regularización es también un indicador de la calidad democrática de una sociedad. Mantener a centenares de miles de personas en la exclusión / discriminación no fortalece a la sociedad de acogida, sino todo lo contrario. Permitir que una persona trabaje legalmente, cotice y acceda a servicios sin miedo y en igualdad de condiciones, es una forma mucho más justa y eficaz de organizar la propia convivencia, lo que se traduce también en una mayor seguridad para todos y todas.
Es cierto que este proceso no está siendo fácil, especialmente en lo que respecta a su gestión. Algunos ayuntamientos han expresado su preocupación por la insuficiente planificación, financiación y coordinación, lo que está llevando en algunos casos a una importante saturación de los servicios municipales, especialmente en los servicios sociales.
También es cierto que desde los ayuntamientos se debería haber reaccionado con mayor planificación y agilidad una vez que conocimos hace meses los elementos fundamentales del proceso. En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Pamplona, hemos demostrado un compromiso claro y ágil. Hemos creado una nueva oficina con ventanilla única, capaz de atender hasta 190 citas diarias en horario de mañana y tarde. Este modelo simplificado permite a las personas empadronadas realizar todos los trámites municipales en un solo lugar, sin necesidad de desplazamientos adicionales. Hemos destinado recursos extraordinarios significativos, incluyendo la contratación de ocho personas y el apoyo de voluntarios, para garantizar que el proceso sea fluido y accesible. La experiencia de Pamplona demuestra que, aunque la medida es estatal, una adecuada planificación y la voluntad política a nivel local, es más fácil asumir este enorme reto con mayor eficacia sin perjudicar a unos servicios públicos de por sí muy tensionados.
Basta ya de bulos. La regularización extraordinaria no genera efecto llamada como algunos argumentan; la evidencia académica no respalda la idea de un aumento automático de nuevas llegadas por el mero hecho de regularizar. En cambio, lo que sí aparece es una reducción de la irregularidad, una menor vulnerabilidad, más formalización laboral y una mayor recaudación. Es una obviedad que la regularización no da derecho al voto, sin embargo, los ultras y las derechas, estos mismos días el propio alcalde de Tudela, no paran de usarlo.
Por el contrario, lo que sí deberíamos debatir es que esta medida, aunque extraordinaria, pone de manifiesto la necesidad de cambios estructurales en nuestra política migratoria. La clave es tener una política estable que no acumule durante años bolsas de irregularidad, con vías legales y seguras en el día a día. Y por supuesto, es clave también la planificación, la inversión en infraestructuras y servicios, y la integración territorial para prevenir las situaciones de exclusión. Regularizar lo que ya existe es un paso imprescindible para construir una sociedad que se precie de ser justa, eficiente y equitativa. Es hora de asumir que quienes ya están aquí son, y deben ser, una parte fundamental de nuestro futuro.
El autor es concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona
