Escribo como profesor de un instituto público. No desde un despacho ni desde una tribuna política, sino desde un aula que en septiembre, octubre, noviembre…. tiene un número de alumnos… y en mayo tiene otro muy distinto. Porque hay algo que rara vez aparece en los debates parlamentarios: la escuela pública no se parece a las estadísticas de inicio de curso. Se parece más a un organismo vivo, como un río que nunca lleva exactamente la misma agua. En septiembre parece tranquilo; en mayo, tras meses de afluentes inesperados, como el Arga, baja crecido.
Llevo años siguiendo la política educativa navarra, pero lo que está ocurriendo estas semanas en el Parlamento Foral resulta difícil de digerir cuando uno lo contrasta con la realidad cotidiana. La educación concertada parece gozar de un blindaje político que la protege del ajuste demográfico. Mientras tanto, la pública no solo ajusta: hace de esponja. Absorbe lo que llega, cuando llega y como llega.
Navarra tiene menos niños. Eso es evidente. El consejero Carlos Gimeno ha aplicado criterios técnicos para adaptar la oferta educativa a esa realidad. Hasta ahí, nada que objetar. Pero cuando uno rasca en los datos, la imagen cambia: en la última década, la red pública ha perdido muchas más unidades que la concertada, a pesar de que la caída de alumnado ha sido prácticamente similar.
Traducido al lenguaje de aula: el ajuste no ha sido equitativo. Es como si, en un barco que pierde peso, se aligerara siempre el mismo lado, no solo importa cuánto se quita, sino de dónde se quita. Porque al final acaba hundiéndose.
Pero este modelo no nace de la nada. Conviene recordar algo que a veces se olvida interesadamente: fue el Gobierno de Felipe González el que consolidó y blindó el sistema de conciertos educativos en España. Aquella decisión fue, en su momento, una solución de emergencia: como abrir hospitales de campaña porque no había suficientes hospitales. El problema es que, décadas después, seguimos financiando esos hospitales de campaña como si la emergencia no hubiera terminado.
Hoy el problema no es solo cuantitativo. Es estructural. Y conviene decirlo sin rodeos: el modelo concertado, tal y como está funcionando, no solo genera segregación económica, sino también ideológica.
La primera es evidente. Las cuotas –esas “voluntarias” que funcionan como un peaje discreto– separan por renta. No hace falta prohibir la entrada; basta con encarecerla. Es como poner una puerta abierta… con un escalón demasiado alto para algunos. Al final, las aulas se vuelven socialmente homogéneas en la concertada, es decir la segregación es el punto de partida, mientras la pública se convierte en el espejo real de la sociedad, con todas sus diferencias.
La segunda segregación es más silenciosa, pero igual de eficaz. Muchos centros concertados responden a proyectos educativos ligados a creencias concretas. No es ilegítimo. Pero cuando eso se sostiene con dinero público, el sistema empieza a parecerse más a un mosaico de burbujas que a un espacio común. Separamos a los alumnos no solo por lo que tienen, sino también por lo que piensan –o por lo que sus familias quieren que piensen–.
Y en Navarra, este fenómeno adquiere una forma particular con el modelo D en euskera.
Defender el euskera es necesario. Aún es más, estoy por una única zonificación en toda Navarra en la red pública. Pero mantener una red concertada en modelo D allí donde la pública ya ofrece plazas suficientes es como duplicar un servicio esencial no por necesidad, sino por preferencia social. No se trata solo de lengua; se trata del contexto en el que se aprende esa lengua. En la práctica, se configura una especie de “euskera con filtro”: mismo idioma, distinto entorno social.
Y eso nos devuelve al punto de partida: la segregación.
Mientras tanto, en mi instituto, el sistema funciona de otra manera. Aquí no elegimos el perfil del alumnado. Nos llega. Y cada llegada es como una pieza nueva en un puzle ya empezado. A veces encaja con facilidad; otras veces obliga a rehacer partes enteras.
El curso no empieza en septiembre. Empieza cada vez que se incorpora un alumno nuevo. Y esos alumnos no vienen con recursos añadidos. No traen más horas, ni refuerzos automáticos. Traen necesidades. Y la escuela pública responde, como un servicio de urgencias que nunca puede colgar el cartel de “completo”.
Ahí es donde la escuela pública muestra su verdadero valor. Es mucho más que una red educativa: es un ascensor social. Uno de los pocos que siguen funcionando en un edificio donde cada vez más plantas quedan reservadas. La pública no pregunta de dónde vienes antes de dejarte subir. Simplemente, te abre la puerta.
Pero un ascensor sobrecargado acaba fallando. Y eso es lo que empieza a ocurrir cuando se le exige que compense todas las desigualdades mientras otros niveles del edificio permanecen restringidos.
En el plano político, la escena es difícil de explicar en términos pedagógicos. Unión del Pueblo Navarro impulsa el blindaje de la concertada. Era esperable. Pero la posición de Geroa Bai y EH Bildu, dispuestos a sostener o matizar ese blindaje, resulta desconcertante. Todo ello bajo la mirada de María Chivite, cuyo acuerdo de gobierno apuntaba en otra dirección.
Se habla de proteger a las familias, argumento traído con calzador, del PNV-Geroa Bai. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a todas?
Porque hay familias que eligen el centro como quien elige un restaurante. Y hay otras que llegan cuando la cocina ya está cerrando y aceptan lo que haya. Esas últimas son las que sostienen, sin saberlo, el sentido profundo de la escuela pública.
Blindar la concertada en este contexto no es una medida neutral. Es como colocar un paraguas sobre quien ya está bajo techo mientras se le pide al resto que aguante el chaparrón con dignidad.
Y aquí es donde conviene dejar de suavizar el lenguaje: el sistema de conciertos, tal y como está planteado hoy, ya no cumple una función de equilibrio. Cumple una función de privilegio. Mantiene con dinero público estructuras que seleccionan, filtran y separan, mientras la red pública asume la tarea –mucho más compleja– de integrar y compensar.
No es complementariedad. Es competencia desigual. No es libertad plena. Es libertad condicionada. Y no es equidad. Es, cada vez más claramente, un privilegio sostenido.
Por eso, quizá ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: si un sistema educativo financiado con dinero público permite segregar por renta, por creencias o por contexto social, entonces no está cumpliendo su función. Está fallando en lo esencial.
Y cuando un ascensor social deja de serlo, no basta con engrasar sus piezas.
Por eso, y ya para finalizar, antes de hablar de blindajes, quizá deberíamos hacernos una pregunta más incómoda: ¿queremos un sistema educativo que no refleje la diversidad social, económica y cultural y la pluralidad de la sociedad… o uno que contribuya a asumirlas y superarlas?
Porque ahora mismo, sinceramente, parece que estamos financiando lo primero mientras exigimos a la pública que resuelva lo segundo.
El autor es profesor del IES Ribera del Arga
