Si las grabaciones desencriptadas de Villarejo que implican directamente a la Cospedal en bochornosos y delictivos asuntos de las cloacas policiales del gobierno del PP, así la operación Kitchen, no sirven para nada, es decir, que no sirven ni siquiera para llamarla a declarar, es que algo falla en nuestro sistema judicial, y ese algo tiene nombre: el juez García Castellón. De este magistrado no cabía esperar otra cosa que ese carpetazo contra el criterio, reiterado, de la fiscalía Anticorrupción. La independencia judicial está por encima de que los hechos que permiten la imputación de Cospedal sean públicos y notorios, haya indicios y pruebas suficientes, y hayan sido conocidos por esa parte de la opinión pública o del público que no forma en las filas del PP y ha tenido acceso mediático a los audios que tratan de los papeles: la libretita por la que se interesaba la Cospedal, esto es, los papeles de Bárcenas, acabaron desapareciendo. Por cierto, ¿qué le dieron a este personaje para que desistiera del ejercicio de sus acciones?

Como digo, ninguna sorpresa. García Castellón es un juez que debe su formidable carrerón de aparato al Partido Popular en la medida en que este le ha dado cargos más políticos que judiciales, colocándolo por Europa durante años y más años. Una carrera dorada de mucha representación y poca enjundia por lo visto. Su desembarco de regreso a la Audiencia Nacional coincidió con la retirada del juez que encausaba a una perla del PP, Ignacio González, tras conversar con el terminal playero Eduardo Zaplana, un caso este de rostro de cemento armado teñido a lo bestia con caroteno, aunque no el único. ¿A quién protege el juez que aparece en escena a espaldas de la Cospedal como un ángel de la guarda con toga? ¿A la Cospedal o al PP, o al mismo Villarejo, aunque sea de lejos? Porque si a este nada le encargaron, estamos a un paso de sostener que nada hizo. ¿O al enigmático M. Rajoy que cobraba bajo manga y que no sabemos todavía quién es? Nadie, nada, la borrasca sopla ahora sobre la cabeza del arcangélico Fernández, entonces ministro de Interior y urdidor de tejemanejes policiales que no ha urdido nadie, como con seguridad acabará viéndose: ni policía política ni magistratura ídem porque los magistrados del CGPJ actúan por inspiración divina, no política.

De vuelta a España, y una vez zanjado lo mayor y puesto en marcha lo que le interesaba a la pareja que con descaro hablaron de quitarse de encima al juez que les molestaba, y traerse de vuelta a España a García Castellón, este se aplicó con auténtico denuedo a intentar demoler a Podemos y a sus líderes, empezando por Pablo Iglesias, casi a modo de monomanía, con actuaciones judiciales que daban en nada una detrás de otra, pero eran muy efectivas en periodo electoral de cara a esa opinión pública bien azuzada en el deporte de aborrecer a esa fuerza joven que decía estar tocando el cielo de los logros políticos y se vio envuelta en una muy dañina borrasca de lawfares de grueso calibre. Me refiero obviamente a ese uso de la administración de justicia y sus procedimientos para dañar a los oponentes políticos, algo que en España ha cogido proporciones no de escándalo, sino de tradición, respetable, como todas ¿o no?. Y eso en periodo de elecciones. Las actuaciones contra Podemos y sus miembros han dado en nada, pero causaron daños indudables que es probablemente lo que se pretendía.

Unas actuaciones como las de García Castellón, en el caso de Podemos, son mazapán para poner en marcha la máquina del fango de los medios de comunicación afines al PP y en sentido contrario un escudo con voluntad de permanencia en el de la Cospedal y su trama gubernamental. Y por lo visto muy eficaces en ambos casos. Con cristianos a los leones o sin ellos la voluntad de desentrañar del todo las tramas del PP es poco menos que nula. Nunca sabremos quién es M. Rajoy ni en qué pararon las conversaciones sociales sobre libretitas de la Cospedal y el Villarejo. Ah sí, se me olvidaba, Bárcenas barre a diario su celda en Soto del Real.