PAMPLONa - La fiscal Ana Marcotegui, que encabeza la acusación pública en el caso de los amaños, desveló ayer finalmente unas intenciones que, a lo largo de la vista, ya había aventurado. Modificó sus conclusiones provisionales de su escrito de acusación para básicamente beneficiar a la figura de Ángel Vizcay, gran glosador en la Liga de todas estas andanzas, algunas en la nebulosa. Sea como fuere, la aplicación de dos circunstancias atenuantes (es decir, que rebajan la pena), en concreto de dilaciones indebidas y de "confesión y de colaboración con las autoridades". Ello permite que la acusación inicial sobre Vizcay en la que se le reclamaba 14 años y 4 meses de prisión se rebaje ahora mismo a una petición de 5 años y 11 meses de cárcel, pecata minuta para un acusado que aparece señalado en toda la tipología delictiva del procedimiento: era conocedor, partícipe y orfebre de la corrupción deportiva (el delito de amaños), está implicado en apropiación indebida porque firmó salidas de dinero por importe de 1,6 millones y a la falsedad contable se le une una acusación por falsedad documental porque el contrato de Flefield se halló como creado en su ordenador y las órdenes para contabilizar este dinero las dio él personalmente.

La fiscal no varía ni un ápice la gravedad de las acusaciones sobre el resto de procesados y, de hecho, para Archanco, Pascual, Peralta y Bandrés solicita penas de entre 11 años y 11 meses y 12 años y 5 meses. El lunes, en un informe que presagió que se podría extender a lo largo de tres horas, tratará de argumentar sus conclusiones. De momento, en lo único en lo que ha variado su postura es a la hora de valorar la labor de Vizcay.

La representante del Ministerio Público expone ahora que el exgerente de Osasuna acudió voluntariamente a la Liga el 26-1-2015 para contar y explicar al presidente y al director general corporativo las extracciones de dinero que se habían hecho durante las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 de las cuentas de Osasuna, reconociendo haber pagado determinadas cantidades de dinero a otros clubes rivales para predeterminar resultados deportivos, alterar el normal funcionamiento de la competición y garantizar así la permanencia del club en Primera, y negando asimismo la realidad de los pagos a los inmobiliarios de Tarragona, así como a la sociedad Flefield". Según la fiscal, esta confesión permitió a la LFP interponer una querella criminal el 26 de febrero al recibir el informe de la auditoría complementaria que se realizaba en el club rojillo a instancia del Consejo Superior de Deportes.

Mantiene el Ministerio Fiscal que el acusado, durante toda la instrucción sumarial, "ha colaborado con las autoridades aportando datos concretos y precisos que han permitido avanzar con la investigación, reconociendo otros delitos e infracciones penales, que han permitido investigar y posteriormente imputar formalmente a los restantes acusados. El acusado, en el juicio, ha seguido mostrando la actitud colaborativa del inicio de la causa, dice la fiscal. Resulta sorprendente que quiera que se aprecie dicha actitud colaborativa también a un delito como el de apropiación indebida que se cierne también sobre el exgerente, que si algo dejó claro cuando declaró en la Liga es que lo hacía precisamente para que no se le acusara de ello.

El hecho de que a Vizcay se le pida por el Ministerio Público de 21 meses por cada uno de los dos delitos de apropiación indebida, de un año por falsedad contable, de 5 meses por corrupción deportiva y de un año por el delito continuado de falsedad documental contribuiría en caso de que el tribunal condenara en base a esta acusación que a Vizcay se le pudiera también aplicar una circunstancia excepcional a la hora de suspenderle la pena de prisión. Es decir, que pese a que se le condenara por múltiples delitos, si no supera los dos años de prisión en ninguno de ellos, podría no ingresar en la cárcel, aunque resulta muy pronto para hablar de ello. Más teniendo en cuenta que aunque la Liga no le acuse de ningún delito, Osasuna sigue reclamándole 14 años de cárcel.