La pieza B del caso Osasuna, en la que se juzgan diferentes irregularidades económicas detectadas en la etapa presidencial de Pachi Izco, ya lleva marchamo de juicio. El expresidente de Osasuna se sentará en el banquillo acusado de apropiarse indebidamente o haber distraído un total de 1.480.262,84 euros en gastos personales, de representación no justificados, en retiradas de efectivo o en dinero entregado en recibos que no se consideran veraces. De esta forma, la Fiscalía reclama 14 años de prisión para Izco (seis años por un delito de apropiación indebida continuada y dos años por cada delito de falsedad documental). El Ministerio Público, sin embargo, no acusa al exgerente Ángel Vizcay y al exauditor Adolfo Suárez de la transferencia de 350.000 euros ordenada por Izco con destino a la empresa Castelino, una sociedad pantalla holandesa cuyo representante era Suárez y que el juez instructor entendía que era una manera que tenía Izco de gratificar a Suárez por su conocimiento de las irregularidades y que las mismas no tuvieran constancia en las auditorías que realizaba, carentes de la información real para los socios. Por ello, Osasuna sí acusa a Vizcay, al que reclama seis meses de cárcel por administración desleal, y a Suárez, al que exige dos años de cárcel por cooperar en la administración, y que por tanto serán igualmente juzgados con el expresidente. No hay fecha de juicio. Conocido el auto de apertura de juicio oral, se requiere que Izco preste fianza por 1.968.749 euros.

GASTOS PERSONALES Y MÁS

El juez instructor consideró que entre 2002 y 2012, Izco "dispuso o autorizó" que se habilitaran 500.000 euros aproximadamente extraídos en metálico de las cuentas del club sin que se hubieran hallado "evidencias del destino dado" a esa cantidad. Exponía que existen indicios de que parte fue recibido por el investigado, que firmó los correspondientes recibos "en su propio beneficio o en el de terceras personas no identificadas", así como de que otra parte fue usada "para gastos propios no relacionados con su actividad" de presidente de Osasuna. Según relataba, otra parte fue usada por el imputado, en España y en el extranjero, para gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre, mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e, incluso, en una ITV, gastos no relacionados con su actividad como cabeza visible de Osasuna y para los cuales no contaba con autorización. Añadía que otra parte de dicho dinero fue incorporado a su patrimonio a modo de sueldo mensual, cuando ningún precepto estatuario le autorizaba. De igual forma, estimó que había indicios de que, en el verano de 2011, "cogió de la caja del club 76.611 euros", que fueron contabilizados bajo el concepto de "pago a agente", "sin que exista ninguna justificación documental" de su destino. Con el fin de ocultar las "irregularidades", según el juez, Izco "ordenó e impulsó" actuaciones para que la "contabilidad del club no reflejara la imagen fiel de la situación económica y financiera".