Zarraluqui advierte de que indemnizar Guenduláin cuesta ahora 140 millones

pamplona -El PSIS fue aprobado definitivamente en diciembre de 2014, acuerdo que supuso la recalificación como urbanos de los terrenos que adquirió en 2005 la empresa Desarrollo Sostenible vinculada a la ACP y que terminaron en manos del Gobierno a cambio de los derechos edificatorios (el 18% del suelo residencial para el Gobierno y el resto para las empresas). Con la tasación anunciada por Zarraluqui se cuantifica el dinero que futuros gobiernos interesados en anular el PSIS tendrían que abonar a los promotores del proyecto. También si el Ejecutivo no llevara adelante el proyecto de reparcelación (queda pendiente para cumplir su parte) donde cada propietario tendrá asignadas las parcelas que le corresponden en el reparto del negocio. No hay que olvidar que en 2006 el Gobierno compró vía concurso de suelo los terrenos que previamente habían adquirido un grupo de promotores a los herederos del Conde de Guenduláin a 36 euros el metro cuadrado. Vivienda pactó un precio de 30 euros el metro cuadrado aunque aceptó el pago en forma de derechos edificatorios. De este modo, se estima en 102 millones más intereses la inversión adeudada, a la que suman la expropiación a otros propietarios de 400.000 metros cuadrados más (4 millones de m2 en total). La opinión del consejero discrepa con el análisis de Comptos que aseguró en un informe del 2008 que, en caso de no llegar a recalificarse los terrenos (antes de aprobar el PSIS), Desarrollo Sostenible no tendría derecho a indemnización y sí la obligación de que el Gobierno les devolviera el suelo. “Desde el momento en que existe un contrato, si se incumple, siempre hay consecuencias, las indemnizaciones correspondientes”, insistió el consejero. Aprobado el PSIS y con el proyecto de reparcelación en marcha la “amenaza está despejada”, aseguró Zarraluqui. Así, aseguró que los proyectos de reparcelación de las dos primeras fases están sobre la mesa para ser tramitados, y próximamente se presentarán el tercero y cuarto. Confía además que antes de acabar la legislatura estén los cinco refrendados. “Retribuir a los propietarios con las parcelas resultantes es el objetivo“, reiteró a la vez que negó que exista en este momento riesgo alguno”. Cree además que no hay que temer acciones legales si no se cumplen los plazos de urbanización. “Los jueces, normalmente, suelen entender que el proceso es una previsión temporal, no es algo que tenga una rigidez que permita de forma inmediata exigir una indemnización”, indicó. Reconoció además que el Gobierno no se va a lanzar a urbanizar Guenduláin sin haber demanda de vivienda porque, explicó, si los bancos no financian a las empresas las obras de urbanización no podría el Gobierno recabar dinero a los promotores, y si éstos no asumen el pago de las infraestructuras sería absurdo que el Ejecutivo “expropiara para tener que pagar la urbanización”, abundó. “Ojalá lleguen buenos tiempos para echar mano de la reserva de suelo porque volvemos a la senda del crecimiento económico y demográfico”, remarcó. Y advirtió a la oposición que en caso de, tocar gobierno, “Dios no lo quiera, y pretendan “jugar con este proyecto”, veremos que “responsabilidades asumen”. Zarraluqui resaltó que el TSJN desestimó el PSIS sólo por cuestiones formales y que no hay razón para que vuelva a ser tumbado por los tribunales. Para Zarraluqui, Guenduláin constituye una reserva de suelo que está justificada de interés general.

La portavoz del PSN Maite Esporrín dijo que el Gobierno tiene “una patata caliente”. Si no se sigue adelante hay que pagar 140 millones de indemnizaciones, y si se asume el proyecto hay que asumir una inversión importante. Sin “juzgar” un plan que es fruto de otros tiempos, hoy no tendría sentido esta planificación a 15 kilómetros de Pamplona y con tanta vivienda vacía, razón por la que cree que hay que “encontrar una solución”, máxime cuando la Cendea de Cizur ha declarado la zona como no urbanizable en su planeamiento municipal.

José María Ayerdi (Geroa Bai) reconoció que 140 millones es una cifra (van a pedir el informe que lo avala) que “asusta” teniendo en cuenta además que hay 34.000 viviendas proyectadas hasta 2033, y que Comptos dijo en 2008 que no había riesgo de indemnización si no se firmaba el PSIS. Si el PSIS fuera declarado nulo o lo tumbasen los tribunales quiso saber si la tasación del Gobierno era también de 140 millones, y si superaba las barreras legales qué “mochila” se llevan los futuros gobiernos a sus espaldas.

Koldo Amezqueta, de EH-Bildu, dijo que el mensaje que el consejero transmite en que “los intereses particulares y el pelotazo urbanístico se resuelven con dinero público y que, pase lo que pase, aunque no se ponga un ladrillo, van a poder recuperar su dinero”. Destacó además que la modificación de la ley de urbanismo se hizo ex proceso para proteger Guenduláin de ser anulado por orden judicial, y recordó que Comptos negó compromisos de pago. Por su parte, Txentxo Jiménez (Aralar) dijo que el Gobierno podía aprobar los proyectos de urbanización y reparcelación sabiendo que, en el momento de la ejecución, los promotores, en caso de no querer o poder invertir, podrían “firmar la renuncia al compromiso de plazos salvando así el interés público”. Desde el PP, Eloy Villanueva dejó claro que su grupo no comparte la fórmula que eligió el Gobierno en el concurso de suelo de pago con especies pero cree que el Gobierno debe continuar con los trámites para que “nadie le acuse de incumplir acuerdos”. Txema Mauleón, de I-E, anunció que su grupo lo primero que iba a hacer ante un virtual cambio de gobierno era pedir un informe para “desechar el proyecto sin que cueste un duro”.

40 millones en urbanización para el Gobierno foral. La urbanización exterior de Guenduláin tiene un coste de 73 millones de euros y es lo primero que habría que desarrollar. A través del sistema de cooperación sería el Gobierno el encargado de impulsar la urbanización y le correspondería pagar unos 15 millones (el 18% del 90% de los derechos edificatorios) en estructuras principales. A partir de ahí hay que acometer cada una de las cinco fases de la urbanización interior, con una inversión de 140 millones de euros.

En total, el Gobierno pagaría unos 40 millones en urbanización como un propietario más. El Gobierno tiene derechos potenciales para construir un 18% de las 18.389 proyectadas (88% protegida).

Primeras parcelas, para los promotores. El Gobierno tiene derecho sobre el 20% del 90% de los derechos de Desarrollo Sostenible sobre una superficie de 3,4 millones de metros cuadrados. Zarraluqui dejó claro que en las dos primeras unidades no iba a haber parcelas para Nasuvinsa, la sociedad pública, pese a que eran las más importantes ya que incluyen más de la mitad de las viviendas previstas.