pamplona - Condestable acogió ayer la presentación en sociedad de la plataforma navarra Derechos y Salud Mental, creada a iniciativa de Mejorana (formada por personas con experiencias de sufrimiento psicosocial que usan o han usado estos servicios) y que integra a asociaciones como OME o Avanvida y a profesionales -psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc- que desempeñan su labor en el campo de la Salud Mental.

Tal y como explicó María Caballero (Mejorana), se trata de un espacio formal de reivindicación desde el que “transmitir a la opinión pública la situación actual de la asistencia en la Red de Salud Mental, donde es frecuente que no se tenga en cuenta la palabra de las personas y sus necesidades y no se reciba la información necesaria sobre los tratamientos propuestos. Se añade la escasa accesibilidad a tratamientos y sistemas de ayuda no farmacológicos, más atractivos para los interesados, a menudo más efectivos e incluso imprescindibles”, dijo.

contención mecánica Caballero lamentó que “muchas veces se resuelve esta contradicción imponiendo el tratamiento forzosamente, mediante prácticas de coerción entre las que destaca la contención mecánica”. Una realidad “bastante desconocida” y al mismo tiempo “muy frecuente, en particular en las Unidades Psiquiátricas en Hospital General del Servicio Navarro de Salud”. Esta práctica consiste en “reducir físicamente, sedar con medicación y atar a la persona a una cama mediante correas, aislándola en una habitación durante horas o incluso días”.

Por su parte, la psicóloga Cristina Monreal recordó que “la legislación vigente obliga a los profesionales a informar de los procedimientos y a permitir que la persona usuaria decida la ayuda que le conviene”, y puso el foco en el deseo de la plataforma de “contribuir al desarrollo de un modelo de atención centrado en la persona, donde sus necesidades y preferencias ocupen el centro de la ayuda a prestar en la práctica asistencial”. Monreal apostó por la “progresiva desaparición” de las prácticas coercitivas”. Pese a que reconoció que el camino difícil porque “están muy arraigadas y son desconocidas por la opinión pública”, también se refirió a experiencias exitosas en otras regiones de España y Europa, en las que se han retirado las contenciones mecánicas, se utiliza “poco o nada la medicación” y, en definitiva, se apuesta “por sistemas de atención en crisis humanizadoras, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Y, en general, abordajes colaborativos”. “Esto no es una quimera”, aseguró.

“Entendemos que las mejoras en este campo significan también mejorar la sociedad”, abundó el familiar de un usuario del sistema de salud mental José Ramón Vidal. “Se trata de desarrollar formas de ayuda ante situaciones difíciles en las que muchos de nosotros nos podemos encontrar si concurren circunstancias especialmente complicadas que nos hagan vulnerables. Ayudar con delicadeza y humanidad en esas situaciones es desarrollar un sentido ético que impulsa el desarrollo de una sociedad más humana, solidaria, acogedora e inclusiva”, dijo.

los objetivos Por último, el psiquiatra José Antonio Inchauspe desgranó algunos de los objetivos de la plataforma a corto y medio plazo, entre los que destacan “que se hagan públicos en las memorias anuales de la Gerencia de Salud Mental los datos cuantitativos y cualitativos de la práctica de contenciones físicas”, datos que han comenzado a registrarse en enero de 208 precisamente como respuesta a las reivindicaciones del movimiento de usuarios. Que las nuevas unidades de hospitalización no incluyan estos dispositivos de contención, que “como mínimo” se cumplan las leyes en cuanto a ingresos hospitalarios no forzados, garantizar “la toma de decisiones autónoma y sin coacción” de los usuarios o “alentar el desarrollo de nuevas formas de ayuda que superen la política asistencial actual, centrada en un tratamiento farmacológico”, también figuran en las áreas de trabajo de la plataforma.

“Esto no ha hecho más que empezar”, avisó Caballero como broche final.