El grupo municipal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado "la irrupción en la ciudad de la plataforma Bolt bajo el modelo de vehículos de transporte con conductor (VTC), cuyo funcionamiento evidencia un desprecio flagrante por la normativa vigente y una estrategia deliberada de desregulación del sector del transporte urbano".
Según han indicado en un comunicado, "al menos ocho vehículos han sido sancionados con 1.000 euros y retirados al depósito por ofrecer servicios urbanos, algo expresamente prohibido por la normativa estatal -y por tanto foral- que regula los VTC".
"Estas infracciones no son errores puntuales, sino la consecuencia previsible de un modelo de negocio diseñado para burlar regulaciones, externalizar costes laborales y fiscales, y competir de forma desleal con un servicio público esencial como es el taxi", han comentado.
Desde la coalición han destacado que el taxi en Pamplona "no es un servicio privado al uso: es un bien común regulado, accesible en todo el término municipal, con precios públicos, adaptado a personas con movilidad reducida y sujeto a obligaciones de servicio universal".
Por su parte, "plataformas como Bolt se rigen por un modelo no regulado: sin servicio universal, sin requisitos de accesibilidad, sin claridad en los precios y sin mecanismos de responsabilidad pública".
"Lejos de ampliar la oferta de movilidad de forma justa, la llegada de Bolt representa un intento de mercantilizar un derecho básico, poniendo en riesgo las condiciones laborales de cientos de trabajadoras y trabajadores del taxi y debilitando un servicio que ha demostrado su utilidad y compromiso con la ciudadanía, especialmente en zonas periféricas y horarios nocturnos", han criticado.
Ante esta situación, Contigo-Zurekin Pamplona exige una "actuación contundente de las administraciones para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa y evitar que plataformas como Bolt impongan un modelo basado en la precariedad, la evasión fiscal y la competencia desleal".
"La movilidad urbana es un derecho, no un negocio"
Desde la coalición han rechazado "categóricamente cualquier intento de equiparar el taxi -un servicio público universal, regulado y accesible- con los VTC, que no asumen obligaciones de cobertura territorial, accesibilidad ni transparencia tarifaria".
Asimismo, instan a "proteger de forma inmediata al sector del taxi, pilar de una movilidad justa y sostenible, y a abrir un proceso participativo con las trabajadoras y trabajadores del sector y con la ciudadanía para diseñar una política de movilidad que ponga a las personas, no a las corporaciones digitales, en el centro".
"La movilidad urbana es un derecho, no un negocio", han reivindicado, tras añadir que la coalición "no permitirá que intereses privados desmantelen servicios públicos esenciales en nombre de una falsa 'innovación'".
