El ingeniero de minas Javier Ruiz, autor del informe de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate, ha negado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral haber recibido presiones políticas y ha defendido que el uso de explosivos en la obra “estaba amparado por la autorización” y contemplado en el proyecto constructivo.
Preguntado directamente por si había sufrido algún tipo de presión, Ruiz ha afirmado que “no es plato de buen gusto para un funcionario venir aquí” y que quienes están compareciendo “la mayor parte somos funcionarios”. Ha señalado que, a su juicio, “de la lectura comprensiva de mis requerimientos no haría falta que estuviese aquí” y ha añadido que los técnicos se sienten “juzgados” en este proceso.
En ese contexto, ha descartado haber recibido indicaciones políticas y ha precisado que, si se buscan presiones, “habría que ir a niveles de la administración que pudiera haberlos. Yo soy un ingeniero raso. No he recibido presiones”.
En su explicación técnica, Ruiz ha subrayado que las voladuras realizadas en la excavación “estaban amparadas por la autorización” y ha remarcado que la Sección de Minas “no es el origen de los modificados” del proyecto. Ha detallado que para que una obra pueda contar con un proyecto de voladuras y abastecimiento de explosivos, es imprescindible que el proyecto constructivo “contemple el uso de explosivos tras el análisis de los terrenos por los que pasa el túnel”.
El ingeniero ha explicado que el proyecto contemplaba y valoraba el uso de explosivos, y que las afecciones medioambientales derivadas de las voladuras debían estar recogidas en el estudio de impacto ambiental. “El proyecto lo tenía valorado”, ha señalado, para añadir que corresponde al licitador revisar los precios asociados al uso de explosivos y decidir si solicita un precio adicional. “No me extraña que no lo tengan porque no tienen por qué tenerlo”, ha indicado en referencia a las empresas.
El sobrecoste de la obra asciende a 7,6 millones de euros, pasando de los 67,8 millones presupuestados inicialmente a más de 75,3 millones tras la revisión al alza, según explicó en una comparecencia en el mes de julio el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. Entre los factores que justifican el incremento, el consejero citó una morfología del terreno más desfavorable de lo previsto, la mayor cantidad de agua emergente y las exigencias técnicas de organismos como el Departamento de Industria y las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Cantábrico.
Chivite recordó que la UTE adjudicataria solicitó el 18 de marzo de 2024 la autorización para realizar voladuras, trámite que implicó nuevos informes y la aplicación de medidas técnicas adicionales destinadas a reforzar la estabilidad estructural y prevenir afecciones medioambientales. El modificado afecta a 14 conceptos del proyecto, con aumentos inferiores al 5,7% en los capítulos afectados y reducciones en desmontes y revestimientos.
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