El ingeniero de minas Javier Ruiz, autor del informe de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral y ha negado haber recibido presiones políticas, al tiempo que ha explicado en detalle los aspectos técnicos de las voladuras y la tramitación del modificado que ha elevado el coste de la obra a 8,5 millones de euros, un 12% por encima de lo inicialmente previsto.
Preguntado por si había sufrido algún tipo de presión, Ruiz ha afirmado que “no es plato de buen gusto para un funcionario venir aquí” y que quienes comparecen “la mayor parte somos funcionarios”. Ha añadido que los técnicos se sienten “juzgados” y que, si se buscan presiones políticas, “habría que ir a niveles de la administración que pudiera haberlos. Yo soy un ingeniero raso. No he recibido presiones”.
El ingeniero ha subrayado que la Sección de Minas “no es el origen del modificado” y que ni su sección ni los requerimientos que él elaboró provocaron los cambios en el proyecto. Ruiz ha destacado que su sección únicamente tramita la documentación que recibe y que cualquier cambio que supere lo inicialmente solicitado “tiene que venir avalado por la conformidad del titular de la obra y de la Dirección General de Obras Públicas”.
El ingeniero ha detallado que, tras un primer requerimiento, la UTE adjudicataria presentó nueva documentación en la que se incluía un estudio preliminar de revisión del proyecto de sostenimiento, que implicaba modificaciones que “iban mucho más allá” de lo solicitado. “Yo estaba analizando una documentación y después de un primer requerimiento se genera otra documentación”, ha explicado, añadiendo que su sección indicó que “analizaríamos esta nueva documentación y resolveríamos sobre ella, siempre y cuando, previamente, el titular y dueño de la obra dé su visto bueno”.
Ruiz ha señalado que “lo normal es que en una obra de un túnel haya una imprevisibilidad importante; y aunque se pueda reducir por los trabajos y los estudios que se han podido hacer, siempre va a existir y entonces puede haber modificados normalmente cuando la obra está comenzada, porque se encuentran con situaciones que no se habían podido prever”. Ha explicado que corresponde al licitador manifestar su aceptación antes del inicio de los trabajos y que el problema no es que el contratista presente modificaciones, sino que será la dirección de obra y el órgano competente quienes deben evaluar si son adecuadas.
En relación con las voladuras, Ruiz ha diferenciado los distintos tipos de trabajos. Ha explicado que el proyecto contempla tanto las voladuras interiores del túnel como los desmontes previos a la boca sur, que también se ejecutan con explosivos. Estas últimas “se realizaron porque estaban autorizadas para el desmonte antes de la boca sur del túnel” y no se consideran voladuras especiales, por lo que no requieren un proyecto específico adicional. Ruiz indicó que su sección “dio la opinión de que era factible y se podía hacer, siempre que se cumplieran las medidas de seguridad comunes” y que posteriormente se informó a la Delegación del Gobierno, que emitió la autorización para el consumo de explosivos según las cantidades establecidas en el proyecto.
El ingeniero ha detallado que el proyecto constructivo contemplaba y valoraba el uso de explosivos, así como las afecciones medioambientales derivadas de las voladuras, que debían estar recogidas en el estudio de impacto ambiental. “El proyecto lo tenía valorado”, ha señalado, añadiendo que corresponde al licitador revisar los precios asociados al uso de explosivos y decidir si solicita un precio adicional. “No me extraña que no lo tengan porque no tienen por qué tenerlo”, ha indicado en referencia a las empresas.
Ruiz ha explicado que su sección también informaba a los proyectistas de los cambios que se estaban planteando y ha señalado que “puedo entender que la UTE tuviera discrepancias con el proyecto, una vez analizado, y quisiera realizar cambios, pero lo que no parece que tenga mucho sentido es que si se ponen modificaciones de cierta magnitud, se solicite nuestra aprobación sin la conformidad de Obras Públicas”.
El ingeniero ha destacado que el modificado responde a situaciones imprevistas habituales en túneles, como la morfología del terreno menos favorable de lo previsto o la presencia de agua emergente, y a requerimientos técnicos. Este modificado afecta a 14 conceptos de la obra, con incrementos inferiores al 5,7% en los capítulos afectados y reducciones en desmontes y revestimientos, y eleva el coste total del proyecto a 8,5 millones de euros, incluyendo impuestos.
