Fue un plan premeditado de las Fuerzas de Orden Público, una operación de escarmiento contra la población de Pamplona a la que se consideraba un peligroso referente en cuanto a lucha obrera y popular durante la transición de la dictadura al periodo democrático.
Esto es lo que recoge el informe de 250 páginas que el Ayuntamiento de Pamplona encargó en 2018 a un grupo de expertos de la Universidad Pública de Navarra sobre lo ocurrido en los Sanfermines de 1978 y que la actual mayoría municipal ha recordado en la sesión plenaria celebrada este jueves.
Debate en el Pleno
Ha sido a cuenta de una iniciativa presentada conjuntamente por EH Bildu y Geroa Bai, que ha contado con el respaldo adicional de PSN y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PP han votado en contra.
Consta de tres puntos. El primero es para instar al Gobierno español a “seguir en el camino de reconocer” la responsabilidad directa del Estado en aquel ataque y el segundo para reclamar al presidente de España una declaración oficial en este sentido.
En el tercer punto se pide a las "instituciones competentes" garantizar el derecho de las víctimas de la violencia del Estado a la verdad, justicia y reparación “para que hechos similares no vuelvan a producirse”.
El debate ha comenzado con la intervención de Ramón Contreras, de Gogoan SF 78, quien ha establecido un paralelismo entre lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz en 1976 y lo vivido en Pamplona dos años después, con “agresiones policiales de carácter extremedamente violento, dirigidas de forma indiscriminatoria contra la población civil, con trágicos resultados en ambos casos y cubiertos por la más insultante impunidad”.
Ha señalado que la iniciativa supone un paso más para que se depuren responsabilidades por aquellos hechos y que se reconozca a los que fueron víctimas de la violencia del Estado.
Tras su intervención ha tomado la palabra el concejal de Geroa Bai, Mikel Armendáriz, quien ha agradecido la iniciativa, pero ha lamentado que el texto aprobado sea distinto al presentado en Vitoria-Gasteiz o Astirraga.
“Pamplona debe ser un referente y deberíamos marcar el paso en estas iniciativas, no arrastrarnos” ha comentado el edil de la formación progresista.
Desclasificación de documentos
Endika Alonso, de EH Bildu, ha asegurado que lo sucedido en Pamplona el 8 de julio de 1978 no debería haber pasado. “No es un tema del pasado porque no está resuelto y hay un montón de documentos sin clasificar. Es una herida humana, no ideológica”.
Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, también ha agradecido el trabajo realizado por las asociaciones memorialistas. “La tarea sigue incompleta porque hay secretos que no conocemos. Queda pendiente la justicia y la reparación pese a los pasos que se han ido dando”.
Mauleón ha reclamado al Estado español un gesto similar al que realizó hace unos días el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, al pedir perdón por el bombardeo de Gernika.
María Caballero, de UPN, ha asegurado que los hechos ocurrieron en una época en la que ETA cometió numerosos atentados y con una policía todavía vinculada al franquismo. "El asesinato de Germán Rodríguez no se ha ocultado, todo el mundo lo ha condenado, pero hay una formación que nunca ha condenado el terrorismo. No tienen legitimidad moral".
Marina Curiel, del PSN, ha recordado las iniciativas que se han tomado para el reconocimiento de las víctimas de la violencia policial. "Todas las víctimas tienen derecho a la reparación. El relato del 78 no debe ser ideológico" ha señalado en referencia a Geroa Bai.
Carmen Alba, del PP, ha rechazado la fórmula de una declaración institucional y que no se hayan tenido en cuenta los atentados que ETA cometió en esa época. Es una memoria selectiva".
