El Ayuntamiento de Pamplona reclamará, vía judicial, la apertura de un concurso de acreedores para la concesionaria del servicio de bicicletas eléctricas de Pamplona, una vez se ha confirmado que, unilateralmente, esta ordenó el viernes su cierre. Esta reclamación ya se le ha comunicado formalmente a Ride On Pamplona y se sustanciará en los próximos días con la presentación de la respectiva solicitud ante el tribunal de lo mercantil. El objetivo del Ayuntamiento es restaurar el servicio y garantizar su continuidad durante el periodo de transición hasta la entrada de la nueva adjudicataria que se prevé comience en septiembre y esté a pleno rendimiento en diciembre.
Aunque la prioridad del Ayuntamiento de Pamplona ha sido la de alcanzar un acuerdo con la actual concesionaria para llevar a cabo una transición ordenada, el cierre unilateral del servicio por parte de Ride On aboca a este nuevo escenario judicializado que, por otra parte, ya estaba previsto como posibilidad. A lo largo de la semana pasada y tras la amenaza de cierre lanzada el pasado día 6, el Ayuntamiento se centró en tratar de alcanzar un acuerdo basado en tres puntos fundamentales: pagos mensuales para garantizar el funcionamiento del sistema con parámetros de calidad (16.000 euros de anticipo mensual y pagos directos de los gastos principales del servicio), auditoría externa especializada para evaluar el estado del stock y control compartido de las cuentas y del pago de la deuda que arrastra la empresa. Las grandes deficiencias apreciadas mediante la revisión visual del stock y la negativa a que el mismo fuese auditado, así como la exigencia de que el Ayuntamiento reconozca como deuda facturas sin emitir del entramado empresarial de su administrador único, habían impedido ese acuerdo.
El cierre del servicio, ejecutado de forma unilateral el día 13, lo hace inviable. “Estamos hablando de dinero público, y ha de gestionarse con responsabilidad; ceder a las pretensiones empresariales sin que haya garantías de calidad respecto al servicio y al material, no sería responsable y hacerlo porque encima de la mesa hay una amenaza unilateral de cierre, no sería ético”, ha resumido el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea San Juan.
La hoja de ruta: concurso de acreedores y respaldo a las personas usuarias
A partir de ahora el Ayuntamiento, como uno de los acreedores de la empresa, pondrá en marcha la reclamación del correspondiente concurso. En esa situación, el Consistorio tratará de mantener el servicio negociando, directamente, con el administrador concursal. El concejal delegado de Gobierno Estratégico ha reconocido que, en este escenario, cabe la posibilidad de que se interrumpa el servicio durante un tiempo, pero el Ayuntamiento ya ha diseñado un sistema para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets de Ride On, lo pierda. Ya se trabaja en un trámite electrónico específico en el que se ofrecerá la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero. El Consistorio calcula que la cifra total de estos fondos podría rondar los 250.000 euros. “Es verdad que nos enfrentamos a la posibilidad de estar unos meses sin servicio, pero también es verdad que no podemos aceptar actuaciones unilaterales y desobedientes y que nuestra prioridad será que la ciudadanía no pierda su dinero”, señalaba Abaurrea.
La otra gestión necesaria que ha llevado a cabo el Ayuntamiento es asegurar las condiciones por las que Pamplona no perderá la subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE que recibió en 2023 para el sistema de bicicleta eléctrica. La respuesta recibida desde Europa es que, siempre y cuando se justifique el cambio, se garantice que se va a poner en marcha un nuevo servicio y se mantenga la prestación para la que fue concedida la subvención, no habrá causa de reintegro de esos fondos. “Es más, la propia Unión Europea, en su respuesta, urge a acelerar la nueva licitación”, apuntillaba Joxe Abaurrea.
Tres reuniones y múltiples contactos antes del cierre unilateral
Desde que el viernes 6 de febrero Ride On emitiera un comunicado público anunciando el cierre unilateral del sistema hasta ejecutarlo una semana después, se sucedieron tres reuniones entre las partes y decenas de comunicaciones. En la primera, celebrada el pasado martes, se trasladó a Ride On la propuesta del Ayuntamiento para una transición ordenada. Esta propuesta, en lo jurídico, se basaba en mantener la orden de continuidad del servicio; respecto a la viabilidad económica, el Ayuntamiento ofrecía realizar un “pago mensual a justificar” por importe de 16.000 euros además de asumir los pagos directos de los principales gastos del servicio (plantilla, alquiler de naves, equipos y servicios informáticos); en tercer lugar y respecto a la mecánica de funcionamiento, se proponía realizar cada mes la justificación de los gastos correspondientes al mes anterior y realizar posteriormente un abono por el importe restante. Como contraprestación, el Ayuntamiento planteaba dos requisitos: que Ride On se comprometiera a mantener el servicio en las condiciones mínimas de calidad y que se autorizara a una persona designada por el Ayuntamiento a tener acceso a las cuentas de la empresa para poder verificar en cualquier momento su estado y el destino de los gastos. En cuanto al stock (400 bicis y 42 estaciones), se planteaba que una auditoría independiente determinara su estado y valor reales (los servicios municipales muestran serias dudas sobre su viabilidad).
En la segunda y tercera reuniones, celebradas el martes y el jueves, la empresa presentó una contraoferta en la que aceptaba algunas de las condiciones (el adelanto de efectivo mensual y dar acceso a las cuentas), pero no así otras. Los principales escollos se han localizado en los requisitos para la verificación del stock y en el orden de amortización de la deuda pendiente. Respecto al stock, la empresa, para paliar sus problemas financieros, exigía que se le abonaran 600.000 euros de forma inmediata sin que una empresa independiente llevara a cabo la verificación. Respecto a la deuda, Ride On insistía en incluir facturas no contrastadas de empresas de su propio grupo para que fueran reconocidas por el Ayuntamiento. En cifras, esto suponía una diferencia de criterios en torno a los 800.000 euros (el Ayuntamiento reconocería hasta 400.000 euros y la empresa reclama hasta 1,2 millones).
El nuevo servicio: 10 años y carácter comarcal
De forma paralela a la puesta en marcha de la vía judicial, el Ayuntamiento intensifica su labor para cerrar la licitación para un nuevo servicio, esta vez de pleno control municipal, de bicicleta eléctrica que se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de San Fermín, podría empezar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre. Se trabaja sobre un contrato para la prestación de un servicio público por un total de 10 años.
La futura operadora aportará al contrato todos los elementos necesarios para mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona (estaciones, bicicletas, talleres, etc.), así como capacidad para asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de Ayuntamientos de la Comarca para ampliar el sistema. Este incremento está actualmente estimado en 10 nuevas estaciones y 100 bicicletas, pero podrá llegar hasta 30 nuevas estaciones y 300 bicicletas.
En el pliego se valorarán tres parámetros fundamentales: el diseño de las bicicletas (robustez, seguridad y facilidad de manejo); la oferta de logística con especial atención a la redistribución de la flota en un sistema comarcal y la disponibilidad rápida de materiales de recambio para garantizar la calidad del servicio.
En cuanto al proceso de comarcalización, el pliego que ultima el Ayuntamiento prevé habilitar dos fases. La primera será el reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento de Pamplona para firmar acuerdos bilaterales con otros ayuntamientos para extender el servicio a esos municipios. La nueva adjudicataria tendrá que garantizar capacidad para suministrar, además de las estaciones solicitadas en el pliego, al menos, otras 20 bases y otras 200 bicicletas. La segunda fase contemplará la posibilidad de que el servicio lo asuma directamente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el momento en que el servicio este desplegado, a pleno rendimiento y esta entidad disponga de personal y conocimiento técnico para ello.
Con el fin de minimizar el periodo de transición y las afecciones a las personas usuarias, el pliego también premiará la implantación paulatina del nuevo servicio de forma que no se interrumpa la prestación del mismo a la ciudadanía.
