Sitel no es sólo un conjunto de siglas, sino un moderno sistema de interceptación de comunicaciones capaz de guardar todos los datos de los titulares de líneas telefónicas (ya sean fijas o móviles) del Estado, aportando el DNI y el domicilio, y grabando tanto el contenido de sus conversaciones como los números de las llamadas entrantes y salientes.

Pero eso no es todo, el megasistema diseñado por la empresa danesa ETI A/S (ha cobrado más de 9,8 millones de euros por ponerlo en marcha), también desvela los números y duración de las llamadas; la localización geográfica del teléfono -incluidos desplazamientos-, el uso de diferentes terminales con una misma tarjeta, copia de todos los mensajes de texto o vídeo, correo electrónico y acceso a páginas web. Es decir, todo, con fecha hora y duración de las comunicaciones, y sin necesidad de que quien lo manipule deba dar cuenta a los operadores de telefonía. Basta una llamada de Interior a la operadora para que ésta empiece a desviar a uno de los tres servidores centrales (corresponden a la Guardia Civil, a la Policía y al CNI) todo ese flujo de información de un número.

Lo único que se necesita es una orden judicial, pero en ella no se determina ni el contenido de lo que se ha de intervenir, ni qué se hace con los excedentes.

El debate de fondo

Cuestión de Estado

El empeño por el control de las comunicaciones por parte del Estado ha llegado a tal extremo que, por decreto, nadie puede estar al margen de Sitel. Hasta hace dos semanas existía un resquicio: las terminales prepago. Sin embargo, el Gobierno ha obligado incluso a los titulares de estos teléfonos a identificarse ante la amenaza, en caso contrario, de cortar las líneas perdiendo los saldos. Miles de personas hubieron de hacer cola para cumplir la norma y entrar así en la maraña Sitel.

Sitel ha saltado al ágora de lo público porque el PP acusa a Rubalcaba de valerse de este sistema para espiar a sus cargos públicos, sobre todo en relación al caso Gürtel (las conversaciones de Camps o Costa filtradas a la prensa se obtuvieron con este sistema). Bronca a gritos en el Congreso incluida (sonada fue la riña entre Rubalcaba, Pons y Floriano el pasado día 18), el debate entre populares y socialistas no pasa de ser un rifi rafe en el que unos acusan a los otros de usar las estructuras del Estado contra el oponente político, mientras los otros se defienden invocando la necesidad de "controlar a los malos" (Rubalcaba dixit) para exigir que no se cuestionen los instrumentos de la Policía y que se guarde silencio. Es decir, en el fondo subyace la consabida Cuestión de Estado, un argumento que puede considerarse eufemístico si se tiene en cuenta que, como destacan reputados juristas (entre ellos el fiscal Pedro Martínez, el abogado Guillermo Díaz Bermejo o el catedrático Ignacio Torres Muro ), lo que oculta es "afán de control".

una duda concreta

¿Controlan los jueces Sitel?

Frente a estos argumentos se sitúan los de sus defensores que invocan hasta nueve sentencias del Tribunal Supremo que avalan el uso de Sitel tal y como está, sin necesidad de una mayor regulación (el PP exige una Ley Orgánica ya que la intervención de las comunicaciones afecta a "derechos básicos" como el de la intimidad o la privacidad). De fondo, el argumento garantista de que los datos obtenidos sólo pueden utilizarse por orden judicial. Sin embargo y según denuncias periodísticas que se hacen eco del planteamiento de la Asociación de Internautas, es el Gobierno quien ordena realmente las operaciones. A través de los proyectos de órdenes ministeriales ETSI TS 133 y 101, el Ejecutivo pretende aprobar el denominado "interfaz de entrega de la información", por el que las operadoras habrán de proporcionar los datos asociados a las conversaciones telefónicas a los agentes de Policía que solicitan el pinchazo telefónico, eso sí, con la aprobación de un juez. Sin embargo, la orden judicial no es la que especifica lo que se ha de entregar, eso lo determinan precisamente estas órdenes diseñadas por el Gobierno. Es decir, "siempre hay orden judicial, pero no control del magistrado", mantiene el fiscal Pedro Martínez.

La trayectoria

Del 11-M al "caso Gürtel"

Sitel comenzó a utilizarse, en fase experimental y casi sin amparo legal, tras los atentados del 11-M (los socialistas dicen que se usó un mes antes en una operación antidroga en Galicia). Según los investigadores de la masacre, su uso permitió conocer en tiempo récord tres datos claves: la procedencia de los móviles usados para activar los explosivos, la ubicación de la casa de Chinchón donde los terroristas armaron las bombas y reconstruir al minuto el viaje de los acusados a Asturias para hacerse con la goma dos.

Era marzo de 2004 y el éxito demostrado hizo que todas las unidades judiciales de la Policía y la Guardia Civil comenzaran a usarlo en sus pinchazos. Y sin embargo, según consta en Interior, el Gobierno no aprobó el decreto que regula su uso hasta el 15 de abril de 2005, es decir, más de un año después. Pese a todo, el Supremo ha avalado este uso en sucesivas sentencias (la última fechada la semana pasada).

Este sistema lo encargó el Ministerio del Interior el 24 de octubre de 2001, firmando en su representación el entonces ministro, Mariano Rajoy. El contrato original daba como fecha de entrega del 31 de marzo de 2003. Dos sucesivos aplazamientos alargaron la espera: primero hasta el 30 de septiembre de 2003 y después hasta el 30 de noviembre de 2003. La razón de los retrasos fue que las operadoras de red no habían instalado los correspondientes sistemas de interceptación en sus redes y ambos aplazamientos fueron firmados por Maria Dolores de Cospedal, actual secretaria general del PP, en su calidad entonces de subsecretaria de Interior. Pese a todo el PP afirma que su Gobierno no empleó Sitel ya que dudaba de su constitucionalidad.

En la actualidad

El único sistema en marcha

El empleo de Sitel en Gürtel ha despertado las iras de los populares, pero quizá sólo sea porque esa trama implica a altos cargos del partido. Aseguran que ellos no pusieron en marcha el polémico sistema porque querían regular su uso a través de una Ley Orgánica. Lo raro es que hayan esperado 5 años para reclamarlo y sólo cuando barones del partido están contra las cuerdas por sus indiscreciones telefónicas (aquel "te quiero mucho" de El Bigotes a Camps pasará a la historia).

Y es que los populares nada dijeron respecto al uso de Sitel en otras operaciones anticorrupción como el caso Malaya o, más recientemente, la operación Pretoria (por poner sólo dos ejemplos), y, desde luego, respaldaron la utilidad del sistema en todas las operaciones contra la disidencia política (desde la operación de Segura contra la izquierda aberetzale hasta la detención en Barcelona de la anarquista Nuria Portolas). Y es que según la propia Policía Sitel es, a día de hoy, omnipresente: "Se utiliza hasta en la menor operación de drogas que requiera de escuchas. Desde 2005 no hay otro sistema de intervención de comunicaciones", aclaraban varios responsables del Ministerio del Interior citados por la prensa.

las sospechas del PP

¿Qué se hace con la información?

Este mecanismo ha revolucionado el trabajo policial hasta el punto de jubilar a quienes pasaban horas, auricular en ristre, procesando las conversaciones de los sospechosos o a quienes, pasándose por técnicos de Telefónica, hacían sus apaños en las líneas.

Ahora toda la información, sin depurar, se almacena en los ordenadores de Interior, tras una simple derivación de la línea investigada por orden judicial. En teoría estos datos sólo pueden ser consultados por los agentes adscritos a la investigación, que para acceder a ellos han de hacer uso de sus claves personales. Ahí radica la primera crítica del PP: los denominados "agentes facultados" tienen acceso a una información más amplia que la indispensable para la investigación, y no hay mecanismo que garantice que los datos que no se usen, se queden en Interior. Los populares aseguran que eso ya está pasando y la prueba serían algunas conversaciones en torno a Gürtel que no han aparecido en el sumario instruido por el juez.

Además recuerdan que los datos se entregan en un DVD y "nadie garantiza que ese soporte corresponda a todo lo recogido en las grabaciones o que no haya sido manipulado. Tampoco hay un instrumento que supervise que la información desviada por la operadora es toda la recogida y es veraz".