vitoria. Dos meses y decenas de diligencias después, el magistrado Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Provincial de Álava, decidió ayer abrir la espita del sumario del conocido como caso De Miguel, vinculado a la Diputación alavesa. Al hacerlo, los 19 volúmenes y 4.772 folios recopilados durante las últimas semanas con datos y pesquisas sobre los hechos investigados empezaron a desgranar negro sobre blanco los pormenores de un proceso que amenaza con arruinar reputaciones y anhelos. No en vano, el documento judicial incluye a tres nuevos imputados a los que relaciona, de una manera o de otra, con el presunto caso de corrupción ligado a las entrañas del PNV alavés y al cobro de comisiones ilegales durante el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano. Según diversas agencias, se trataría de el ex viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco desde julio de 2003 hasta hace un año -en la última etapa del postrero Ejecutivo Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco y ex apoderado del citado polígono sito en las inmediaciones de Vitoria en 2006, Julian Sánchez Alegría; y la directora técnica de Miñano, Miren Bilbao Larrauri.

El magistrado decidió adelantar tres días el final del periodo impuesto por él mismo para preservar el secreto de las investigaciones habilitadas para intentar desentrañar el enredo iniciado después de que la Fiscalía recibiera una denuncia y decidiera actuar. El proceso comenzó el 17 de marzo con la detención de ocho personas ligadas al PNV, entre ellas, el ya ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, cuyo nombre designa coloquialmente el expediente en su conjunto dada la notoriedad de su cargo y su implicación con el aparato jeltzale en Álava. En aquella jornada declararon como imputados durante horas en los juzgados junto al citado el ex responsable del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Ochandiano; el ex concejal, ex juntero, ex directivo del CEIA y ex miembro de la Ejecutiva del PNV, Aitor Tellería; las esposas de los anteriores -Iratxe Gaztelu, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo-; el empresario Jon Iñaki Echaburu, en su momento socio de la empresa Urbanorma, una de las investigadas en esta trama; y el ex gerente de Miñano, Alfonso Arriola.

Aquel día de marzo, agentes de la Ertzaintza en funciones de Policía Judicial registraron los domicilios de los ocho inicialmente imputados y la sede de una asesoría llamada Kataia Consulting, administrada por tres de las acusadas y ubicada en el local de la sociedad gastronómica de De Miguel. La firma, nacida en 2005, carecía de teléfono, fax o mail y tampoco declaró resultados de su actividad durante años. Pese a dedicarse a la asesoría jurídica no contaba con ningún abogado registrado en el Colegio Oficial. El caso es que aquí, precisamente, es donde podría encontrarse el nexo de unión entre el viceconsejero -que también fue concejal donostiarra por el PNV entre 1991 y 2003- y la trama investigada. No en vano, varias informaciones dan fe de la relación existente entre Kataia Consulting y el Departamento de Cultura entonces tutelado políticamente por la consejera Miren Azkarate. En concreto, parece ser que en 2007 la firma investigada obtuvo dos contratos para aportar ayuda técnica a la Administración autonómica por un importe conjunto de 24.000 euros. Por su cuantía, ínfima para los números públicos, los citados contratos no requirieron de concurso público.

Otra investigación Por su parte, el ex responsable de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, que lo fue durante el anterior Gobierno, estaría relacionado con la presunta trama de corrupción en la adjudicación de otro contrato, ésta vez a la empresa Urbanorma Consulting, creada en 2006 por Iñaki Echaburu y Ainhoa Alberdi. Al parecer, según indicaba ayer la agencia Europa Press, Julián Sánchez supuestamente firmó en 2006 un contrato por un máximo de 600.000 euros -que finalmente fueron 471.043- para la asistencia técnica en la adquisición de 900.000 metros cuadrados de la ampliación del Parque de Miñano (Álava) con la citada compañía.