LA huelga general, en términos históricos, sólo tiene importancia como amenaza, cuando su hipotética convocatoria funciona como un conjuro que parece situar a todos los obreros en contra del Gobierno. Luego, cuando se convoca, la huelga general no pasa de ser un desiderátum que se agota en una sola mañana, y que sólo funciona en la medida en que los piquetes sean capaces de anular los servicios de transporte e impedir que abran algunos comercios importantes. Si la huelga general quedase al albur del trabajador que para voluntariamente, sería un fracaso total, y por eso todas las huelgas generales que yo recuerdo tienen su verdadera referencia en el día siguiente, cuando los sindicatos tratan de convencernos de que, en contra de las menguados datos oficiales y de la experiencia que cada uno tiene de tan singular acontecimiento, paró toda España.
En tales condiciones, es obvio que a los sindicatos les gusta mucho más amenazar con la huelga general que convocarla, y, si por ellos fuese, se pasarían diez años blandiendo esta amenaza, como hacía Radio España Independiente-Estación Pirenaica, antes de materializarla. A los gobiernos, en cambio, les han sentado de maravilla las huelgas generales, ya que todos ganaron sus citas electorales en contra de la mítica "soledad" a la que fueron condenados por Camacho, Gutiérrez y Fidalgo, dirigentes de CCOO, y por Redondo y Méndez al frente de la UGT. De todos es bien sabido que González y Aznar pasaron por sus huelgas generales sin un solo rasguño, y mucho me temo que, si Toxo y Méndez cometen el error de convocar un paro general contra viento y marea, también Zapatero va a recibir la dosis de inmunidad que va a proteger el poco carisma que le queda hasta el final de la legislatura.
En términos sociológicos, la huelga general es un concepto vinculado a las grandes economías industriales, cuando el término "obrero" hacía especial referencia a los trabajadores fabriles, y cuando las grandes corporaciones industriales fomentaban la división -y una cierta confrontación- entre la patronal, los estamentos técnicos y los trabajadores. Y por eso tenía sentido -aunque siempre fue difícil de gestionar- una estrategia basada en la idea de arrancar las concesiones sociales y laborales a golpe de paros y pérdidas que hacían gran mella en las empresas.
Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces, y a nadie se le oculta que los gobiernos y la política han sustituido a los sindicatos en el impulso de los salarios y servicios integrados en el modelo de bienestar. En una economía moderna y diversificada, donde todos -desde el catedrático al conserje, y desde el médico al camillero- somos trabajadores, no hay ninguna razón que justifique una huelga general.
La idea de que todos los trabajadores están enfrente de los patronos, de que todos tenemos problemas que admiten descripciones y soluciones similares, o de que las empresas siempre tienen margen para soportar las presiones salariales y un modelo rígido de empleo, es una temeridad. Y por eso no hay nada más exótico ni extemporáneo que afrontar la crisis que estamos atravesando con una huelga general. Cada vez son más los trabajadores que tienen plena conciencia de que el empleador y el empleado asumen riesgos y objetivos que tienen mucho en común, y por eso hay una creciente disposición a resolver los problemas mediante un diálogo directo y contextualizado, sin la tosca divisoria entre buenos y malos que distingue la acción sindical.
Novena reforma
Muchos trabajadores estamos preocupados, es cierto, por la forma en que se ordena y gestiona la economía pública, por el endeudamiento de las familias y las empresas, por la falta de competitividad, y por las repercusiones que tiene el modelo de contratación sobre el crecimiento y el empleo. Pero también sabemos que en un marco globalizado, y con un sistema monetario compartido, los debates sobre el marco laboral y financiero son cada vez más políticos y menos sindicales, por lo que resulta un enorme riesgo que Méndez y Toxo mantengan la llave de una conflictividad laboral y social que manejan con cierta imprudencia, sin sopesar globalmente las alternativas, y siempre regateando en corto.
Frente a la idea de que una reforma laboral es un acontecimiento extraordinario, la crónica de España registra ocho intentos de cambio profundo entre 1984 y 2006. La reforma que ahora se gestiona sería, pues la novena, y todos empezamos a deducir que, si hay una reforma cada 2,8 años, y si todos los gobiernos han puesto su mano sobre el mismo propósito, la reforma es algo muy necesario, y que el reformar sólo a medias, para contentar a todos, es una profunda equivocación. España tiene reiteradas experiencias de esta dialéctica constante entre los gobiernos y los sindicatos, y nadie ignora que todas las grandes decisiones que influyeron en la modernización y crecimiento de nuestra economía -la reconversión industrial de González, el plan de adaptación al euro de Aznar, la reforma laboral del 2001, y el ajuste actual- hubieron de hacerse en contra de unos sindicatos que llevan más de dos décadas sin entender nada, que sólo van a lo suyo y a favor de los suyos, y que, a pesar de las grandilocuentes informaciones sobre paros multimillonarios -el famoso paro del 14-D de 1988, cuando un ugetista se atrevió a cortar las emisiones de TVE a las 00.00 horas, se cifró en 8 millones de trabajadores-, siempre fracasaron en su intento de poner la calle en contra del gobierno.
En incomprensible correlación con la tozudez sindical, los gobiernos tendieron a retrasar sus medidas y a moderar su intensidad a cambio de una paz social que, antes o después, siempre acabó de romperse. Y en ese error también cayó -¡y de qué manera!- Rodríguez Zapatero, que, esperando aplacar la amenaza de un conflicto laboral que siempre blanden Toxo y Méndez, contribuyó a meternos en el gravísimo desajuste que ahora padecemos. Por eso es importante que los sindicatos -principales cómplices del desastre provocado por Salgado y Sebastián- convoquen su huelga general antes del verano, para que desinflemos cuanto antes el globo de sus amenazas, y para que todos podamos dedicarnos a reordenar un modelo laboral que nadie considera bueno y para el que no hay alternativas mejor consensuadas que la que ofrece el Gobierno.
Cuando las previsiones se cumplan, y los piquetes salgan a la calle, podremos comprobar que ninguna huelga general dura más de lo que aguantan las propias burocracias sindicales y los piquetes que cortan la movilidad y el libre acceso al trabajo. Porque nadie cree ya en que combatir la crisis a la griega, con el pueblo en la calle protestando contra sus propias decisiones electorales, sea un acierto y una oportunidad; y porque las huelgas generales siempre le dieron la victoria electoral al gobierno que trataron de combatir y aislar.
