PAMPLONA. Con este planteamiento saltó al ruedo el martes pasado el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, provocando la inmediata conmoción de sus compañeros de Navarra y la enésima matización de los del Gobierno Vasco, con duro tirón de orejas por parte del consejero de Interior, Rodolfo Ares: "Debería reflexionar y darse cuenta de que, si los radicales abertzales aplauden algunas de sus propuestas, en algo se estará equivocando".
Pero la propuesta de Eguiguren para abordar eso que se ha denominado conflicto político no cae del cielo. Hay todo un corpus argumental del propio Eguiguren que a lo largo de mucho tiempo ha ido configurando el discurso que pronunciaba esta semana, del mismo modo que esa iniciativa enlaza en muchos aspectos con diferentes propuestas que a lo largo de la última década han ido protagonizando la política vasca.
Al final, y simplificando, casi todo ha girado en torno a distintas posiciones respecto a territorialidad, autodeterminación y relación con el Estado. Eso sí, la diferencia determinante desde hace tres meses es que todas esas fórmulas se plantearon en un escenario en el que ETA estaba presente, aunque fuera en alto el fuego. Un elemento nada intrascendente. Otra cuestión importante es que en este tiempo los actores han asumido que estos nudos deberán resolverse en primer término entre los partidos vascos, con presencia de todas las sensibilidades políticas. La famosa mesa de partidos que, curiosamente, experiencias pasadas y el nuevo escenario político acercan cada vez más al telón de fondo del Parlamento. Y en ese punto quedaría una cuestión por resolver, la presencia de la izquierda abertzale, su vuelta a la legalidad, el plácet no resuelto aún por el Tribunal Constitucional a Sortu.
Las raíces
Una hoja de ruta de largo recorrido
Armado con una Biblia en una mano y dos catecismos del siglo XIX en la otra, Eguiguren acaba de ofrecer su última versión de su particular hoja de ruta para abordar la actualización del marco jurídico-político vasco. En realidad, poco nuevo. En el epílogo de Los últimos españoles sin patria (y sin libertad) ya exploró en 2003 "las bases de un arreglo", entre las que citaba la apertura de un diálogo "multipartidista" bajo las fórmulas que se decidieran pero siempre sobre "los principios del consenso y respeto al pluralismo político". Al encarar el derecho a decidir, establecía diferencias entre su reconocimiento, regulación y ejercicio, pero consideraba que podría ser reconocido como fruto de ese diálogo multipartito y en concertación con el Estado e incluso contemplaba una eventual consulta cuyos resultados deberían ser refrendados por cada uno de los territorios y por una mayoría cualificada.
Sobre la virtualidad que aquellos planteamientos tenían, sólo basta resaltar que aquel libro era el que llevaba bajo el brazo Josu Urrutikoetxea en su primer encuentro con Eguiguren en Ginebra en 2006.
Volviendo a 2003, eran los tiempos en los que en la política vasca se fraguaba la propuesta de nuevo Estatuto del lehendakari Juan José Ibarretxe y el propio Eguiguren fue el encargado de inspirar la alternativa del socialismo vasco a aquella iniciativa. Más Estatuto defendía la vigencia del texto de Gernika, admitía que aún estaba por completar y apuntaba sus "potencialidades que pueden y deben ser exploradas en bien del País Vasco y de la consolidación de nuestro marco de autogobierno y de nuestro consenso interno, siempre que abordemos esta cuestión en un contexto de libertad, con un terrorismo vencido, en igualdad de condiciones políticas y desde la máxima lealtad a la legalidad, constitucional y estatutaria, que nos hemos dado los vascos".
En 2004, Eguiguren publicaba otro libro, La crisis vasca. Entre la ruptura y el diálogo, en el que aportaba cinco bases sobre las que apuntalar un pacto político de mínimos. Entre ellas, aceptar que las fuerzas abertzales asumieran la vía estatutaria y constitucional y los autonomistas, que "el resultado de lo que se acuerde entre todos los partidos vascos" fuera "también aprobado por Madrid". Entonces, hablaba de llegar a una reforma del Estatuto.
En la campaña electoral de las últimas autonómicas, las que llevaron a Patxi López a Ajuria Enea, el programa del PSE-EE, se ponía en valor el Estatuto de Gernika y con ese punto de partida, se comprometía a que "un lehendakari socialista llamará a todas las fuerzas políticas democráticas para abordar la actualización y reconstrucción del pacto estatutario".
El acuerdo de Loiola
Una referencia multipartita
Pero más allá de la literatura que al respecto ha dejado Eguiguren y del devenir marcado por su partido, existen otras referencias clave de la política vasca de la última década que entroncan en parte con el discurso pronunciado el martes por el presidente de los socialistas vascos. La más obvia, entre otras cosas porque Eguiguren fue uno de los muñidores, la del pacto frustrado a tres bandas en Loiola en 2006.
El valor referencial de aquel acuerdo reside, precisamente, en haber concitado al menos temporalmente a tres de las cuatro grandes familias políticas vascas: PSE-EE -por cierto, con la presencia de Rodolfo Ares en aquel foro-, izquierda abertzale y PNV.
Dicho documento, se estructuraba en torno a tres ejes: bases políticas del futuro acuerdo, esquema general del diálogo multipartito y protocolo de gestión del "acuerdo-marco". Aquel acuerdo luego roto partía de un reconocimiento previo de la actual realidad jurídico-política para "promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios" de Hego Euskal Herria. Recogía asimismo el derecho a decidir - "nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado"-, "en ausencia de violencia", matizaba, y respetando los "procedimientos legales" que, añadía, "se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro para que no sea una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio".
El paso de la territorialidad
Anoeta, la inflexión
Un punto interesante, novedoso aunque ya asumido por la izquierda abertzale antes que en Loiola, era la asunción de la realidad político-administrativa de los territorios vascos. En Orain herria, orain bakea, la propuesta de Anoeta (noviembre de 2004), ya estaba presente ese elemento. Un año después, la izquierda abertzale plasmaba en Euskal Herria Eraikiz ese paso posibilista del reconocimiento de "la actual realidad política institucional y administrativa "como punto de partida para permitir el tránsito a un nuevo marco de unidad territorial".
En 2010, la izquierda abertzale volvía a reflejar la reflexión en Zutik Euskal Herria: "Las opciones de cambio político institucional caracterizan la situación de Euskal Herria, si bien es cierto que esas opciones tienen formas e intensidades diferentes en el sur y en el norte". En ese documento se establecía como objetivo "lograr el cambio democrático que ofreciera las suficientes bases para realizar el camino hasta la constitución del Estado vasco". Dos nudos, recordaba, a resolver: territorialidad y autodeterminación. "El acuerdo político resolutivo entre las distintas formaciones vascas, que deberá ser respetado por los estados, constituye el elemento que debe gestar el proceso democrático".
Los caminos del PNV
Del Plan Ibarretxe a la bilateralidad de Urkullu
Aquel texto fraguado en Loiola en 2006 serviría como asidero a Juan José Ibarretxe para lanzar la posteriormente paralizada por el Tribunal Constitucional Ley de Consulta, un paso que las filas socialistas entendieron como una "deslealtad" al plantear lo que desde el Estado se entendió como una ruptura con la legislación vigente. Esa propuesta llevó el lehendakari al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2008, pero tampoco nacía de la nada. Su génesis hay que buscarla en el proceso gestor de la propuesta de nuevo Estatuto, aprobada in extremis en el Parlamento Vasco en diciembre de 2004. Una reforma estatutaria ortodoxa en las formas -con debate previo en la Cámara vasca durante años, desde la Comisión Especial de Autogobierno a la ponencia y al Pleno-, que chocó precisamente con la puerta del Congreso, con la negativa de la Cámara Baja a darle trámite.
El texto estatutario reconocía la identidad de Euskal Herria y el derecho de decisión del pueblo vasco, así como el derecho de los siete territorios a "vincularse en un marco territorial común de relaciones". En su relación con el Estado, basada en la "libre asociación", preveía la creación de una comisión bilateral.
Un concepto, el de la bilateralidad, que no desaparecerá. En este proceso, ya en 2007 el entonces presidente del Euzkadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz, enuncia una "bilateralidad efectiva" bajo la premisa de "pacto y la no imposición", mediante el que Euskadi desarrollaría un autogobierno "que conlleve acuerdos políticos amplios". Ese concepto de bilateralidad, que bebe directamente del espíritu del Concierto Económico, es retomado también por Iñigo Urkullu en el marco del proceso de reflexión interno Think Gaur 2020. "El desarrollo del Concierto Económico nos conduce al concierto político y el concepto clave es, por tanto, el concierto político. Debemos ser capaces de articular, valiéndonos de conceptos propios de la historia política vasca, algo así como un pase foral en clave positiva como nuestro modelo de articulación política de futuro", decía en 2008. Nada muy lejano a la fórmula defendida por el propio Urkullu en su reelección al frente del EBB el pasado enero respecto a su proyecto de nuevo estatus o marco jurídico-político para Euskadi, con fecha eso sí, 2015.
Distintas posiciones, desde distintas herencias políticas y con recorridos diferentes para momentos políticos muy dispares, pero con puntos en común que prometen seguir siendo la base del debate político pendiente y, con más o menos protagonismo, siempre presente en Euskadi.