La cobarde venganza de doña Ana

EL viernes 10 de febrero, el secretario general de comunicación del Gobierno Vasco remitía al director de DEIA, en nombre del Grupo Noticias, un correo electrónico: "Como se informó cuando el Grupo Noticias quiso crear el caso Urchueguía, la afectada presentó en Nicaragua una demanda por injurias contra el principal informante de Xabier Lapitz en su serie de reportajes. Se ha producido ya una sentencia que la afectada ha hecho llegar al Gobierno, cuya copia te remito. En ella que se condena por un delito de injurias a Mauricio Cajina, dentro de la graduación más alta de la pena (la ley marca de 200 a 300 días de multa y se le condena a 270 días de multa, equivalente a 2.960 dólares, que allí es una pequeña fortuna). Dentro de la particular redacción de los testimonios, es reseñable que el demandado reconoce su responsabilidad, pero en su descargo (página 15, abajo) sugiere que sus testimonios fueron dirigidos e inducidos por el reportero". Hasta aquí lo escrito por Emilio Alfaro y de la sentencia tienen los lectores la información oportuna en las cabeceras del Grupo Noticias.

¿Coincidencia? No me sorprendió el correo. La víspera había leído la noticia en El Mundo y en El Diario Vasco. En el primero iba sin firma identificable (E.M. que supongo las iniciales del periódico) y en el segundo era J. Artola quien ponía nombre a la reseña.

Casualmente las dos informaciones contenían párrafos literales y resaltaban las mismas frases de una sentencia de 16 folios. Por supuesto, el enfoque era calcado. Solo caben dos suposiciones para explicar este extraño fenómeno periodístico. La primera: que J. Artola trabaje a la vez para Pedro J. y para Vocento. La segunda, que hayan publicado lo que sin ser un comunicado oficial (nosotros no lo recibimos) procedía de una redacción común: el Gobierno Vasco. Como me consta que la primera de las opciones no es cierta, concluyo que han publicado al dictado del Gobierno sin citarlo. Un ejercicio profesional de primera. Tienen pinta de llegar lejos.

Pero esta casualidad viene precedida de otra: la víspera estuvieron comiendo con Patxi López, el citado Alfaro, el secretario de la Presidencia Manuel Salinero, el hombre que vale para todo Andoni Unzalu y algún miembro más de Lehendakaritza, un nutrido grupo de directores y columnistas de Vocento, El Mundo, El País, Cadena SER, ETB, Radio Euskadi, Agencia EFE, Europa Press y Radio Nacional de España. Las ausencias lo dicen todo y sí, es lo que parece.

Un poco de memoria Conviene recordar algo antes de explicar lo que dice la sentencia. Por ejemplo, que Urchueguía (y primero el propio lehendakari) mintieron. Dijeron que doña Ana no tenía lo que luego tuvo que admitir que sí tenía. Mintieron a la opinión pública y mintieron en el Parlamento. Ninguna de las afirmaciones sobre las propiedades de Urchueguía en Somoto que fueron publicadas por el Grupo Noticias han sido desmentidas. Al contrario, muy a su pesar, la delegada del Gobierno en Chile tuvo que admitir que sí, que todas esas fincas eran de su propiedad. Y de paso, alguna más.

Pero aún más: admitió que la más extensa de sus fincas la adquirió a la ONG a la que ella enviaba el dinero público de los fondos que salieron de las arcas de Lasarte-Oria y de otros municipios e instituciones. Eso es así y ni siquiera la sentencia ahora publicada lo rebate. Mintió y embarcó en la mentira a Patxi López, que me reconoció en una conversación mantenida en el piso 16 de un hotel en Dallas que "leí lo que me dieron". Se lo escribió Andoni Unzalu y allí, además de mentir, trataron de injuriarme nominalmente al afirmar que había pagado para obtener testimonios falsos. Lo dijo nada menos que en el Parlamento. Si López quiere, desvelamos en su totalidad aquella conversación.

De forma incomprensible para mí, pero supongo que ajustada a la ley, un fiscal de Gipuzkoa tomó la decisión de no admitir a trámite una denuncia para que investigara estos hechos. Así será si él lo dice. Ahora es el Ayuntamiento de Lasarte-Oria el que anuncia una nueva denuncia.

Justicia nicaragüense La sentencia son 16 folios en letra pequeña y párrafo sin interlineado. Un tocho, vaya. Me llama la atención que soy citado en 17 ocasiones de forma nominal y cerca de cuarenta con la fórmula indirecta de "el periodista". Sin embargo, nadie me ha llamado a declarar como testigo. Ni la acusación, ni la Fiscalía, ni siquiera la defensa que, deduzco, es de oficio. Como garantía procesal, deja bastante que desear.

Según el relato de la sentencia, Ana Urchueguía pone la denuncia porque en agosto de 2011 se entera a través de internet, en la oficina de Somoto con la que tiene el tejemaneje, de que le han injuriado. Fue, según ella declara, el dos de agosto. Puede que esa mentira cuele en Somoto, porque sospecho que la Justicia allá tiene más coladeros que la de aquí. Los hechos son otros y Urchueguía vuelve a mentir. Será una costumbre adquirida.

Las noticias sobre las propiedades de Urchueguía se publicaron en Euskadi la última semana de febrero. Ella fue requerida antes para que explicara lo que considerara oportuno (reaccionó con aquella carcajada histérica e histórica a las preguntas del periodista Guillermo Nagore). La propia Urchueguía compareció en el Parlamento vasco el cinco de abril de 2011 y habló extenso de la cuestión. Fue allí donde admitió que suyas eran las propiedades que le atribuíamos y que solo unas semanas antes negó tener. Esas? y alguna más.

Luego es una milonga que se enterara de lo que estaba pasando en una visita casual a Somoto. Como también era una milonga, fabricada por Andoni Unzalu, la versión que López hizo de los hechos para torear la falta de ética demostrada por la campeona de la cooperación.

doble cobardía Antes de que Urchueguía descubriera la fantástica y pulcra garantía jurídica del régimen de Ortega, se hinchó a anunciar querellas en Euskadi: contra el Grupo Noticias y contra los periodistas firmantes de aquellas informaciones. Más en concreto, el propio Patxi López y Ana Urchueguía anunciaron la presentación de una demanda contra Noticias de Gipuzkoa. El juez citó a las partes a un acto de conciliación. Hasta hoy. Y es que lo mismo ha sucedido con otras querellas finalmente no presentadas desde el entorno socialista contra otras informaciones del Grupo Noticias. Sospecho que rehúyen ir a un tribunal donde saben que el derecho a la información no es pisoteado.

La alternativa que tomó doña Ana da buena muestra de su catadura moral. Golpeó al más débil, al somoteño que habló y que había demostrado rebeldía (ya con anterioridad) a los cambalaches que se trajo la pareja Urchueguía-Rivas durante su época dorada. Cajina es un sandinista sin casa política, como muchos otros sandinistas que no dan crédito a la deriva dictatorial de los Ortega en la que tan cómoda se siente Urchueguía.

Señala el señalador Alfaro, como prueba definitiva de mal periodismo, que Cajina en su alegato final dijo que "el mismo periodista indujo cosas que yo no funcioné". No sé muy bien lo que significa ese "no funcioné" pero tengo claro que un acusado tiene derecho hasta de mentir para evitar la condena. Nuestras fuentes en Somoto nos avisaron de lo que pasaba y de lo que pensaba alegar. Lejos de enfadarme, traté de ayuda,r pero su entorno consideró que podía ser peor el remedio que la enfermedad. Y le entiendo. Muestro desde aquí mi apoyo a él y a todos los que a pesar de las presiones de la doña, siguen dispuestos a hablar.

No quiero terminar estas líneas sin llamar la atención sobre la miserable alusión que Emilio Alfaro hace a la multa impuesta a Cajina: "Allí es una pequeña fortuna". Desde luego que lo es. Y si se trataba de destacar la gravedad del delito al que ha sido condenada la persona que entreviste en un banco de un parque de Somoto, se ha retratado como un ex periodista metido a justiciero. Si él considera que esto es un insulto y no una crítica, le espero en el juzgado. Pero aquí, no en Somoto.