En una semana presidida por el habitual rifirrafe entre los partidos y por las ya cotidianas decisiones europeas en torno al déficit, una inesperada noticia ha conseguido dinamitar la rutina y colarse en primera plana en los medios de comunicación de la CAV. El lunes salía a la luz la investigación de la Fiscalía sobre el cuñado del lehendakari Patxi López y hombre clave en el PSE, Melchor Gil, por un presunto delito económico. Según los informes de la Hacienda vizcaína, gastó 419.074 euros de procedencia desconocida y destinados, en su mayor parte, a construirse un chalé con piscina en Castro. Una importante fracción de los pagos fue efectuada con 292 billetes de 500 euros, que levantan notables sospechas entre las autoridades económicas, máxime desde el boom del ladrillo.
El monto no fue extraído de sus cuentas corrientes o de las de su mujer, también investigada; ni se correspondía con el préstamo hipotecario por un importe máximo de 360.000 euros que le fue concedido el 16 de mayo de 2007. Más tarde trataría de justificar su origen con un presunto contrato suscrito con un prestamista investigado por blanqueo de capitales. Aunque regularizara su situación fiscal al menos hasta 2009 pagando la correspondiente sanción por las supuestas irregularidades detectadas -entre las que también se cuentan deducciones presuntamente erróneas por sus aportaciones al PSE-, la incógnita sigue pendiendo sobre la fuente de esos 419.074 euros que, según las investigaciones, podría enfrentarle a acusaciones de cohecho o blanqueo de capitales.
De Hacienda a la Fiscalía
La decisión compete a la Fiscalía del País Vasco, que habrá de decidir si procede interponer una denuncia en el juzgado o archivar el caso una vez concluya sus diligencias. Por lo pronto, según se ha podido confirmar, Gil declaró en los juzgados bilbaínos el 29 de febrero y durante dos horas y media en el marco de la investigación abierta por el presunto delito en el que podrían haber incurrido él y su mujer entre 2005 y 2009. La Fiscalía decidió actuar tras recibir el expediente de manos de la Diputación, obligada a proceder de oficio en caso de que detecte un fraude superior a los 120.000 euros, circunstancia que no concurre en el caso de Gil; o en el supuesto de que entrevea prácticas constitutivas de delito, como así lo habría intuido en los movimientos del socialista.
El aludido llegó a firmar el 15 de julio de 2011 un acta de conformidad con compromiso de pago, que se traducía en que, suscribiendo ese texto de Hacienda, Gil asumía los hechos -admitía, pues, que no había podido justificar el origen de esos fondos-, y se comprometía a pagar la sanción correspondiente. Ese documento fue el que motivó la investigación del Ministerio Público, aunque el socialista acusó después al PNV de manipular la inspección para incriminarle, y adelantó que tomaría medidas legales. Gil sostuvo que detalló los datos precisos, y cargó contra la Diputación de Bizkaia, a la que acusó de filtrar el informe en el marco de una supuesta estrategia de acoso. El ente foral, por su parte, optó por la discreción, mientras los jeltzales rechazaron emprender juicios paralelos.
Dinero sin rastro
Las indagaciones se remontan a 2005 cuando, según los datos de Hacienda, el vicesecretario general del PSE de Bizkaia comienza a efectuar pagos con ese supuesto dinero negro. Al adquirir los terrenos sobre los que edificaría su chalé en Castro, 6.960 de los 146.407 euros que tuvo que abonar para hacerse con la parcela de 454,82 metros cuadrados no salieron de sus cuentas ni de las de su esposa. Los ingresó en efectivo en una oficina de La Caixa el 5 de enero, dos meses antes de escriturar las tierras compradas a la empresa Arcoti 2000, SL. El resto del pago lo efectuó el 23 de marzo, cuando se formalizó esa escritura. Obtuvo los fondos de la cuenta de su cónyuge, a través de un cheque de la BBK.
Una vez logrado el terreno, encargó la construcción de la vivienda a Promociones de Bizkaia 2001, SL, con un contrato verbal y por un precio de 669.514 euros. Gil abonó el importe por medio de dos transferencias bancarias de clara procedencia por valor de 270.000 euros, y a través de diez pagos en efectivo que sumaban 399.514 y de los que, al igual que los 6.960 euros del terreno, no se sabe su origen. El último pago fraccionado y en metálico del chalé se cerró el 21 de agosto de 2009, mientras el primero fue saldado en enero de 2008. Al margen de los movimientos para construir el chalé, Hacienda detectó abonos a sus cuentas de fuente igualmente desconocida por un importe de 12.600 euros. Los 6.960 euros empleados para pagar parte del terreno, los 399.514 destinados a parte de la construcción, y esos ingresos por 12.600 euros conforman los 419.074 de los que la institución foral vizcaína no conoce su origen.
Hacienda comenzó a trabajar para esclarecer los hechos el día 9 de junio de 2010. Veinte días después lo comunicaba a Gil y a su esposa, M. C. G. C., al no encontrar movimientos en sus cuentas bancarias que demostraran que había pagado esas cantidades con los rendimientos de su trabajo, en los que se basaba su declaración de la renta. No fue hasta un año después, el 15 de junio de 2011, cuando presentó ante Hacienda el presunto préstamo que justificaría la procedencia de ese dinero. Un mes más tarde, además, firmó el acta de conformidad del ente foral, en el que se echaba por tierra la validez como prueba del contrato que había puesto sobre la mesa.
La incógnita del préstamo
Gil esgrimió un convenio por valor de 150.000 euros rubricado en Sevilla el 1 de febrero de 2007 entre Luis Castel Romero, como representante de Vivendia Group Cassa SL, y el matrimonio, pero la subinspectora encargada de la investigación no dio por bueno el documento, redactado en tres folios, sin sello de la empresa y sin haber sido incorporado en un registro público para que tuviera validez ante terceros. Además, Luis Castel, que saltó a la fama por intentar comprar a Manuel Ruiz de Lopera sus acciones en el Betis, fue investigado por blanqueo de capitales al haberse detectado operaciones bancarias "inusuales" en una de sus empresas. Según las indagaciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, se habrían registrado movimientos de dinero en billetes de 500 euros sin procedencia justificada.
El contrato brindaba al socialista y su esposa un plazo de cinco años para devolver el préstamo, con un interés del Euribor más 1% que llamó la atención a la institución foral por ser "muy inferior" a las tasas de mercado, máxime para un crédito sin garantías. La subinspectora tampoco perdía de vista la fecha de presentación de la prueba, "curiosamente" tras detectar cantidades no justificadas y un año después de localizar las presuntas irregularidades. Por otra parte, no creía probado que el importe fuera efectivamente destinado al pago del chalé, conclusión a la que llega tras cruzar los datos de las supuestas cuatro entregas del préstamo con los diez pagos del matrimonio.
La parte más lapidaria hace referencia a las incorrecciones "excesivas" que presenta el contrato a la hora de citar a la empresa prestamista. Se menciona su nombre hasta en ocho ocasiones, y en ninguna de ellas se designa correctamente, sino como Vivendia Gruop Cassa, Vivendia Gruopu Cassa o Vivendia Grupo Cassa. Hacienda muestra sus sospechas y entiende "poco probable" que el representante de una empresa no repare en esas erratas al estampar su firma en el documento. Va más allá al considerarlo "falto de verosimilitud".
Los presuntos delitos
Al margen de lo que pueda decidir la Fiscalía sobre el origen de los 419.974 euros, Hacienda ya ha sancionado a Gil, dentro de sus propias competencias, por fraude fiscal. Según la investigación, obtuvo una devolución "improcedente" de 8.139,70 euros, y dejó de pagar 85.802,01. A la suma de 93.941,71 euros que debía devolver se agregan otros 9.609,52 por intereses de demora. El acta de conformidad registra el pago de 131.733 -los 103.551 de deuda más la sanción de 28.182 euros- por regularizar el ejercicio 2008.
Entre las páginas del informe se encuentran varias referencias a las deducciones presuntamente irregulares en base a sus aportaciones al PSE de 2005 a 2009. Hacienda aún se halla a la espera de documentación para aclarar ese extremo. Llamó a su puerta para solicitar la información que justificara el pago, pero no habría recibido respuesta, por lo que tuvo que acudir al socialismo, que solo pudo entregar los datos referentes a 2008 y 2009, pero que puntualizó que el resto había sido remitido al Tribunal de Cuentas, según esa investigación.
En función de ese mismo documento, las aportaciones computadas en los cinco ejercicios ascendieron a 97.479 euros. Gil habría calculado algunas de las aportaciones en base al neto, y la deducción en base al bruto, de modo que el cálculo siempre le resultaría favorable.
La Fiscalía, por su parte, maneja para su investigación dos dossiers de Hacienda, que llegaron a sus oficinas el 4 de marzo de 2011 y el pasado 30 de enero. En el primero, el ente foral aseguraba haber hallado indicios de comisión de delitos contra la Administración Pública, en referencia a los comprendidos en el Título XIX del Código Penal, que recoge los supuestos de cohecho, tráfico de influencias, malversación o fraudes y exacciones ilegales. A ellos podría sumarse el blanqueo de capitales, a la luz del informe. El segundo texto proporcionado a la Fiscalía es el acta de conformidad firmada por Gil.
El núcleo del PSE
Una de las constataciones más llamativas del informe es la que pone sobre la mesa la "elevada responsabilidad política" de Gil. De la misma cuadrilla que Patxi López, trabajó su carrera en el PSE desde las juventudes del partido, de las que llegó a ser secretario general, y desde donde acercó a su hermana Begoña, esposa del lehendakari, a la formación. Los Gil han desempeñado puestos de relevancia en la cocina del socialismo, coordinando campañas electorales, siempre desde un segundo plano y labrando su trayectoria desde el predicamento con el que cuentan en el destacado aparato vizcaíno.
Hombre de confianza del jefe del Ejecutivo -vecinos de la calle en la que se ubica el chalé aseguraron haber visto a López por allí-, contaba con su escaño en las Juntas durante el periodo investigado y llegó a ser su vicepresidente primero en 2007, al tiempo que representaba al PSE en los consejos de EiTB, Puerto de Bilbao y Petronor.
Pero su trascendencia no ha sido flor de un día, ya que sigue formando parte del núcleo duro del partido, como así lo probaría su fichaje como miembro del comité electoral de cara a la cita con las autonómicas de 2013, donde el PSE se la juega. Solo quedará por debajo del omnipresente Rodolfo Ares en el organigrama. En el último Congreso del PSOE, que se saldó con la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general y con el salto del lehendakari a la cúpula socialista como responsable de Relaciones Políticas, las cámaras captaron a López, Gil y Ares departiendo a solas durante las negociaciones que se desarrollaron de madrugada para confeccionar la Ejecutiva de Ferraz. En la actualidad trabaja para Iberinco -Iberdrola ingeniería y construcción-, y es vicesecretario general del PSE en Bizkaia.
Una investigación al detalle
Para llevar a término la investigación sobre Gil y su cónyuge, se pusieron manos a la obra doce empleados de la Hacienda vizcaína. Desde junio de 2010, han solicitado información a los implicados, se han reunido con ellos -Gil llegó a nombrar temporalmente a uno de los empleados de la constructora como representante legal- y han estudiado sus movimientos bancarios. El estudio tendría controlados al detalle 212.299 de los 399.514 euros que empleó para pagar parte del chalé, y que corresponden a seis entregas en efectivo -de diez- en las que el BBVA tomó nota de los tipos de billete utilizados. Gil habría empleado 292 de 500 euros, 179 de 200, 17 de 100, 254 de 50, 555 de 20 y 500 de 10.
