PARÍS. ETA se planteó reclamar 12 millones de euros en un periodo de diez años a Mondragon Corporación (MCC) dentro de sus operaciones de extorsión, según documentos encontrados al ser arrestados en el Estado francés el 3 de octubre de 2004 los dirigentes de la banda Mikel Albisu Antza y Marixol Iparragirre Anboto. El comandante de Policía de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), Stéphane Durey, explicó ayer ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga a Albisu e Iparragirre que esos planes figuraban en uno de los múltiples documentos requisados en la casa rural de Salies de Béarn donde vivía esta pareja con su hijo en el momento del arresto.

Durey, que no dio información sobre si tuvo noticia de que esos proyectos se hubieran puesto en práctica, precisó que MCC es una empresa de grandes dimensiones, ante la sorpresa manifestada por uno de los miembros del tribunal de que la organización armada le pudiera exigir cantidades tan importantes.

ENTRE 15.000 Y 200.000 EUROS Previamente, el experto antiterrorista había dado cuenta del funcionamiento de las diversas estructuras de ETA que participaban en la reclamación del impuesto revolucionario, e indicó que las demandas pretendían tener un carácter "racional" respecto a las posibilidades financieras de las compañías extorsionadas. Sin embargo, hizo memoria para referirse a un paquete de 144 cartas encontradas en un vehículo abandonado en Francia en diciembre de 2003 para asegurar que las cifras reclamadas solían situarse entre 15.000 y 200.000 euros.

Durey puso el acento en que, a partir de los elementos en disposición de la Policía, habría quedado claro que Albisu fue el jefe político de ETA desde 1992 y hasta su captura, mientras que su pareja ejerció como "responsable financiera" desde comienzos de 2000. Esta última, según dijo, no solo se limitaría a controlar y centralizar la contabilidad de todos los aparatos de la organización, sino que "controlaba los recursos" y "se implicaba particularmente en las operaciones de extorsión".

A ese respecto, aludió a un texto en el que Anboto pedía que se castigara a un empresario si se confirmaba que había colaborado con la Policía, porque el mismo día en que pagó a la organización un segundo plazo de 72.000 euros en el suroeste del Estado francés, a comienzos de 2003, los tres activistas que se llevaron ese dinero fueron detenidos.

Según el análisis del comandante de la SDAT, Iparragirre, desde su puesto de dirigente, "daba instrucciones para amplificar y acelerar la entrada de fondos con la extorsión". Y se refirió a una nota interna de ETA en la que se sostenía que, tras el asesinato en agosto de 2000 del responsable de la patronal Adegi, José María Korta, la mayor parte de los empresarios chantajeados "pagaban sin rechistar".

En otra, Anboto hablaba de "la gravedad de la situación financiera" por la que atravesaba la organización en 2004. El fiscal, Jean-François Ricard, hizo alusión a informaciones publicadas en el Estado español, según las cuales unas 200.000 personas pueden haberse "exiliado" por el clima de amenazas de ETA.

Los dos acusados, que en primera instancia fueron condenados a 20 años de cárcel, se guardaron sus comentarios sobre la intervención del oficial de la SDAT para hoy mismo, cuando Durey volverá a declarar en una nueva vista.