PAMPLONa. Los cuatro imputados por estampar tres tartas contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, el 27 de octubre de 2011 en la localidad francesa de Toulouse, consideran una "absoluta desproporción" que los hechos hayan sido calificados de "atentando grave a la autoridad" y que las peticiones de penas de cárcel oscilen entre los 5 y los 9 años.
En concreto, el fiscal de la Audiencia Nacional pide cinco años de prisión y una multa de 2.700 euros para Gorka Obejero, Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Álvarez, mientras que la acusación particular ejercida por Barcina solicita nueve años de prisión y 5.400 euros de multa para el primero, por ser concejal de Arruazu, y seis años de prisión y 3.600 euros de multa para los otros tres. La Fiscalía acusa a los tres primeros de ser los autores de los tartazos y a Álvarez de "cooperador necesario".
Los cuatro, integrantes del movimiento anti TAV Mugitu!, explicaron en rueda de prensa que han presentado un recurso "por cuestiones de previo pronunciamiento", en el que plantean que los hechos deben juzgarse en el Estado francés "según las normas del derecho internacional". Subrayaron que en Francia se archivaron las diligencias abiertas en Toulouse por decisión de la Fiscalía, por lo que se trataría de "una cosa juzgada".
"Tenemos la convicción de que estas cuestiones tienen suficiente peso jurídico como para que se deba archivar definitivamente el proceso seguido ante la Audiencia Nacional", manifestó Álvarez, quien recalcó la "diferencia abismal" con el tratamiento dado a hechos idénticos en otros países europeos, donde se han saldado con penas de multa. Comentaron que, rastreando por Internet, únicamente han encontrado un caso en San Franscisco (EEUU), donde hubo una condena de tres meses de cárcel.
Reprocharon a Barcina por buscar "un castigo ejemplarizante" y anunciaron que van a desarrollar una campaña de apoyo a los imputados y de rechazo a "macroinfraestructuras" como el TAV, "inútil y despilfarradora". "En Navarra se están tirando al váter millones de euros en Cadreita sin poder arrancar el segundo tramo", denunciaron, antes de animar a sumarse a la desobediencia civil "hasta conseguir la paralización definitiva del proyecto".
