MADRID. "Europa tuvo sus asesinos en 1945 y se les juzgó en los juicios de Nuremberg con sentencias ejemplares. Para estos asesinos lo que pedimos es que se cumplan las condenas: los 30 años, ni un día menos", ha señalado Alfonso Sánchez, guardia civil retirado afectado por el atentado de ETA en la Plaza de República Dominicana de Madrid, con doce muertos.
Durante una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Víctimas para el Terrorismo (AVT), Enrique González, otro guardia civil retirado afectado por este atentado y también víctima de Inés del Río ha asegurado que hoy siente "indignación, rabia e ira" por la decisión de Estrasburgo.
Otro compañero de estos agentes, Raimundo Plaza, ha asegurado que siente "impotencia" ante la "injusticia" que, a su juicio, ha cometido hoy el Tribunal europeo y ha pedido al Gobierno "firmeza" con los terroristas ante esta sentencia.
Jesús Forcha, que conducía un Land Rover cuando se produjo el atentado de la calle Juan Bravo en el que fallecieron cinco guardias civiles y en el que también participó Inés del Río, ha apuntado que "cuando empieza la política acaba la razón" y, en su opinión, "hoy acaba de empezar la política".
En este tono se han pronunciado Pascual Grada, una víctima del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que participó Henri Parot y que ha instado a los magistrados que han tomado esta decisión a "mirar a la cara a las víctimas que han perdido a sus seres queridos y que no guardan de ellos más que su recuerdo".
"Asco", "vergüenza", "indignación", "impotencia" e "injusticia" son otros de los sentimientos que han expresado estas víctimas que, al terminar el acto, han roto unos carteles en los que figuran las caras de algunos de los posibles beneficiados de esta decisión.
EL COSTE DEL 'MAL LLAMADO PROCESO DE PAZ'
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha denunciado este lunes que la sentencia es "el coste del mal llamado proceso de paz" puesto en marcha durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Blanco, junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Angeles Pedraza, se ha reunido esta tarde con los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, para analizar las consecuencias de la decisión de Estrasburgo avalando la sentencia que condena a España por la aplicación de la 'doctrina Parot' a la etarra Inés del Río.
La hermana del concejal del PP Miguel Angel Blanco asesinado por ETA en 1997 ha arremetido contra la negociación con ETA emprendida por el Ejecutivo de Zapatero y ha asegurado que la derogación de la 'doctrina Parot' estaba en la "hoja de ruta" de ese proceso de paz.
En este marco, tanto Blanco como Pedraza han coincidido en que el magistrado español en el TEDH, José Luis López Guerra, "ha cumplido perfectamente su papel". López Guerra fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 y ha votado a favor de la derogación de la 'doctrina Parot' en Estrasburgo.
Ambas han trasladado a los ministros de Interior y Justicia su malestar por la presencia del ex secretario de Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Gobierno les ha trasladado que no es posible su relevo porque aún le queda "un año y medio" de mandato.
"Yo ya sólo espero que a partir de hoy, él y todos los que han participado en esta decisión no puedan dormir tranquilos. Han hecho tanto daño que no lo pagarán en toda su vida", ha afirmado Pedraza.
En este punto, han celebrado que la sentencia no sea "generalizada" y cada preso que quiera acogerse a ella deba presentar su recurso uno a uno. Así, han pedido "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos. "No podemos ver un autobús de salida de presos", ha dejado claro Pedraza.
"DISPARATE POLÍTICO, JURÍDICO, ÉTICO Y MORAL"
Blanco, que ha calificado la decisión de Estrasburgo de "disparate político, jurídico, ético y moral", ha reconocido que es un día "muy complicado" para las víctimas, a quienes sólo queda la esperanza de la justicia después de "enterrar" a sus familiares.
Mientras, la presidenta de la AVT ha trasladado a los ministros su petición de que el Gobierno no acate la sentencia, pero los miembros del Ejecutivo le han transmitido que los pasos a seguir están ahora en manos de la Audiencia Nacional. Lo que sí depende del Gobierno es la "agilización" de la implantación de la prisión permanente revisable, algo que Gallardón ha asegurado que se hará.
Según han reconocido, en el encuentro no han abordado la posibilidad de "ingeniería jurídica", como Fernández Díaz llamó a los mecanismos para dilatar su aplicación, pero sí han insistido en que, dentro del marco legal existente, se evite una salida masiva de presos.
Además, el Gobierno les ha asegurado que ya existen órdenes para actuar contra cualquier caso de enaltecimiento del terrorismo que pudiera darse, aunque han advertido que estarán "vigilantes" para que todas estas acciones sean prohibidas y recurridas.
