pamplona - El cambio en el Gobierno de Navarra ha disparado la factura de las cesantías, hasta el punto de que el nuevo Ejecutivo ha tenido que reservar una partida de 958.000 euros en el proyecto de presupuestos de 2016 para hacer frente a estos pagos.
Solo en los meses de agosto, septiembre y octubre, la Administración foral ha tenido que desembolsar 166.455,43 euros por este concepto. Se trata de un derecho recogido en el artículo 3 bis de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la administración de la Comunidad Foral de Navarra, que establece el régimen aplicable y las percepciones de los altos cargos tras su cese.
Los actuales beneficiarios de las conocidas como cesantías son ex miembros del Gobierno de Navarra, ex directores generales de la Administración y ex directores gerentes de los organismos públicos, nombrados en su día por UPN.
Todos ellos tienen derecho a percibir “una prestación económica mensual cuya cuantía será igual a la doceava parte del 80% del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese”. Esta compensación solo se puede percibir durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que permanecieron en el cargo, “con un máximo, en todo caso, de 24 mensualidades”.
Además, si durante el periodo de devengo de la prestación no procede que el interesado se encuentre dado de alta en su sistema de previsión social, “podrá suscribir un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social y tendrá derecho al reintegro de las cotizaciones derivadas del mismo”.
Por el contrario, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos “no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas”.
CINCO EXCONSEJEROS En la actualidad, 15 ex altos cargos disfrutan del cobro de cesantías. Cinco de ellos fueron miembros del último Gobierno de Yolanda Barcina. La que fue su vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, recibe la compensación más alta. En concreto, cobra 5.378,60 euros al mes. Tiene derecho a percibir esta prestación hasta el 23 de julio de 2017. Si la agota, ingresará 129.086,4 euros en dos años. No obstante, también podría renunciar a ella antes del final. De hecho, en numerosas ocasiones anunció que a su salida del Ejecutivo regresaría al despacho profesional en el que trabajaba antes de atender la llamada de Barcina. Puede hacerlo en cualquier momento, al no existir incompatibilidad para su reincorporación.
Otros cuatro exconsejeros se han acogido al régimen de cesantías. José Iribas (ex de Educación), Marta Vera (ex de Sanidad), Javier Morrás (ex de Presidencia, Justicia e Interior) y Juan Luis Sánchez de Muniáin (exvicepresidente segundo y exconsejero portavoz y de Cultura) las solicitaron el pasado 24 de julio, al día siguiente de ser relevados en sus cargos.
Los tres primeros tienen una asignación mensual de 5.062,21 euros. Muniáin, sin embargo, solo ingresa 1.260,10 euros, que es la diferencia entre su sueldo de parlamentario y el que recibiría si estuviera en el paro, que sería idéntico al que cobra Goicoechea. Todos los exconsejeros tiene derecho a continuar recibiendo esta prestación hasta el 23 de julio de 2017, excepto Morrás, que solo podrá hacerlo hasta el 6 de febrero de 2017, al haberse incorporado al Gobierno un año después, justo después de que el socialista Roberto Jiménez fuera cesado en este mismo cargo.
Otros tres miembros del Gabinete de Barcina no han solicitado la cesantía. Son los casos de Javier Esparza (ex de Desarrollo Rural), Íñigo Alli (ex de Política Social) y Luis Zarraluqui (ex de Fomento).
Esparza, dada su actual condición de portavoz parlamentario, tiene un sueldo anual de 55.601,14 euros, ligeramente por debajo de los 60.746,52 que cobraría de haber pedido la cesantía.
Alli, que salvo cataclismo el 20 de diciembre se convertirá en diputado, tampoco ha pedido esta prestación después de haber firmado la rescisión con La Caixa, mientras que Luis Zarraluqui, actual parlamentario, se encuentra en una situación muy similar a la de Esparza.
Además, siete ex directores generales y otros tres ex directores gerentes se han acogido a las cesantías. A todos ellos les corresponde un salario mensual de 3.684,84 euros, excepto a Eradio Ezpeleta, que cobra 3.602,27. Carlos Erce, Carmen Zabalegui, Íñigo Huarte y Mª Jesús Valdemoros pueden percibir esta prestación hasta el 12 de agosto de 2017. En cambio, Ezpeleta, Mariano Oto, Pruden Induráin y Patxi Pérez la tienen limitada hasta el 3 de marzo de 2017, un día más que Valentín Elizondo, mientras que a Mª Teresa Nagore se le acaba el 16 de febrero de 2017.
¿Quiénes las cobran? Tienen derecho a cobrar cesantías quienes han sido altos cargos del Gobierno de Navarra; es decir, consejeros, directores generales y directores gerentes de organismos públicos.
¿Cuánto se cobra? El 80% del total anual de las retribuciones que estuvieran cobrando en el momento de cesar en el cargo. El pago se abona en 12 mensualidades.
¿Durante cuánto tiempo? Las cesantías se pueden solicitar al día siguiente de cesar en el cargo y se tiene derecho a cobrarlas durante la mitad del tiempo que se ha permanecido en el cargo con un máximo de dos años.
¿Qué sentido tienen? Compensar a quienes por la ley de incompatibilidades no pueden volver a determinados puestos de trabajo en dos años.