pamplona - El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, informó ayer de que la Ejecutiva de su formación ha decidido suspender cautelarmente de militancia y abrir una investigación a dos de sus diputadas en el parlamento balear y a un miembro de la dirección autonómica por un posible caso de corrupción. Se trata de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, y de la diputada Montse Seijas, quienes habrían utilizado su cargo público para beneficiar al dirigente morado y secretario de Acción Institucional, Daniel Bachiller, a través de la firma de un convenio entre el Gobierno balear y el laboratorio científico que éste dirige.
Según explicó Echenique, existen “indicios” de que esas dos diputadas pueden haber maniobrado para favorecer los intereses personales del dirigente autonómico y, por ello, y a petición de la dirección de Podemos en las Islas Baleares, han decidido abrir un expediente disciplinario -que tendrá que resolver la Comisión de Garantías- y suspenderles cautelarmente de militancia.
La presidenta del Parlament tendría que dejar su cargo si dejase de pertenecer al grupo parlamentario de Podemos, según lo destaca el artículo 39 del Reglamento del Parlament de la Islas Baleares. En este momento, Huertas, ya suspendida cautelarmente por Podemos, podrá seguir en su cargo, aunque “no podrá hacer intervenciones en ningún ámbito” en nombre de esta formación mientras siga abierto el expediente del partido que investiga un posible caso de corrupción, según destacó la responsable del área legal de Podemos en Baleares, Aina Díaz. Además, Díaz explicó que si el expediente “se resuelve de manera negativa” la sanción sería de expulsión porque “así se ha abierto el expediente y entonces sí dejaría de ser de Podemos”.
Sería de esta forma en la que, según se aprecia en el reglamento, Huertas tendría que dejar el cargo, no así su escaño. En concreto, en el texto del reglamento figura que los miembros de la Mesa cesarán como tales por la pérdida de la condición de diputado o diputada por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 10 de este reglamento; por renuncia expresa a la condición de miembro de la Mesa; o por dejar de pertenecer a su grupo parlamentario.
Por su lado, Huertas manifestaba ayer mismo que si tuviera que dimitir del cargo, le quitarían “un peso de encima”. “Este no era el sitio ideal para mí”, espetó. A preguntas de los periodistas, la máxima responsable de la Cámara autonómica insistía en que “no se me caen los anillos por irme, la presidencia no es la ilusión de mi vida”.
otros casos No es la primera vez que se da un caso de este tipo en el partido morado. En Alicante, el partido de Pablo Iglesias ya expulsó a una edil por conceder contratos a una empresa de amigos suyos y, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se está investigando a otro concejal por un posible caso de prevaricación.
En el caso de Alicante, el Comité de Garantías de Podemos en la Comunitat Valenciana decidió el pasado julio expulsar a la edil Nerea Belmonte, tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos, según explicaron fuentes del partido morado.
Esta vez en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, al que la dirección del partido morado en este municipio acusa de tráfico de influencias por intentar negociar con el Gobierno local un contrato para su asociación a cambio de apoyar sus presupuestos. Se trata del concejal Julián Serrano, que ganó su puesto en el Ayuntamiento como miembro de la candidatura de unidad popular vinculada a Podemos Sí Se Puede, y que ahora, al igual que la edil alicantina, ha sido expulsado de ese grupo y permanece como no adscrito. - D.N.