Dos exalcaldes populares de Alicante, al banquillo por corrupción

alicante - El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. La resolución, que fue hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras su notificación a las partes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse, en el marco de la operación Brugal.

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha concluido que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad. Junto a estos tres implicados, el magistrado ha procesado al arquitecto responsable del diseño del plan investigado, Jesús Quesada, a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la exalcaldesa), a los empresarios Ramón Salvador, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (éste hermano de Enrique Ortiz).

El auto enumera los indicios de criminalidad contra los encausados, entre los que destacan conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía, como una en mayo de 2008 de la que se desprende que Castedo, entonces concejala de Urbanismo, “se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor”. “Además le informa de modificaciones que se pueden haber llevado a cabo y que benefician a los intereses del señor Ortiz, interesando éste que la concejala lo explique. Es más, que le enseñe el planeamiento tal y como se va definiendo, para comprar suelo”, precisa el instructor. El juez cree evidente que existe “algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, influye en las propias decisiones del municipio y permite a Ortiz alcanzar unas cotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano”.

En cuanto a los delitos de cohecho, Tejada sospecha que Ortiz pagó a Castedo y a su familia sendos viajes a Andorra y les costeó también unas vacaciones estivales en Ibiza, al tiempo que regaló un coche marca Mini Cooper a una amiga de la expolítica. Por lo que respecta a Díaz Alperi, recoge entre las supuestas dádivas a Ortiz un viaje a la isla de Creta valorado en 45.000 euros y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, así como diversas entregas de dinero en metálico que ascienden a unos 394.000 euros. - Efe