Tortura

Durísimo el relato el que Sandra Barrenetxea nos dejó en el juicio contra cuatro agentes de la Guardia Civil acusados de torturar a esta mujer. Entre sollozos narró con detalle lo que sucedió cuando fue detenida en septiembre de 2010. Les ahorro los detalles escabrosos, aunque conviene escucharlos para tomar verdadera conciencia de lo que estamos hablando. La tortura es uno de los crímenes más execrables que, además, en muchas ocasiones se hace en nuestro nombre, con nuestros impuestos y por servidores de lo público.

Pero además de este testimonio valiente (hace falta serlo para denunciar agresiones sexuales, lesiones y torturas) me gustaría resaltar lo que hace que estos casos sean excepcionales. Fiscalía y Abogacía del Estado, en complicidad con médicos forenses, todos a una para negar lo evidente: Sandra Barrenetxea fue torturada. Es evidente porque hay un método estandarizado, reconocido por Naciones Unidas, precisamente para poner luz en las zonas opacas donde se cometen las torturas.

Se llama Protocolo de Estambul y lo adoptó en el año 2000 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Básicamente se trata de evaluar los síntomas de las personas que dicen haber sufrido torturas para dar validez a su denuncia. Luego, esos datos se ponen en manos de las instancias judiciales para que se inicien los procesos. Pues bien, no hay duda de la veracidad de lo relatado por Barrenetxea, lo cual no significa una condena automática de los acusados (hay que establecer responsabilidades individuales).

Y entonces, ¿cómo es posible que los médicos que atendieron a la demandante no apreciaran síntoma alguno? Pues porque como relatan otros denunciantes de torturas cuando declaran ante el juez, los forenses miran hacia otro lado cuando firman diagnósticos absolutamente inverosímiles; caso espectacular fue el de Unai Romano, con la cara destrozada a golpes y que según el forense presentaba lesiones producidas por él mismo.

Así pues, nos encontramos con un delito difícil de probar por su propia naturaleza, con un Estado más empeñado en defender a los acusados que en esclarecer la verdad y, atención, en las escasas condenas funciona automáticamente el indulto cuando no el premio. Más aún, España prefiere seguir pagando multas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que investigar las denuncias.

En Euskadi, en un paso valiente, el Gobierno vasco encargó un informe sobre la tortura y tenemos 4.000 casos abiertos. Son muchos, tantos como para pensar que en algún momento la tortura fue sistemática. Si queremos una sociedad sin miedo, debemos esclarecer lo que sucedió y ampliar las garantías de los detenidos con las medidas preventivas que ya están en marcha.