El PP creó una policía política para tapar la corrupción y perseguir rivales

MADRID - La comisión creada en el Congreso para investigar el funcionamiento del Ministerio del Interior bajo el mandato del popular Jorge Fernández Díaz aprobó ayer unas conclusiones en las que señala al exministro del Interior, al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos del uso “partidista” de este departamento.

Unas decisiones que, según el texto acordado, supusieron “una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”.

El dictamen de conclusiones salió adelante con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y el PDeCAT, el ‘no’ del PP y la abstención de Ciudadanos. El partido naranja únicamente censura a los exresponsables de Interior por “incompetencia” y “dejación de funciones”, pero no aprecia pruebas que puedan llevar a concluir que existiera una “policía política” que persiguiera a los adversarios del PP.

El PNV, por su parte, ve confirmado el uso “partidista” de los medios humanos y materiales del Ministerio aunque llega a esta conclusiones a través de “múltiples” indicios porque, según admite, no han encontrado pruebas “de categoría, concluyentes e indubitadas” para ello.

Las conclusiones que se elevarán al Pleno de la Cámara previsiblemente a la vuelta del verano sí dan por acreditado que durante el mandato de Fernández Díaz en Interior se creó una estructura policial bajo las instrucciones del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y por orden del exDAO Eugenio Pino, para poner trabas a los escándalos de corrupción que afectan al PP, pero también para investigar y, en su caso, “perseguir” a adversarios políticos.

Entre esos adversarios cita al propio PSOE, como lo demuestran los trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA.

También habría sido perseguido el nacionalismo catalán, a tenor de la investigación sobre la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias (antigua Convergència); o Podemos, con la fabricación del informe PISA contra el líder de esa formación, Pablo Iglesias y la supuesta financiación de su partido con fondos procedentes de Irán o Venezuela.

OBSTRUCCIONISMO “Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”, añade el documento estructurado en cuatro puntos. El último de los cuales eleva al Pleno una queja por la obstrucción del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de facilitar documentación sobre el objeto investigado.

Los grupos acordaron que cada partido adjunte su voto particular al dictamen de conclusiones para que el Pleno tenga conocimiento de las razones que han llevado al consenso sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz, que ya fue reprobado por estos hechos en la Cámara Baja. Tanto el PSOE como el PNV destacaron que la misión de la comisión era señalar responsabilidades políticas, no penales, y que, en cualquier caso, la Fiscalía tendrá la opción de actuar de oficio. En cambio, Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT confirmaron sus pretensiones de acudir al Ministerio Público, para poner en conocimiento las conclusiones de la comisión. - D.N.

CINCO COMPARECIENTES

De abril a julio. Desde su apertura en abril, los miembros de la comisión han escuchado a cinco comparecientes. Los primeros e fueron el exministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso. Ambos fueron los protagonistas de aquella conversación grabada en octubre de 2014 en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición. Posteriormente comparecieron el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y el exDAO Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.