MADRID - El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “no se saldrá con la suya” si continúa con los planes para la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre. “La inhabilitación es una medida que se toma, se comunica y se requiere su cumplimiento; no se trata de una apreciación personal”, explicó.
”La respuesta será firme y manteniendo la prudencia”, según él, ante las últimas declaraciones de Puigdemont asegurando que no aceptará la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de que sea inhabilitado. “Es una apreciación suya pero nadie le ha preguntado”, aseguró el ministro, que añadió: “La situación es que si así se declara, está inhabilitado se sienta él o no inhabilitado”.
“Estamos hablando de hipótesis, pero si él está inhabilitado y sigue realizando actos para lo cual está inhabilitado, pues está infringiendo la ley penal, y tendrá la consecuencia que lleva aparejada”, continuó Zoido. “Si hay que hacer un requerimiento, se hace donde haya que hacerlo, donde lo decida la autoridad judicial”, ha dicho, antes de insistir: “Lo que no se puede consentir es que se vulnere la ley y no pase nada”.
El ministro lamentó lo que calificó de “ocurrencias” de quienes “han perdido el norte” y caminan “sin rumbo”, utilizando las instituciones “con fines partidistas”. “Al final de su camino”, señaló en referencia a los partidos independentistas, “no van a tener nada salvo la frustración de algunos y el desencanto de tanta gente que ha visto el tiempo que se ha perdido y las discusiones que se han formado incluso dentro de familias”.
Preguntado acerca de la denuncia tramitada por la Generalitat contra la Guardia Civil por tomar declaración a altos cargos del Govern, el ministro aseguró que “hacen su trabajo por orden judicial de forma ejemplar y solo buscan defender nuestros derechos y libertades”, responde.
Zoido también se dirigió a los Mossos d’Esquadra. “No puedo pensar”, dijo, “que quienes están sirviendo al cumplimiento de la ley, quienes entre una de sus obligaciones fundamentales está que se cumpla la ley y, si no, corregir al que no cumple, puedan ser los primeros en no cumplir la ley”. “Ni me lo planteaba con el anterior conseller ni ahora tampoco”, enfatizó. “En lo básico, que es que no puede celebrarse este referéndum, yo creo que la posición de partidos como el PSOE será la misma que la del resto de partidos constitucionalistas ante algo manifiestamente ilegal”. “El tema prioritario”, sostuvo Zoido, “es que mantengamos la vigencia de la Constitución Española y que la soberanía nacional no se vea en cuestión. (...) Luego, el PSOE tendrá que resolver sus problemas, que es que en algún sitio piensa una cosa y en alguna comunidad autónoma piensa otra. (...) Pero no es el momento ni soy la persona indicada de meterme en lo que tienen que hacer otros”, concluyó.
DECLARACIÓN SUSPENDIDA Por otro lado, la declaración que el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, debía realizar hoy ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la querella contra Carme Forcadell ha sido suspendida, por segunda vez, y sin que se haya señalado una nueva fecha.
El TSJC informó ayer en un comunicado de esta suspensión de la declaración de Turull, a petición del abogado defensor de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no podía asistir a la declaración.
Esta es la segunda vez que se aplaza la comparecencia como testigo del conseller de la Presidencia y portavoz del Govern en la causa contra los miembros de Junts pel Sí y Catalunya Sí Que Es Pot en la Mesa del Parlament por permitir la votación de dos resoluciones prorreferéndum.
En la anterior ocasión, la declaración se aplazó a petición del conseller, que alegó que el día de la cita con el alto tribunal catalán tenía una comparecencia parlamentaria.
La juez considera “pertinente” la declaración de Turull como testigo, al ser el impulsor de una de las resoluciones a favor de un referéndum que se debatieron en la cámara catalana el pasado octubre, “contrariando presuntamente los mandatos expresos del Tribunal Constitucional”.