Pamplona - No, el TAV no se va a hacer. No al menos en las dimensiones en las que se habla estos últimos meses (nueva vía, doble carril, ancho europeo) y en el plazo estimado (2023). Y no se va hacer por los mismo motivos por los que no se hizo para 2010, 2012, 2015 ni 2017, por citar algunas otras fechas anunciadas. Porque no hay una voluntad política real de acometer una inversión mil millonaria en una comunidad que ni es poblacionalmente importante ni económicamente estratégica. Al menos no tanto como para que el Gobierno central, esté quien esté al mando, deje de lado otros proyectos que sí son prioritarios para sus intereses electorales.

Porque hablamos de una obra que solo entre Castejón y Esquíroz, el tramo más fácil de construir, tiene un coste de 1.063 millones. A los que hay que añadir la supresión del bucle ferroviario de la comarca de Pamplona y la construcción de la nueva estación; el trazado entre Esquíroz y Zuasti; la conexión desde allí con Y vasca; y el enlace de Castejón hasta Zaragoza. Por no hablar de la estación de Tudela, los nudos logísticos o los múltiples problemas sobrevenidos de una obra de estas características.

Una inversión que en el mejor de los casos superará los 3.000 millones, probablemente muchos más. Todos a cargo del Estado, que para hacerlo realidad tendría que invertir una media de 500 millones anuales solo en Navarra, cuando el conjunto de los presupuestos anuales para la Comunidad Foral, sumadas todas las partidas, raramente alcanza los 100. Suponiendo, claro, que los trámites administrativos, que todavía están en pañales, discurran a la velocidad de la luz en medio de la maraña burocrática. Porque, por no haber, no hay ni una estimación aproximada de por donde se conectará Navarra con la CAV, cómo se va a llegar a Zaragoza, ni cómo se financiará la estacion de Pamplona una vez frustrado el pelotazo de Etxabakoitz.

Asistimos por lo tanto a una guerra de posiciones políticas en la que todos los agentes se mueven en torno a la teoría irreal de que el tren de alta velocidad se va a hacer, y en la que unos y otros se arrogan la posibilidad de ponerlo en marcha o de pararlo en un cruce de zancadillas en la que inocentemente ha caído también el cuatripartito, enredado en sus contradicciones sin una perspectiva real.

Porque más allá de las palabras sobre la mesa lo único que hay es el compromiso del Ministerio de Fomento con UPN para licitar en 2017 dos tramos de la obra entre Villafranca y Olite para dotarlas de partida económica en 2018 a cambio de su apoyo a los presupuestos de este año y del siguiente. Y como sin licitación no habrá inversión, a Fomento le han podido las prisas para evitar que la falta de avances se convierta en un problema para los presupuestos de 2018 que es, en realidad, el principal objetivo que ahora mismo tiene Mariano Rajoy. Como para pensar en 2023.

A partir de ahí, nada más. Solo la buena voluntad del Ministerio por renovar un acuerdo imprescindible para poder cumplir su compromiso con UPN, y el intento del Gobierno de Navarra de comprometer inversiones a medio plazo con garantías de cobro. Pero que en ningún caso iban más allá del tramo Castejón-Comarca de Pamplona, del que apenas hay realizado un 10%, y que se encontraba además con el obstáculo de la financiación. Porque si Navarra descuenta los anticipos de la aportación, quien acaba pagando la obra es el Ministerio de Hacienda y no Fomento, y pensar que Montoro va a reducir la aportación de Navarra y costear el TAV suena demasiado optimista. No hay más que recordar la firmeza con la que Pedro Solbes (PSOE) se opuso en 2010 a un pacto de estas características. Y ya se sabe que con las cosas de Estado en Madrid suelen ser coherentes.

Al final Fomento ha roto la baraja dando a UPN el titular que buscaba y evitando compromisos económicos que vayan más allá de 2019, la fecha que en realidad preocupa al partido de Javier Esparza. Pero que en ningún caso garantizan la llegada del tren a Navarra. Porque si ya es difícil forzar al Gobierno central a cumplir con las inversiones que tiene firmadas -los últimos siete años son un buen reflejo-, mucho más lo es si dependen de un apoyo presupuestario coyuntural cuando no se sabe quién estará en La Moncloa dentro de un año. Si es que para entonces se ha conseguido licitar algo, que conociendo los ritmos en los que se mueve la administración tampoco está nada claro.

Suficiente en cualquier caso para alimentar la disputa dialéctica de unos y otros, que argumentos de sobra tienen todos para defender una postura y la contraria. Con el agravante de que esta vez entra en juego un nuevo Gobierno foral que apenas lleva dos años en el Palacio de Navarra, y al que se le quiere responsabilizar ahora de más de los más de 20 años de promesas incumplidas. - Ibai Fernandez