pamplona - Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en mordidas a la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas. La justicia ha acreditado por primera vez la financiación irregular del partido hegemónico en Catalunya, que el expresident socialista Pasqual Maragall bautizó -y popularizó- con el nombre de 3% en una histórica sesión en el Parlament en 2005. La sentencia de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que Convergència Democrática de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que la empresa constructora Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido ya desaparecido a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El tribunal hizo ayer pública la sentencia en la que condena por estos hechos al extesorero de Convergència Daniel Osàcar, el único miembro del partido que se ha sentado en el banquillo, a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, además de multarle con 3,8 millones de euros. También han sido condenados Fèlix Millet, a nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y medio, y Gemma Montull, a cuatro años y medio.
desaparecidos seis millones La justicia ha cifrado finalmente el expolio en 23 millones de euros. Una buena parte fue destinado a gastos personales de los prohombres de la institución, como viajes de vacaciones a destinos exóticos, obras en sus casas particulares o sufragar las bodas de las hijas de Millet. Los magistrados aseguran que, a día de hoy, todavía no se sabe a dónde fueron a parar 6.026.866 euros, salidos de las cuentas bancarias de la entidad.
Las mordidas se extendieron durante al menos una década, de 1999 a 2009, lo que engloba tanto los últimos años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat como la etapa de Artur Mas como jefe de la oposición. Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública no fue del 3% sino del 4% del importe del total de las adjudicaciones y se repartía del siguiente modo: 2,5% para el partido y 1,5% para Millet y Montull (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo).
Desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros y directamente al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, de 3,5 millones.
Por eso, la Audiencia acuerda decomisar las ganancias obtenidas por CDC, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105 euros el primero, 2.804.716 euros el segundo y 701.179 el tercero. El tribunal absuelve a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, al haber prescrito todos los delitos.
falso patrocinio cultural Las supuestas mordidas de 6,6 millones de euros se pagaban a través del Palau con la excusa de un supuesto patrocinio cultural, según la Fiscalía. De hecho, esa es la cantidad que el fiscal reclama a Convergencia o “a la formación que la haya sucedido”, en referencia al PDeCAT, la marca política que ha recogido la herencia política del partido refundado y liderado primero por Jordi Pujol y después, desde 2003, por Artur Mas hasta su disolución en febrero de 2016. Es decir, que el cambio de nombre, no le va a librar del reproche penal... y económico si finalmente lo hay.
Por si acaso, el PDeCAT recordó ayer que es un partido diferente a CDC, por lo que considera que la sentencia del caso Palau no afecta a su formación, y ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los acusados hasta que haya una sentencia definitiva. En este sentido, sostiene que “la resolución de la sentencia tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010”.
La Fiscalía pedirá medidas cautelares sobre la situación personal de Fèlix Millet, Jordi Montull y a su hija Gemma, así como para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, lo que podría comportar su ingreso en prisión a la espera de que la sentencia sea firme. Un aspecto destacable es que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona no ha seguido al pie de la letra el pacto al que llegaron Gemma Montul y la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó su petición hasta los dos años, que hubiera impedido su ingreso en prisión.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, demandó ir hasta el fondo contra los casos de corrupción y que los responsables paguen por ello: “Todo el peso de la justicia tiene que caer ante los responsables sin ningún tipo de excepción. Nosotros no miramos hacia otro lado”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió “responsabilidades políticas más allá de las judiciales” para CDC y señaló que la sentencia confirma que esta formación “se ha financiado ilegalmente durante años”, mediante comisiones irregulares.
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, afirmó que Artur Mas y Carles Puigdemont deben “dar explicaciones” sobre el caso, ya que son “responsables” del “expolio” y, por ello, deben pedir disculpas y que su partido “devuelva el dinero”.
condenadas las esposas
Beneficiarias. La esposa de Fèlix Millet, Marta Vallès, y la de Jordi Montull, Mercedes Mir, han sido condenadas a pagar 5,2 millones y 376.700 euros, respectivamente, como partícipes “a título lucrativo” dentro del expolio del Palau de la Música dirigido por sus maridos. La sentencia las condena a devolver el dinero, al considerar a ambas partícipes a título lucrativo. Marta Vallès debe pagar 1.290.686 millones y Mercedes Mir 137.930 euros, mientras que al Orfeó deben abonar 3.921.000 millones y 238.770 euros, respectivamente. Ambas participaban con sus maridos en empresas pantalla a través de las que facturaban dinero de la institución para beneficio propio: Marta Vallès, en la empresa Bonoima y Aysen Productions, y Mercedes Mir, en la empresa Aurea Rusula. Estas empresas servían a Millet y a Montull para cobrar bonus en efectivo, algunos de un millón de euros anuales, y también han sido condenadas a pagar un millón de euros al Palau.
