pamplona - De “polémica artificial” han tildado CCOO, ELA y LAB el revuelo generado por la CEN, PP y UPN con la disposición adicional decimoquinta, esa con la que el dictamen de la Ley de Contratos Públicos de Navarra quiere incentivar el euskera en aquellas empresas que atiendan de cara al público y contraten con la Administración. Y es artificial, a su juicio, porque la han alimentado dos partidos que han preferido poner el grito en el cielo que sugerir cambios en la ponencia.
Pero la ruptura vino antes, hacia finales de 2017, cuando ya estaba encima de la mesa la modificación exigida por Europa. Entonces UGT se descolgó de la actuación conjunta con el resto de sindicatos precisamente porque no veía claro aquello del plan de euskera. Literalmente, la disposición dice: “Las empresas subcontratadas, cuando el cumplimento del contrato exija un servicio de atención al público, elaborarán un plan de euskera para que los y las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua”. Nada más y nada menos. El euskera ni se valorará a la hora de adjudicar ningún contrato ni tampoco las empresas que no tengan personal en euskera estarán impedidas para trabajar con la Administración. Simplemente, aquellas que asuman trabajos de atención al público tendrán que valorar hacer actuaciones en euskera (como el propio Gobierno de una comunidad con dos lenguas oficiales), que pueden ir desde cursos voluntarios para los trabajadores hasta la puesta en marcha de una página web en versión bilingüe. Dudas que, sin embargo, para UGT no quedan claras. “Tal y como está redactado, no sabemos qué pasa si no se pone en marcha ese plan, o si será obligatorio o no para los trabajadores, y lo de la página web es camuflar un plan que no sería tal”, considera. Una postura que no ven igual el resto de fuerzas. De hecho, a LAB le extraña que UGT se descuelgue cuando en anteriores ocasiones ha apoyado con el PSOE planes de euskera en otros ámbitos, y ELA directamente cree que incluso se podría haber ido más lejos con la exigencia de idiomas. CCOO, por su parte, entiende que se trata de una redacción abierta que da libertad a las empresas para poner en marcha un plan sin exigencias mínimas. - A.I.R.
