pamplona - El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado -la figura que ha sustituido a la de imputado- en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por presuntos delitos de prevaricación y malversación debido a la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001. El que fuera su número dos en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, citado a comparecer el día 5.
Las fuentes consultadas han explicado que, tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de Inassa en 2001, el magistrado Manuel García Castellón ha decidido citar a Gallardón al ser el presidente del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición. Cobo, por su parte, fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que Mayor Oreja fue consejero de Medio Ambiente y en 2001 también ocupó el cargo de presidente del Canal de Isabel II, aunque ese mismo año fue sucedido por Pedro Calvo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente un auto en el que rechaza el archivo de esta pieza del caso Lezo, razón por la cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión ahora. El caso Lezo se centra en los supuestos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos para favorecer a personas vinculadas al PP por presuntas irregularidades en torno a la gestión de la empresa pública Canal Isabel II, presidida por el exdirigente del PP Ignacio González entre 2003 y 2012 y dependiente de la Comunidad de Madrid.
cúmulo de irregularidades Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.
El Canal pagó unos 73 millones de dólares [65 millones de euros al cambio actual] cuando su valor, según la investigación judicial, era “muy inferior”, de unos 30 millones de dólares. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste sirvió para pagar comisiones a intermediarios.
La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.
El juez ve evidente “la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana”, ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal. Y la Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y “repleta de irregularidades” puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.
La versión de los principales responsables del Canal en aquel momento se contradijo con la prestada también en calidad de investigados por la mayoría de exconsejeros que dijeron que habían tenido acceso a la documentación por la compra de Inassa apenas horas antes de la reunión, que se fiaron de las explicaciones que recibieron de los altos cargos y que había que tener en cuenta que han pasado 16 años de entonces, por lo que no recuerdan flecos y particularidades de este asunto. - D.N.
Camps: “el PP valenciano era ejemplar”
Orange y el congreso del PP. El expresident valenciano Francisco Camps, que estaría “encantado” de hacer campaña por el PP, aseguró ayer en Les Corts, que propuso que Valencia acogiera el Congreso del PP de 2008, en el que Mariano Rajoy fue reelegido, porque el PP era “un ejemplo de trabajo” y de elecciones ganadas “una tras otra” por mayoría absoluta. Camps aseguró que no conocía “para nada” a la empresa Orange Market en la comisión que investiga la gestión de las instituciones feriales, en la que afirmó ignorar el motivo del retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración del congreso popular.
Compra. Los hechos investigados se refieren a la compra del 75% de la sociedad colombiana Inassa por parte de la empresa pública Canal de Isabel II, en 2001, por 73 millones de dólares (61,6 millones de euros al cambio actual). El 29 de noviembre de 2001 se celebró un consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid en el que se autorizó la compra de la citada empresa.
Sobrevaloración. El juez investiga Inassa dentro de pieza 1 de Lezo al considerar que en los 73 millones de dólares que se pagaron pudo existir “una sobrevaloración claramente perjudicial” para los intereses del Canal y porque la operación se hizo a través de una “compleja estructura societaria” que contravino los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.
Control. La Fiscalía ya reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por el presunto desfalco de varios millones de euros en esta compra, una operación que, según Anticorrupción, estuvo controlada por él o por “su gente”, como Pedro Calvo (exgerente del Canal) y Juan Bravo (exconsejero de Hacienda y actual presidente de Adif) y por la que imputa delitos de prevaricación y malversación.
