pamplona - La compra de un piso de lujo sin préstamo en el madrileño distrito de Chamberí precipitó la operación contra Eduardo Zaplana, que ayer asistió a nuevos registros de sus propiedades. El operativo policial y judicial se desencadenó tras la supuesta repatriación de parte del dinero oculto en paraísos fiscales procedente del cobro de comisiones. Una decisión relacionada con la compra por parte del exministro y expresidente valenciado de un piso, en marzo pasado, por un valor estimado de dos millones y sin préstamo hipotecario. Se trata de un inmueble de 270 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y zona de servicio, situado cerca de la sede del PP en la capital, el mismo partido del que también fue portavoz.
El hasta ahora intocable Zaplana fue detenido a primera hora de la mañana de ayer y desde entonces ha estado custodiado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha estado presente en los registros de sus domicilios y de su oficina y el martes pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia. Ayer por la tarde, agentes de la UCO se dirigieron a las oficinas de Telefónica de la Gran Vía madrileña junto a Zaplana, donde permaneció durante algo más de dos horas -allí trabajaba hasta el martes en su área de Asuntos Públicos-, y finalmente no registraron su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras.
El exministro fue arrestado en el marco de la operación Erial por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo junto a otras seis personas, entre ellas dos sobrinos de Juan Cotino, ex director general de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes. Precisamente Juan Cotino ha sido citado a declarar hoy ante la Guardia Civil en Valencia como investigado por la Guardia Civil, que practicó registros durante todo el día relacionados con esta causa, entre ellos en el Ayuntamiento alicantino de Villajoyosa en busca de documentación urbanística.
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones “sospechosas” del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos. Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como el yonqui del dinero, un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.
En el marco de operación Taula, en la que está imputado Benavent, los agentes hallaron un documento en el que apreciaron suficientes indicios de actividades delictivas. El propio Benavent fue al juzgado a confirmar la autenticidad del documento. Su versión es que se lo entregó un ciudadano sirio que le dijo que la encontró en una reforma de una vivienda que había pertenecido a la familia de Zaplana.
Ese documento, una manual para blanquear capitales, acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y que permitió el arresto, entre otros, del expresidente de la Generalitat valenciana, e institución que se personará en la causa para recuperar “el dinero sustraído”. - D.N.
