pamplona - “No nos resignamos”: Ese podría ser el lema del ímpetu con el que llegó al Parlamento la nueva propuesta de ley que pretende regular el reconocimiento y reparación a las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha, policías o funcionarios públicos. Tal cual lo expresó ayer y en nombre de todo el cuatripartito, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, en la defensa que hizo de este nuevo texto corregido que aspira a llenar el vacío legal que quedó en esta materia después de que el Tribunal Constitucional anulara la anterior ley aprobada en 2015.
La admisión a trámite de esta nueva propuesta que corrige y sustituirá a la anterior contó con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai y de I-E, la abstención del PSN y los votos en contra de UPN y PPN. Marisa de Simón insistió en su alegato inicial en la necesidad de esta ley que se ocupa de “víctimas que durante décadas no han tenido justicia, y eso es lo que hoy pretendemos y vamos a corregir en este Parlamento una vez más”. Trató de despejar dudas y reiteró que la ley “no tiene finalidad punitiva y se somete a los pronunciamientos y procesos judiciales, como no puede ser de otra manera porque este Parlamento no tiene atribuciones propias del poder judicial”. Según de Simón, lo que se busca es deslegitimar la violencia por motivos políticos, que ejemplificó con las muertes de Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza o José Luis Cano, y reconocer “sin revanchismo” y para “la no repetición” a unas víctimas con las que hay “una deuda histórica”, algo a lo que, aseveró, “no nos resignamos”.
No obstante, como indicó el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, esta ley es mucho menos ambiciosa que la anterior. “Los gobiernos del PP y junto al PSOE recurrieron ante el Tribunal Constitucional la anterior ley anulando varios de sus articulados. Volvemos a presentarla, no con cierta desolación, nos hubiese gustado una ley menos aguachinada, más reconocedora de derechos y más integral. Aun así aquí está, esperamos que todos los grupos lo apoyen, ya vemos que no será así”, relató Martínez. “Que nadie piense que con esta ley queremos confrontar a unas víctimas con otras, ni que unas víctimas justifican la existencia de otras o que queremos blanquear alguna violencia”, concluyó.
para upn: solo un relato Tanto Barkartxo Ruiz, de EH Bildu, como Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, reforzaron su apoyo a la ley recordando las obligaciones que tribunales e instancias internacionales han hecho a las instituciones españolas y autónomicas para que reconozcan a las víctimas de este tipo de violencia y de la tortura. Sin embargo, los parlamentarios de UPN y PPN ni siquiera se molestaron en analizar estas cuestiones, se posicionaron en contra y desprestigiaron este nuevo texto. Para el regionalista Carlos García Adanero es “una ley que pretende decir que la fuerzas de seguridad del Estado se merecían sufrir el terrorismo”. “Hacen esta ley a sabiendas de que es inconstitucional y con el objetivo de que sea recurrida”. Y añadió que se persigue “ganar la batalla del relato” y criticó un texto que es un “insulto a las víctimas de ETA”.- D. Burgui
El PSN se abstiene a gritos
A favor, en 2015. La intervención del grupo socialista fue de lo más estridente del debate que admitió a trámite la ley de víctimas de violencia política y policial. La parlamentaria del PSN Inma Jurío salió al atril en el turno a favor de la corregida norma para justificar su abstención y compartir una “mirada crítica de la ley”, pero a los pocos minutos armó un discurso en el que arremetió contra el cuatripartito, descalificó la ley y apeló a la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, a gritos de “¡mentira!” y acusando de copiar párrafos de la ley que en la CAV con similar contenido también fue recurrida, formando un gran revuelto en la Cámara. La socialista Inma Jurío dejó en evidencia los posteriores discursos en contra de la ley de UPN y PPN que a su lado languidecieron por laxos y poco contundentes. La actitud ayer de los socialistas sorprende especialmente porque en el año 2015 el PSN votó a favor del anterior texto mucho más ambicioso que reconocía a las víctimas de violencia policial y que fue anulado por el Tribunal Constitucional.