La policía política investigó a cada candidato de Podemos en 2016

pamplona - La policía política del Partido Popular intentó buscar trapos sucios en toda la lista electoral de Podemos sin orden judicial y un mes antes de las elecciones generales de junio de 2016. Para ello, presionó a la que fuera tesorera del gobierno bolivariano durante varios años, llamada Claudia Patricia Díaz y sobre la que la Audiencia Nacional denegó después su extradición a Venezuela.

Un mes antes de las elecciones generales y según ha podido confirmar El Español, agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional enviaron a Washington una copia completa de toda la candidatura de Podemos al Congreso, extraída directamente de la página web del partido. Su objetivo era que los nombres de todos los candidatos de la formación morada fueran cruzados con la información contable que los abogados de Claudia Patricia Díaz custodiaban en su despacho de la capital estadounidense. “Y que sea antes de las elecciones”, aleccionaron directamente los agentes según fuentes consultadas por este diario.

Tras su salida del gobierno bolivariano, la responsable de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2011 y 2013 guardaba información importante sobre las cuentas del Ejecutivo chavista, sus contactos internacionales con países como Irán y sobre la financiación de distintas estructuras del Estado. El objetivo de la cúpula policial era que todos los que aparecían en la lista de Podemos al Congreso fueran cruzados con esa documentación en busca de pagos venezolanos. No lo consiguieron.

vivienda de lujo en madrid Los abogados de la política venezolana, conocida por ser además la enfermera de Chávez durante años, cruzaron solo los cinco primeros nombres de esa lista, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, con la documentación que custodiaban. Cinco nombres propios y la palabra clave del partido: Podemos. Los resultados fueron negativos y así se lo trasladaron a la Policía española.

La Policía española detuvo a Claudia Patricia Díaz y a su marido en abril de 2018, bajo la sospecha de que utilizaron dinero opaco o procedente de la corrupción para comprar una vivienda de 1,8 millones de euros en el centro de Madrid. Una inversión con la que consiguieron la residencia. - D.N.